BRASIL SELLA UN PACTO DE SILENCIO A LA CORRUPCIÓN
El primer diálogo presencial de Lula da Silva con Joe Biden confirma todas las expectativas de reactivación de Brasil en el escenario internacional. Sin embargo, un orquestado silencio acerca del pasado político del mandatario brasileño perpetúa la percepción de que el bloque suramericano es incapaz de superar su cultura de corrupción. A diferencia de su predecesor, Jair Bolsonaro, Lula sabe enunciar lo que los países desarrollados de Occidente quieren escuchar sobre sus metas: democracia, capacidad de consumo y preservación de la floresta. Manteniendo ese foco, Lula internacionaliza lo que ha logrado en su territorio: conservar la ética pública como tema proscrito. Internamente, ese logro involucró a cinco actores principales. Como primera pieza, el Poder Judicial, a partir de la Corte Suprema, que decretó su absolución por cuestiones jurídicamente formales. El Tribunal Electoral dio seguimiento a la labor, prohibiendo a los medios de comunicación que mentaran la relación de Lula da Silva con los hechos que lo llevaron a la cárcel, en una muy calculada confusión entre libertad de información y presunción de inocencia. Como consecuencia, instituciones como el Ministerio Fiscal y la Policía sufren el desánimo de confirmar la esterilidad de cualquier acción contra los perennes dueños del Estado.
Con esos poderes en la mano, no es difícil cooptar los demás actores. Pedir discreción a los políticos tradicionales, cuyos partidos estaban también citados en la ‘Operación Lava Jato’ fue, sencillamente, sumar intereses afines. Si se hace un giro a la izquierda, los motivos que cooperan para callar sobre el pasado reciente del Partido dos Trabalhadores son diversos, pero convergentes: los aliados más oportunistas, incluida parte de la prensa, aspiran a los tantos cargos y financiaciones que les puede dar un Estado hinchado y conciliador; los militantes más radicales, como la juventud que le votó masivamente, cultivan la velada doctrina vespasiana del ‘pecunia non olet’, es decir, que el origen de los dineros poco importa si vienen en beneficio de los inmejorables proyectos del Partido.
Las grandes empresas son tres cuartos de los mismo. Sus principios de cumplimiento de estándares internacionales anticorrupción se mantienen en la justa medida para que no perjudiquen la libre competencia de las ‘big companies’. De ahí en adelante, respetan la autodeterminación de las naciones corruptas, donde los sobornos son el bajo precio que debe pagarse para obtener los contratos públicos, garantía de prosperidad colectiva.
Si los jefes de Estado de las grandes potencias pretenden una verdadera integración de Brasil en el mapa de los países desarrollados, deben usar las oportunidades de diálogo para romper ese círculo de silencio. De no ser así, seguiremos en la incómoda posición de la primera economía de una sociedad éticamente de tercer nivel.
