UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN NUESTRA HISTORIA CONSTITUCIONAL
Seguramente no siempre es fácil identificar con tanta precisión el momento exacto en el que un Estado democrático de derecho empieza a alcanzar un punto de deterioro que puede llegar a ser irreversible. Las noticias de los últimos días apuntan todas en la misma dirección: la reforma del Código Penal del delito de malversación para reducir las penas cuando los políticos desvían dinero público no para sus bolsillos sino para la causa o el partido; la reforma para que el Gobierno pueda nombrar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional sin esperar a que elija los suyos un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueado y desprestigiado, con la aspiración explícita de controlarlo mediante nombramientos de personas que han sido altos cargos del Gobierno que los propone; reformas que permiten que posibles nuevos desafíos al orden constitucional vigente desde las instituciones queden impunes...Y todo por la puerta de atrás, vía enmiendas o proposiciones de ley, sin un debate en el Parlamento y en la sociedad digno de tal nombre y, por supuesto, sin recabar ningún dictamen o informe a los organismos competentes, al no tramitar las modificaciones como sería conveniente cuando se trata de cambios de este calado.
Que la razón última de estos cambios sea la necesidad de contar con los votos de ERC, cuyos altos cargos están directamente implicados en procesos por delitos que pueden verse afectados por las reformas que se anuncian, resulta especialmente indecente si tenemos en cuenta que en 2018 se produjo una moción de censura del PSOE contra el PP a consecuencia del caso Gürtel enarbolando la bandera de la regeneración democrática e institucional.
Que un Gobierno del mismo partido termine rebajando penas por delitos de corrupción a sus aliados parlamentarios parece un mal sueño. Realmente creo que podemos concluir que el puente de la Constitución de 2022 va a marcar un punto de inflexión en nuestra historia constitucional y no precisamente para bien. Termina así una primera etapa en que la democracia española, con todas sus imperfecciones, tenía unas mínimas aspiraciones éticas, al menos de boquilla. Ahora todo vale. Es el triunfo de la idea profundamente antidemocrática y profundamente inmoral de que el fin justifica los medios.
Es sabido que en el siglo XXI las democracias y las instituciones se deterioran desde dentro y lentamente: el reciente informe sobre la situación del Estado de derecho de la Fundación Hay Derecho lo ha puesto de relieve con datos cuantitativos para el periodo 2018-2021, aunque la deriva viene de lejos, como lo demuestra el degradante ejemplo del CGPJ.
Pero en la nuestra el proceso se ha acelerado mucho en las últimas semanas o incluso días. Que la solución a una situación de politización institucional extrema y de corrupción institucional generalizada sea más reparto de cuotas partidistas, más ocupación de las instituciones de contrapeso y más impunidad para los políticos corruptos es algo que los ciudadanos españoles de izquierdas, derechas o de centro sencillamente no nos merecemos. Y para demostrarlo deberíamos reaccionar cuanto antes, cada uno en la medida de sus posibilidades. Como decía Burke, el mayor error lo comete quien en una situación como esta no hace nada porque piensa que podría hacer muy poco.
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