MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, el Consejo General del Poder Judicial ha dado cuenta del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de este año.
Según revelan estos datos, Andalucía aglutina la gran mayoría del total de 31 acusados por corrupción con 22 personas físicas y 8 jurídicas en 5 procedimientos diferentes. A esta le siguen Madrid, con 4 personas físicas y 1 jurídicas; Galicia, con 4 personas físicas y Murcia, con una persona física.
Asimismo, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, los juzgados y tribunales dictaron 9 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 7 fueron condenatorias y 2, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en ocho el 77,7 % de los casos.
LA FUNCIÓN DEL REPOSITORIO
Según ha explicado el CGPJ el repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web del Poder Judicial y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores --personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera--, que se actualizan de forma trimestral.
"La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política", explica el órgano.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
