VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Aquel fallo de la Audiencia de Valladolid, de mayo del pasado año, tuvo también su repercusión en el segundo procedimiento de la supuesta trama de favores entre un guardia civil y cuatro empresarios que tuvo que ser suspendido por dicho motivo y que ahora podría concluir también en la absolución de los encausados, en el caso de que Fiscalía de Valladolid se aquiete y no haga uso de la posibilidad de un nuevo recurso, también ante el TSJCyL, por infracción de ley y quebrantamiento de forma.
La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, desestima el recurso de la acusación pública y confirma en todos sus términos el fallo absolutorio de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que en mayo del pasado año decretó la nulidad de las escuchas telefónicas en el juicio por la 'Rosado'.
El tribunal vallisoletano, en contra del criterio de la acusación pública, acordó por ello absolver a los integrantes del 'clan de los Varela', con su líder a la cabeza, Rafael; un hijo y un yerno de éste, Manuel y Ernesto I, respectivamente, junto con el padre de este último, Juan Carlos ('JC'), además de Francisco Miguel A.L. ('Kiko') y Roberto P.A, quienes se exponían a condenas de entre cinco años y medio y seis años y medio de cárcel y, en todos los casos, a multas por cabeza de 300.000 euros.
Pero también extendió el fallo a los otros de dieciséis de los veintitrés encausados en este mismo proceso--hay uno que se encuentra fugado--que se conformaron en la primera jornada del juicio con una condena inferior de la inicialmente solicitada por la acusadora pública, entre un año y tres meses y tres años de cárcel.
Del resultado de este proceso pende también la suerte del agente de la Guardia Civil y de otros cuatro acusados en la denominada trama de favores por delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias, ya que el juicio por este último procedimiento, derivado del anterior, fue suspendido el 27 de mayo del pasado año por la juez de Penal 1 ante la repercusión directa que la absolución tendrá en la causa contra el funcionario público y sus compañeros de banquillo.
Y es que, como así entendían todas las partes de este procedimiento, la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron origen al primero de los procedimientos de la 'Rosado', autorizadas por el Juzgado de Instrucción 1 y que la Audiencia Provincial entiende que se basan en meras sospechas y dieron lugar a una "investigación prospectiva", afectan de lleno al segundo de los procedimientos por la doctrina del 'fruto del árbol envenenado'.
De hecho, la juzgadora en este segundo procedimiento optó la por la suspensión del juicio contra los cinco acusados, entre ellos el citado agente, a la espera de que la sentencia absolutoria del primero cobre o no firmeza.
En el supuesto de que Fiscalía no recurra nuevamente la resolución del TSJCyL por tráfico de drogas y grupo criminal, la juez encargada del juicio por la trama de favores deberá convocar de nuevo a las partes a una vista en la que acordará la misma suerte para los cinco imputados por tráfico de influencias y revelación de secretos.
ENTRE 18 MESES Y CASI CINCO AÑOS
Con carácter provisional, el fiscal imputa al agente de la Guardia Civil un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias y solicita por el primero una multa de 10.800 euros y por cada uno de los dos siguientes nueve meses de cárcel, junto con su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo total de ocho años.
Además, y con respecto al resto de presuntos implicados, el fiscal imputa a J.R.R. un delito de violación de secretos, en calidad de inductor, y le pide multa de 2.400 euros e inhabilitación para cargo público por un año, al tiempo que acusa a F.G.J, E.O.C. y D.E.A. por delito de tráfico de influencias, los tres como cooperadores necesarios, e interesa para ellos cuatro meses de prisión y su inhabilitación por siete meses.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular, solicita tres años de prisión para el agente, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también en calidad de acusadora popular, pide para el integrante del Instituto Armado una condena global de cuatro años y nueve meses de cárcel y su retirada del Cuerpo por espacio de diez años y medio.
Las conversaciones intervenidas permitieron descubrir, según las acusaciones, que el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.
Las acusaciones también imputan al guardia civil haber accedido a bases de datos de carácter reservado y facilitar dicha información a terceros; consultar antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vender" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.
Se acusa igualmente al agente de alterar expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba supuestamente identidades de conductores que no se correspondían con los infractores y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.
Se sospechaba asimismo de que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.
