MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en relación a la propuesta recibida por la Comunidad de Madrid por parte del consorcio formado por Iridium Concesiones de Infraestructuras (ACS) y Acciona Concesiones para construir el megraproyecto en el barrio de Valdebebas.
Al respecto, ha destacado que son "más de 350 órganos actualmente diseminados" en Madrid, por lo que su puesta en marcha supone "un ahorro de costes, una mayor eficiencia y hacer una Justicia más útil, eficiencia para el ciudadano".
La propuesta se ha recibido una vez finalizado el plazo legal en el marco del expediente de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, efectuado, acorde a la Ley, un procedimiento negociado sin publicidad.
A partir de este momento el procedimiento a seguir es el establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Será la Mesa de Contratación de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, compuesta, de conformidad con la Orden de 11 de septiembre de 2021 por 6 funcionarios, la que evalúe y analice la oferta presentada por este consorcio.
EL PROYECTO PERMITIRÁ UN AHORRO DE 20 MILLONES
Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21x21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros --más IVA--, cantidad que no será sometida a revisión y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato.
Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.
