DE COMISIONES, GENERALES, CACIQUES Y DIPUTADOS
El denominado caso Mediador, en que el ya ex diputado canario del PSOE se valía de su condición de parlamentario y de sus muchos contactos para obtener comisiones de empresarios deseosos de asegurarse la buena disposición del Gobierno canario para sus negocios, fiestas con prostitutas incluidas, parece retrotraernos a épocas pasadas. En ese sentido, la trama recuerda la época del director de la Guardia Civil Luis Roldán, incluyendo la presencia de un (supuesto) corrupto general de la Guardia Civil y también -al menos por lo que se refiere a los festejos en la capital- la más cercana del ex senador Curbelo, el cacique de La Gomera que tuvo su momento de gloria en una sauna de la capital y que actualmente preside el Cabildo de esta isla tras pasar del PSOE a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) que arrasó en las elecciones de 2019 con 6.215 votos, logrando tres escaños que fueron decisivos para el cambio en el Gobierno autonómico.
Eso es precisamente lo preocupante. Los lectores se preguntarán, con toda la razón, cómo es posible que en 2023 siga pasando lo mismo que en 1983 o que en 1993, teniendo en cuenta que en este periodo hemos entrado en la Unión Europea y hemos aprobado un sinfín de normas, planes, medidas y cursos de formación para combatir la corrupción. Hasta en algunos sitios tenemos agencias antifraude. No parece que funcione demasiado: las tramas de corrupción actuales son sospechosamente similares a las de hace cuarenta años.
La respuesta de por qué seguimos con este tipo de corrupción, con empresas convencidas de que pueden comprar los favores públicos y mediadores dispuestos a venderlos a cambio de comisiones, es muy sencilla: nuestras Administraciones Públicas, especialmente las regionales y las locales, son muy débiles para resistir las presiones “de arriba”, ya sean de un alto cargo, de un diputado o de alguien bien conectado. Dicho de otra forma, los funcionarios o empleados públicos cuya función es actuar conforme a la legalidad, tratando a todo el mundo por igual, ya se trate de subvenciones, proyectos, licencias o contratos, impidiendo que se beneficie a determinados particulares en detrimento de otros, no tienen capacidad de resistirse en la medida en que su carrera profesional o sus retribuciones dependen de decisiones políticas. No digamos ya cuando lo que depende es el propio puesto de trabajo, como ocurre con el empleo público clientelar propio de muchas Administraciones a las que no se accede precisamente por un sistema de mérito y capacidad. Sin duda, este que nos ocupa es un fenómeno especialmente intenso en sitios relativamente pequeños, como pueden ser las Islas Canarias, donde todo el mundo se conoce y donde los puestos y los escaños, por lo que se ve, también se heredan; pero la presencia de un general de la Guardia Civil en la trama es una llamada de atención sobre los problemas existentes en la propia Administración General del Estado, que es supuestamente la más profesional y la más independiente.
No obstante lo anterior, me temo que no verán la reforma de las Administraciones Públicas en el programa electoral de ningún partido. Ojalá me equivoque.
