MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
"Dado que la procesada no tiene aforamiento alguno y que, por tanto, esta Sala ha perdido su competencia, procede sin más trámites (...) declinar la competencia a favor de la Audiencia Provincial de Barcelona", ha señalado el tribunal en un auto al que ha tenido Europa Press.
Los magistrados de la Sala de lo Penal han confirmado el auto de conclusión de sumario que dictó el magistrado instructor del 'procés' Pablo Llarena el pasado septiembre tras tomar declaración a Gabriel, toda vez que el procedimiento se reactivó en julio, cuando la dirigente compareció voluntariamente ante el Supremo tras volver de Suiza, donde se encontraba huida tras procesada en 2018.
Según consta en la resolución, la Fiscalía abogó por abrir juicio oral contra Gabriel por el delito de desobediencia por el que fue procesada y pidió al Supremo que remitiera la causa a Cataluña. La dirigente de la CUP también instó al tribunal a remitir el procedimiento a Barcelona al considerar que no era competente para pronunciarse sobre si era pertinente enviarla a juicio o archivar la causa.
La Abogacía del Estado, por su parte, no interesó la apertura del juicio oral contra Gabriel al considerar que unos hechos sustancialmente iguales habían sido enjuiciados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se dictó una sentencia absolutoria que no ha sido recurrida por las acusaciones.
GABRIEL NIEGA DESOBEDIENCIA
El horizonte penal de Gabriel queda ahora en manos de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir si la envía a juicio o si archiva el procedimiento en su contra.
En su declaración en el Supremo, Gabriel negó haber cometido un presunto delito de desobediencia por su supuesta implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña. A su salida, dijo a los medios que esperaba que la causa se archivase o se enviase a un juzgado en Barcelona, como finalmente ha sucedido.
Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio consultadas por Europa Press, Gabriel declaró durante poco menos de media hora ante el juez Llarena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox. La dirigente rechazó contestar a las preguntas de los servicios jurídicos del Estado y a las de la formación liderada por Santiago Abascal.
Las mismas fuentes precisaron que el Ministerio Público preguntó a la exdiputada si en 2017 recibió requerimiento alguno del Tribunal Constitucional en el que se le advirtiese de que no podía impulsar una iniciativa parlamentaria que conllevase la independencia de Cataluña. Gabriel dijo que no, que no recibió notificación alguna y que, por ende, no habría cometido el delito de desobediencia que se le atribuye.
