LA POLÍTICA DE INTERIOR
Pues bien, la Constitución otorga la dirección de la política interior y exterior al Gobierno, junto con la de la Administración civil y militar y la defensa del Estado (artículo 97). Y, en un sentido amplio, la política interior es toda la actividad pública destinada al bien común de los ciudadanos de un Estado, que no guarda relación directa con los intereses de otros Estados u organismos supranacionales. A mediados del siglo XIX el maestro compostelano Manuel Colmeiro destacaba entre “los negocios administrativos”, aquellos que consisten en “promover la paz interior o la conservación del orden, primera necesidad de los pueblos requiere el empleo de medios ya preventivos, ya represivos según los casos. Precave con su vigilancia para impedir los atentados contra la seguridad y tranquilidad del estado y contra las personas y la propiedad, de los ciudadanos: reprime usando de la fuerza para reducir a la debida obediencia a los rebeldes”.
En la actualidad, corresponde ese cometido al Ministerio del Interior, órgano en el que el Gobierno deposita en el cumplimiento de sus objetivos en materia de derechos fundamentales y libertades públicas. De ahí que la primera y principal responsabilidad del ministro del Interior es promover las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos y libertades. Él ostenta el mando superior sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inexorablemente unidas a la misión que la Constitución les otorga de proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104 CE). El Gobierno de la Nación ejerce de esta manera la competencia exclusiva sobre la seguridad pública; una competencia que, sin embargo, admite la intervención de las Comunidades Autónomas a través de los cuerpos de policía autonómica.
Estos años de andadura constitucional han puesto de manifiesto la necesidad de reorientar las actividades de las distintas Administraciones que confluyen sobre la seguridad pública. El Gobierno de la nación debe reforzar su rol de principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, estableciendo nuevos mecanismos de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Atender a la seguridad de los ciudadanos es la primera misión que corresponde a los poderes públicos en una democracia avanzada: garantizar la seguridad de todos para que las libertades puedan ejercerse por todos. La política del interior abarca así la prevención de la criminalidad. Como escribió Cesare Beccaria: “es mejor prevenir los delitos que penarlos, el fin de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad o a la menor desgracia posible”. Por su parte, la investigación de los delitos se realiza por medio de la policía judicial que está al servicio de fiscales y jueces.
Toda la compleja materia de extranjería y su legislación que debe guiarse por los criterios más razonables para la integración en España de los inmigrantes que acrediten un arraigo en el país, evitar los flujos migratorios y el llamado “efecto llamada”. La política de interior tiene que luchar contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. La tragedia del asalto la valla de Melilla el pasado 24 de junio de 2022, con 23 migrantes fallecidos, está poniendo estos días de manifiesto toda la crudeza del problema y la necesidad de que las fuerzas de seguridad dispongan de protocolos claros de actuación en estas situaciones en las que guardias civiles y policías arriesgan sus vidas al cumplir su trabajo en la frontera de Melilla con Marruecos. La situación geográfica de España como país de primera línea obliga a redoblar el esfuerzo de vigilancia de nuestras fronteras exteriores que son también las fronteras de la UE. Hay que armonizar la expulsión de extranjeros con las disposiciones de la UE, pues la Comisión europea ha avisado en varias ocasiones a las autoridades españolas por incumplir la trasposición de la directiva que reguila las deportaciones de inmigrantes, en particular las medidas de retorno individuales para los menores no acompañado.
Pero es imposible cumplir estos objetivos sin contar con unos profesionales de la seguridad pública motivados y llenos de ilusión profesional. Es urgente su equiparación administrativa y salarial con los demás cuerpos policiales y el establecimiento en el Cuerpo Nacional de Policía de un sistema de provisión de puestos de trabajo en el que se cumplan los requisitos de transparencia y objetividad. La reconfiguración de la organización de la Guardia Civil se ha de hacer respetando su disciplina militar, pero garantizando la promoción profesional de los guardias.
Pero no hay que olvidar otras muchas acciones que engloban nuestra política nacional de interior (instituciones penitenciarias, protección civil, tráfico y seguridad vial) y, muy en particular, la actividad sobre los procesos electorales, que supone, en fin, la garantía administrativa del ejercicio de la democracia.
