QUE NO OS ENGAÑEN
Cuatro mil letrados de la Administración de Justicia nos encontramos en huelga indefinida desde el 24 de enero. La primera huelga de este colectivo profesional, antiguo cuerpo de escribanos, denominados posteriormente secretarios judiciales y ahora letrados de la Administración de Justicia. Dicha huelga ha paralizado la justicia y la economía de todo un país. ¿Por qué?
En tiempos del rey Alfonso el Sabio se crearon los escribanos públicos y en las Partidas se dispuso que en cada pueblo, cabeza de jurisdicción, se estableciese cierto número de ellos para autorizar las escrituras. Con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 se crearon los escribanos de actuaciones a los que se les encomendaba “entender fielmente y autorizar con su firma las actuaciones, providencias, autos y sentencias que pasen ante ellos”. En 1911, pasaron a denominarse secretarios judiciales titulares de la fe pública judicial y a partir de 2015 se denominaron ya letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Los letrados son un Cuerpo Superior Jurídico nacional dependiente del Ministerio de Justicia, único cuerpo no transferido, con categoría A1 y que ejerce sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial, es decir, de los juzgados.
Principalmente, todas nuestras funciones están dirigidas a velar por la buena marcha de un procedimiento judicial y solventar todas las vicisitudes que pudieran darse durante su tramitación, salvaguardando las garantías procesales de las partes. Esta tarea invisible supone una importante prestación de servicio público destinado al ciudadano. Hoy, con los juzgados colapsados lo estamos comprobando.
Además, firmamos nuestras propias resoluciones (diligencias de ordenación y decretos), en las que se toman decisiones de carácter jurídico-procesal que condicionan la tramitación del procedimiento. Y, una vez dictadas las re soluciones por los jueces o magistrados, nos encargamos de que las mismas puedan ser ejecutadas, esto es, que puedan llevarse a efecto para que el ciudadano que haya intervenido en el procedimiento vea materializado el derecho que en la resolución judicial se le ha reconocido (pensiones de alimentos, registro civil, divorcio, bodas, internamientos urgentes, indemnizaciones, guardias y custodias, desahucios, lanzamientos, procedimiento concursales, liquidaciones de condena, requerimientos de ingreso en prisión, comparecencias, entradas y registros, mandamientos de pago, transferencia al tesoro público, etc).
La Ley 13/2009 incrementó, para racionalizar la carga de trabajo del juez, unas 600 competencias a los letrados de Justicia, ninguna retribuida, a pesar de la gran responsabilidad que implican. ¿Es extraño verdad? Pues esto ha ocurrido.
Además, tenemos obligaciones de servicio público obligatorio como colaboración con Hacienda u otros organismos autonómicos, tampoco remuneradas, cosa que no pasa en ningún otro servicio público.
Querido ciudadano, nuestro conflicto colectivo del que te has visto o verás afectado tiene como objetivo el cumplimiento por parte del Gobierno de un pacto que se alcanzó entre nuestras asociaciones profesionales y el Ministerio de Justicia allá por el mes de abril. Un pacto que no se ha cumplido. Reclamamos que se cumpla. No hay más, que no os engañen. Nuestra huelga legítima tiene como objetivo la defensa de nuestros legítimos derechos, como la de cualquier trabajador, con las armas que nos da la ley. Sin embargo, el relato de esta huelga deja un dolor en el camino por que la justicia está siendo maltratada una vez más. Merecemos un mejor servicio público. Merecemos una Justicia digna, todos.
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