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Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia de Madrid eleva a más de un millón una indemnización por no detectarse en las revisiones malformaciones en el feto

10/03/2023
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La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado a más de un millón de euros la condena a una aseguradora a indemnizar a unos padres por haberles privado del derecho al aborto de una niña con síndrome de APERT y otras graves enfermedades.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estima la petición formulada por los afectados, a través de la Asociación El Defensor del Paciente, de corrección de la sentencia dictada el 3 de febrero.

Los magistrados acuerdan elevar a 1.285.885 euros la condena a una aseguradora médica a indemnizar a unos padres por un control ginecológico negligente en la gestación de su hija, en tanto se pasaron por alto malformaciones del feto que hubieran dado derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por motivos de eugenesia.

La madre, de 35 años entonces, fue controlada de su embarazo en una clínica privada en 2012, siendo informada de la normalidad en la evolución. Pero dio a luz a una niña polimalformada con posterior diagnóstico de Síndrome de Apert, que es un tipo de acrocefalosindactilia, un trastorno congénito caracterizado por deformaciones en el cráneo, cara, manos y pies que puede conllevar múltiples taras.

La hija de los demandantes presenta, además de autismo, un retraso mental y del desarrollo muy intensos, y a pesar de los cuidados y desvelos constantes de sus padres y de multitud de intervenciones quirúrgicas no desarrolla lenguaje, es completamente dependiente en todas sus tareas y no controla esfínteres. Presenta además problemas motores y de respiración y sueño, estrabismo, así como un asma episódico frecuente.

CUIDADOS Y VIGILANCIA CONSTANTE

La niña precisa cuidados y vigilancia constante aparte de controles e intervenciones en los Servicios de Neurología, Neuropediatría, Ortopedia infantil, Rehabilitación y Fisioterapia, Oftalmología, Atención temprana, Psicopedagogía, Logopedia, estimulación precoz, Otorrino Neumología y Odontopediatría. En la actualidad presenta un grado de discapacidad del 87% y tiene reconocida una situación de dependencia grado III, 91 puntos BVD.

Los padres acudieron a la Asociación 'El Defensor del Paciente', y tras ser derivado su caso al letrado Ignacio Martínez se interpuso demanda contra la aseguradora médica de la clínica que ofertó a sus asegurados.

La cuestión clave era si, un diagnóstico prenatal de las malformaciones que hubiera dado lugar al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tras el estudio pericial del caso se entendió que sí y que por tanto el caso era viable.

El caso se ganó, estableciendo una sentencia la obligación de la aseguradora de indemnizar a los padres, sin concretar una cuantía. Fue luego apelado y también se ganó. Luego se interpuso otra demanda para concretar la indemnización, que la aseguradora quiso reducir a 500.000 euros.

La sentencia de primera instancia de ese pleito fijó la indemnización en 1.025.330 euros, y fue apelada por ambas partes. Ahora la sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Madrid eleva la indemnización a 1.285.885 euros.

Sin embargo, el abogado está preparando contra la sentencia un recurso de casación e infracción procesal ante el Tribunal Supremo, en la medida en que esa cantidad se deriva de unos cálculos erróneos en los que se limita indebidamente la esperanza de vida de la niña, y no se tienen en cuenta todas sus patologías y dependencias.

Además, no impone los intereses sancionadores a la aseguradora sin motivo alguno, cuando desde hace al menos siete años tiene pleno conocimiento del siniestro.

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