UN ESFUERZO DE LEALTAD CONSTITUCIONAL
Si algún periodista me hubiera preguntado la semana pasada que imaginara el motivo de una bronca en el Congreso en el que hubiera acusaciones cruzadas de golpe de Estado y ataques a la democracia, le hubiera contestado recordando debates de las Cortes republicanas en las que se discutían cuestiones esenciales para la sociedad española: la reforma agraria, las relaciones con la Iglesia, la subordinación del Ejército al poder civil, etc. Nunca hubiera sido capaz de imaginar una bronca como la del jueves -con la coda de las declaraciones del Presidente del Gobierno- motivada por la admisión de dos enmiendas que, si se hubieran tramitado de una forma un poco menos heterodoxa (mediante una nueva proposición de ley), podrían acabar en el BOE menos de dos meses después.
El ruido político apenas deja ver el problema jurídico, que es relativamente fácil de resolver: los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos presentaron conjuntamente dos enmiendas “de adición” a la “Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral”. Las enmiendas pretendían modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Fueron admitidas el pasado 12 de diciembre por la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, a pesar del informe del letrado que advertía de su inconstitucionalidad por tratar de materias distintas al Código Penal. Sobre ese punto no hay muchas dudas porque tenemos una Sentencia del Tribunal Constitucional sobre un asunto similar (solo que con los protagonistas cambiados): en 2003 el proyecto de Ley Orgánica de Arbitraje fue enmendado en el Senado por el PP para añadir en el Código Penal la convocatoria ilegal de referendos; los senadores socialistas presentaron un recurso de amparo, que fue estimado por el Constitucional y por eso anuló “los acuerdos de la Mesa del Senado de 2 y 3 de diciembre de 2003, por los que se admitieron a trámite las enmiendas núm. 3 y 4 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de arbitraje".
También sabemos que esa Sentencia, que reconocía ocho años después, la violación del derecho de participación política de los senadores socialistas, no tuvo ningún efecto práctico pues no afectó a la vigencia de la ley, que solo podría haber sido anulada por el Constitucional mediante un recurso de inconstitucionalidad. Precisamente por eso, el recurso de amparo del PP ha pedido como medida cautelar la suspensión de la tramitación de las dos enmiendas polémicas. Al actuar así, coloca al Tribunal Constitucional entre Escila y Caribdis: si suspende interrumpirá por primera vez en nuestra historia la actividad legislativa de las Cortes, representante del pueblo español; pero si no lo hace, no podrá reparar de forma efectiva la clara violación de los derechos de participación política de los diputados. Por si no fuera difícil la alternativa, además la decisión de hacia dónde debe inclinarse el barco del Constitucional parece que no se tomaría por unanimidad, sino atendiendo a una división entre conservadores y progresistas que nada ayudaría a la auctoritas de la institución.
El ministro de la Presidencia, consciente de esa situación comprometida del Tribunal Constitucional, ha pedido al Partido Popular que retire su recurso de amparo. Me atrevo a sugerirle que, en contra partida, le pida a los socialistas que reconsideren sus enmiendas para que no se tramiten en el Senado, sino que sean recalificadas como iniciativas legislativas y vuelvan al Congreso para su tramitación como una proposición de ley. Si el PP lo aceptara, con un poco de imaginación jurídica y buena fe podría lograrse un acuerdo sin vencedores y sin vencidos, con un retraso mínimo en la tramitación de las modificaciones de las Leyes Orgánicas que quiere hacer la mayoría parlamentaria.
Para animarlos a ese acuerdo, tan aparentemente lejano, me permito recordar las prudentes palabras de Unamuno que en el verano de 1931, a la vista de las maratonianas sesiones del Congreso de los Diputados para tramitar el proyecto de Constitución y ante la falta de acuerdo entre los partidos, pidió sosiego y mesura porque “Cuando aquí se habla de la República recién nacida y de los cuidados que necesita, yo digo que más cuidados necesita la madre, que es España, que si al fin muere la República, España puede parir otra nueva, y si muere España no hay República posible”. En tiempo y en desarrollo político y social, estamos lejos de los peligros que acechaban a aquella España, pero tampoco estaría de más que hoy todos los partidos -recordando a don Miguel- tuvieran un poco de lealtad constitucional en su comportamiento, en lugar de declamar constantemente grandes principios que luego no se aplican a sí mismos.
