PALMA, 7 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) había solicitado autorización al Tribunal para la expulsión de los 21 migrantes detenidos, una petición a la que se adhirió la Fiscalía, mientras que las defensas se opusieron.
La petición policial derivaba de los acuerdos de devolución dictados por la Delegación del Gobierno, siguiendo el trámite habitual en casos de entrada ilegal en el país.
Sin embargo, como recuerda la Audiencia, en este caso la particularidad es precisamente la forma en la que se llevó a cabo la entrada ilegal en el país: la Fiscalía les acusa de haber orquestado un plan por el que, fingiendo una urgencia médica, forzaron el aterrizaje de emergencia en Palma y huyeron a la carrera por las pistas cuando las puertas del avión estaban abiertas.
La Sala continúa razonando que, desde el momento en el que se atribuyó a estas personas un posible delito y fueron presentados ante un juez para ser procesados, los acuerdos de expulsión, de carácter administrativo, "cedieron a favor de los efectos de la causa penal" y el encarcelamiento en prisión preventiva.
La expulsión sería "incompatible con la sujeción de la persona extranjera a un procedimiento penal incoado precisamente, como consecuencia de la entrada ilegal en España de los procesados".
Además, el auto incide en que "el Estado no ha querido devolver o tratar de devolver de manera más o menos inmediata a los extranjeros que accedieron de manera ilegal al país, sino que ha decidido que permanecieran en nuestro país para responder de las consecuencias del presunto delito que se les atribuye".
"De hecho, han estado privados de libertad hasta el pasado día 17 de enero", recuerda la Sala. Los migrantes estuvieron en la cárcel tras su detención, ya que la Fiscalía calificó los hechos como sedición. Al decaer este delito con la reforma aprobada por el Gobierno, la Audiencia estimó que los hechos no encajan en el delito de desórdenes públicos y fueron puestos en libertad. El procedimiento continúa por delitos de coacciones.
Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba cinco años de cárcel para cada uno de los migrantes huidos tras forzar un aterrizaje en el aeropuerto de Son Sant Joan, cuyo juicio se celebrará este año.
