BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El tribunal ha anunciado este lunes al retomar el juicio que rechaza todas las cuestiones previas que afectan a derechos fundamentales que plantearon las defensas, y lo ha argumentado en un auto que concluye que "las valoraciones y manifestaciones públicas realizadas por terceras personas en consideración a las resoluciones judiciales emitidas con estricta observancia de los principios rectores del proceso, en nada vienen a comprometer el derecho a la presunción de inocencia".
La defensa de Borràs hizo referencia a declaraciones de la portavoz de ERC, Marta Vilalta, y a su suspensión como presidenta del Parlament para alegar que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.
Sin embargo, el tribunal reprocha a la defensa que no "consigue identificar concretos pronunciamientos o declaraciones judiciales en que se establezca o afirme la culpabilidad de ninguna de las personas contra las que se dirige el proceso".
Entre las alegaciones de Borràs que el tribunal también ha desestimado está la vulneración del derecho al juez natural --considera que, al estar suspendida como presidenta del Parlament, ya no es aforada al TSJC-- y a un juez imparcial, porque sitúa al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, como ideológicamente antitético.
Borràs también esgrimió que el acuerdo entre la Fiscalía y los otros dos acusados, Isaías H. y Andreu P., presuntamente vulnera su derecho de defensa, pero el TSJC lo descarta porque dice desconocer el pacto y afirma que "la conformidad de uno, varios o todos los acusados con los postulados acusatorios más graves contra ellos dirigidos, es una opción defensiva tan legítima como la opuesta".
PRUEBAS
La defensa de la presidenta de Junts también alegó una vulneración de su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones porque sostenía que algunas de las conversaciones y correos electrónicos de la causa se habían obtenido sin orden judicial, lo que el tribunal descarta.
Por su parte, las defensas de Isaías H. y Andreu P. pidieron invalidar parte de las pruebas recabadas en la investigación alegando que se consiguieron fuera de plazo, cuando ya había terminado el plazo para instruir y no se había prorrogado, lo que los magistrados han refutado.
