SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)
En la presentación de la memoria de actividad correspondiente a 2021 ante la comisión de Gobernación y Justicia ha alertado del aumento de un 88% de los delitos contra la libertad sexual, que se caracterizan porque no son violentos, y muchas veces denunciados por los padres tras revisar los contenidos de los teléfonos móviles de sus hijos.
De hecho, ha destacado que le "preocupa" el "cambio" en el tipo de delincuencia que realizan los menores pues antes eran contra el patrimonio y ahora se relacionan con la intimidad y a través de las redes sociales en forma de "agresiones sexuales no violentas", como remisión de fotos de naturaleza sexual. "Es como un juego o coqueteo entre menores, sin violencia", ha detallado.
En este contexto, espera iniciar el próximo año un proyecto para que los fiscales vayan a colegios e institutos a "explicar lo que hace un fiscal" y las consecuencias que tienen determinados actos, por ejemplo, que no se pueden crear perfiles falsos para amenazar a alguien. "Que sepan lo que les va a pasar, no es un juego", ha agregado.
Farnés quiere que los fiscales "salgan de su despacho, se acerquen a la sociedad y a la gente".
En esta línea ha valorado la "experiencia piloto" de un juzgado en Las Palmas de Gran Canaria encargado de delitos de menores y adolescentes porque tiene un entorno "adecuado, con un tono más amigable" --juguetes, televisión, césped-- para tratar los casos, idea que quieren replicar en los juzgados de La Laguna.
Ha incidido en el aumento de un 31,6% de los delitos relacionados con menores, muchos dentro de las propias familias vinculados a casos de trastorno mental o abuso de estupefacientes mientras que también aumentan un 20% los casos de violencia de género entre menores.
La fiscal, que ha tildado de "maravilloso y revolucionario" el sistema de gestión procesal Atlante, ha precisado, no obstante, que la memoria del año pasado es un "poco ficticia" porque se compara con 2020, año de paralización por la pandemia, pero sí ha resaltado que los juicios han crecido un 33,2%, casi 4.000 más, lo que demuestra la reactivación de la administración.
Ha advertido de la "diferencia de medios materiales considerables" entre la provincia de Tenerife y Gran Canaria, tanto en infraestructuras como en número de fiscales, poniendo como ejemplo que si el Ministerio de Justicia les adjudicara cuatro fiscales más "no hay metros cuadrados para acogerlos".
También ha sido crítica con las instalaciones de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, pues no tienen ventilación y hay falta de luz e inundaciones de aguas fecales hasta el punto de que ha amenazado con llamar a Inspección de Trabajo cuando se repita.
"No puedo permitir que se trabaje en condiciones insalubres, hay que cambiarlo, habrá que alquilar un piso si no hay palacio de justicia", ha señalado.
ABANDONO DE ANCIANOS CON ALTA HOSPITALARIA
Ha pedido, igualmente, peritos especializados para investigar delitos relacionados con la administración pública ya que actualmente no se ofrece "la respuesta más adecuada" dado que son casos "de complejidad jurídica" donde los delincuentes "adoptan cautelas" y se necesita de la "experiencia" de los peritos. "Hay que olvidar la época de que el fiscal sabe de todo", ha agregado.
Ha lamentado el "problema enquistado" de la tardanza y "falta de calidad" en los informes de las unidades psicosociales porque hay 3 psicólogos y uno de ellos está de baja por lo que se "tarda muchísimo y en perjuicio de los menores", aparte de que la situación se "agudizó" En 2021 se agudizó por la ley 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que impide el régimen de visitas.
La fiscal, que ha indicado que trabajará a caballo entre las dos islas capitalinas, ha alertado del aumento de abandono de ancianos a los que se les da de alta en el hospital porque la familia no tiene medios para atenderlos y necesitan medidas de apoyo.
Muchos acuden a la Fiscalía pese a que es competencia de los servicios sociales pro se incoan diligencias por demora de las ayudas que pueden acabar en un ingreso sociosanitario que, no obstante, es un "perjuicio" para la persona porque no puede estar en su casa y un gasto de dinero público.
Asimismo ha advertido de la "dificultad mayor" que hay para detectar la prostitución y los casos de trata de mujeres debido a que la actividad se ha trasladado a los pisos a raíz de la pandemia y en la calle "era más visible" y más fácil el control policial.
