MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los magistrados se han pronunciado sobre un caso que tuvo lugar en Almería, en el que la comunidad de propietarios declaró como indispensable la práctica nudista para el acceso a los elementos comunes de la finca. Estos incluso contrataron un servicio de seguridad para velar por el nudismo en dichas zonas.
En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Civil ha dado la razón a los propietarios que querían ir vestidos a la piscina y a los jardines de la urbanización. Los magistrados han corregido al juzgado y a la Audiencia Provincial que desestimaron las demandas de estos propietarios.
El Supremo ha apreciado un error patente en la valoración de las pruebas que sustentaban que se habían aprobado por unanimidad unos estatutos en los que se fijaba la obligatoriedad de la práctica nudista en las áreas comunes. El alto tribunal ha subrayado que la simple lectura de las actas de la comunidad demuestra que dichos estatutos no fueron aprobados.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Asimismo, los magistrados han incidido en que, ante la falta de unos estatutos que justifiquen que se prohíba el acceso a la piscina y los jardines a quienes no vayan desnudos, se aprecia una vulneración del derecho de igualdad de aquellos vecinos que querían disfrutar con ropa de dichos espacios.
Según el tribunal, dicha prohibición supone una discriminación de estos vecinos por razón de sus ideas y pensamientos y atenta a su libertad de movimientos y a su derecho a la intimidad.
El Supremo ha estimado los recursos de casación presentados al considerar que "no cabe arbitrariamente, por actos de fuerza, mediante la contratación de servicios privados de seguridad, impedir a los demandantes el disfrute de los derechos que les corresponden en el régimen de propiedad horizontal sobre elementos comunes si no practican el nudismo".
Así las cosas, los magistrados han precisado que ir desnudos a la piscina y los jardines es "una opción personal perfectamente respetable y legítima", pero han insistido en que no se puede obligar a los vecinos a hacerlo.
El tribunal, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de los ocho demandantes, ha fijado una indemnización por daños morales de 1.000 euros para cada uno de ellos.
