MUCHO QUE RECORDAR EN UCRANIA
La Segunda Agresión rusa a Ucrania en este siglo será recordada por ser una guerra en dos tiempos (2014 y 2022) de alcance geográfico limitado a los combates en Ucrania, pero de alcance mundial en lo político, económico y financiero. Y con el riesgo de que pueda ser la primera fase de un conflicto de alcance mayor.
Putin puso como excusa de la invasión detener un supuesto genocidio que situaba en las regiones ocupadas en 2014 y controladas por Rusia. Sin embargo, el agresor ruso no había notificado nada antes del 24 de febrero de 2022 al Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), ni a su Consejo de Derechos Humanos, ni a la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), ni al Consejo de Europa (como le reprochó la Corte Internacional de Justicia -CIJ- en marzo de 2022).
La manipulación rusa pretendió diluir su propia agresión en la legítima defensa; pero es de cultura general que la legítima defensa (también en el derecho penal) requiere un previo ataque o una amenaza inminente y grave. Es cierto que Rusia ha copiado argumentos de la Presidencia de Bush en 2003 cuando inventó la doctrina de la legítima defensa preventiva para agredir a Irak.
Esa falsa doctrina, en 2003 y 2022, ha sido rechazada en general por los Estados y medios académicos: no es posible prever con certeza lo que puede pasar por “juntar palabras” sin hechos probados y reconocidos que constituyan amenazas. Solo ese primer uso de fuerza da derecho a la legítima defensa según la normativa que desgrana qué hechos son una agresión. La guerra preventiva es ilegal e inmoral. Por eso Ucrania está en el lado bueno del derecho y está facultada para usar la fuerza armada para repeler al agresor ruso de todo su territorio.
Putin trató también de revestir su invasión de legalidad amparándose en la petición de ayuda hecha por los “parlamentos” de las “repúblicas” ficticias de Donetsk y Lugansk, territorios ucranianos bajo ocupación bélica de Rusia y sin personalidad internacional. De repente pasaron a ser Estados reconocidos por Rusia el 21.02.2022 y, burla burlando, unos meses después, anexionadas como provincias el 29.09.2022. No eran Estados soberanos e independientes que pudieran recabar legítimamente ayuda militar internacional, sino territorios ocupados por la fuerza. Claro, tampoco las tropas rusas entraron en febrero de 2022 por esas regiones limítrofes con Rusia para liberarlas del supuesto genocidio, sino desde Bielorrusia hacia Kiev con el propósito de doblegar al conjunto de Ucrania haciendo caer el Gobierno legítimo en la capital. Otra cosa es que, ante su errónea estrategia, Rusia recondujo el teatro de operaciones en la primavera para apuntalar las zonas invadidas en 2014.
No es la primera vez que un miembro permanente del Consejo de Seguridad utiliza el veto para proteger sus propios ilícitos. Es una de las debilidades del sistema de seguridad colectiva de la ONU, al permitir implícitamente a los miembros permanentes vulnerar la prohibición de la norma más importante del sistema (no usar la fuerza armada) sin consecuencias para ellos o por sus crímenes. Es evidente que tampoco la ONU podía iniciar el procedimiento de expulsión de Rusia -como solicita el a veces iluminado Zelenski sin esforzarse en leer la Carta de la ONU-, pues requiere una decisión del CSNU y habría veto ruso.
Está siendo una guerra de una atrocidad inusitada por la agresora Rusia que parece calcada de las brutalidades cometidas por Hitler y los nazis entre 1939-1945 en las zonas ocupadas. Ante las noticias fehacientes de graves vulneraciones por Rusia a sus obligaciones en tiempos de guerra, la Asamblea General de la ONU ha reconocido esa brutalidad “en proporciones que la comunidad internacional no había visto en Europa desde hacía décadas”. No han sido daños colaterales como consecuencia del error circular probable en toda acción militar: han sido ataques planificados para masacrar a la población civil y sus infraestructuras. Y es cierto que se conocen pocos casos de crímenes de guerra de autoría ucraniana y a los que me he referido en otras tribunas de este periódico.
De esos crímenes cometidos por Rusia se están acumulando pruebas para la rendición de cuentas futura si, por su derrota, fuera posible. También ha habido otro tipo penal internacional aún más grave: las matanzas y las deportaciones de población civil hacia Rusia. Los desplazamientos forzados solo son posibles para proteger de los combates a la población civil, pero jamás pueden ser trasladados al territorio del ocupante (art. 49 Convenio de Ginebra IV) y pueden constituir un crimen de lesa humanidad.
Las brutales actuaciones de Rusia asemejan conductas “como si” de facto fuera una guerra civil; solo en estas hay tanta brutalidad. Sorprende que no hayan acordado Potencias Protectoras, como establecen los Convenios de Ginebra, que se encargan de mediar y exigir actuaciones militares conforme a reglas (de La Haya o de Ginebra), o, en su caso, de forma subsidiaria aceptar la intermediación humanitaria del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR). No han notificado dónde están los campos de prisioneros de guerra ni los hospitales -que es obligatorio- para que no sean objetivos militares y no haya fuego amigo sobre sus combatientes presos o heridos en general. En una guerra civil lo habitual es la no notificación, pero inaceptable en un conflicto internacional como éste. ¿Dónde ha estado el CICR?
En una guerra internacional no se intercambian prisioneros de guerra entre los beligerantes hasta finalizar por completo el conflicto o con la condición de salir retenidos a un tercer Estado para impedir su vuelta al esfuerzo de guerra. En esta guerra internacional han repetido intercambios en una decena de ocasiones y por centenares de soldados.
Ucrania ha caído, desde esta perspectiva, en la trampa de la “operación militar especial”, pues Rusia lo planteó como “una acción de policía dentro de su mismo Estado”. Cualesquiera que hayan sido los vínculos históricos entre Rusia y Ucrania, esta guerra no es una guerra civil, sino un claro conflicto armado internacional, pues se trata de dos Estados soberanos e independientes con fronteras reconocidas.
Un aspecto destacable ha sido la ayuda internacional de Estados democráticos al agredido. Ayuda masiva con medios financieros para sostener los servicios públicos de Ucrania, acogidas de millones de refugiados y entrega directa de armas para su defensa frente al agresor ruso.
Un Estado agredido tiene derecho a recabar ayuda para hacer posible su legítima defensa, tal como prevé el art. 51 de la Carta de la ONU, por sí o con la ayuda de otros. Es más, hay un deber general de los Estados de cooperar por medios lícitos para poner fin a la violación de normas internacionales imperativas (CIJ, 1986).
La ayuda militar es para reforzar las capacidades materiales militares, nunca con medios humanos so pena de devenir beligerante. En las guerras habidas hasta 1945, los Estados venden o donan armas a alguna de las partes contendientes sin que les posicione como beligerantes. Desde 1945 solo se puede ayudar militarmente al Estado agredido y nunca al agresor. El más humilde soldado es un órgano del Estado y sus actuaciones militares no son personales, sino atribuibles al Estado del que sean las fuerzas armadas. Es cierto que la ayuda militar posiciona a nuestros Estados muy próximos a la parte beligerante agredida sin entrar en la guerra. Somos “no beligerantes”; de momento.
La clave es no participar con medios humanos directamente en los combates y que el Estado agredido sea el que determine la conducción de las hostilidades con sus propios objetivos como único agredido. Los Estados occidentales no deben cruzar la temible y delgada línea roja de la participación directa ni asumir objetivos y autonomía en la estrategia militar. Ucrania decidirá cómo y hasta cuándo. De momento.
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