MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados desestiman el recurso de los hermanos Pérez Maura "al no existir indicios de responsabilidad criminal que justifiquen" la imputación. Ya en el mes de julio, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó desestimar la solicitud de los navieros de investigar a APMT.
A través de un recurso, la empresa naviera Pérez y Cía SL, investigada por un presunto delito de corrupción internacional, argumentó que el supuesto pago de sobornos fue de su filial GMTCB para que la Terminal de Contenedores Quetzal (TQC), una subfilial, consiguiera el contrato de ampliación de ese puerto en Guatemala.
Tras recibir la adjudicación de la infraestructura portuaria presuntamente a cambio de mordidas y antes de que saltara el escándalo, los Pérez Maura vendieron su participación a APMT, empresa que ejerce en esta causa como acusación particular.
Se investiga si los Pérez Maura pagaron sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios de Guatemala, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación para ampliar el Puerto Quetzal.
"VÍCTIMA DE UN ENGAÑO"
Según la Sala de lo Penal, con lo hasta ahora investigado no hay indicios de que haya habido algún "defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a la compradora", del que resulte que tenga que ser imputada por posible responsabilidad penal.
"Así se desprende, entre otros, de su actitud tras descubrir los mismos iniciando una investigación interna", señalan los magistrados, que apuntan también a testigos que han declarado en contra de que APMT pasase por alto "cualquier signo de corrupción".
Y recuerdan el contenido de un auto de 2020 que da la condición de perjudicada a APMT como "víctima de un engaño" de la empresa naviera de los Pérez Maura, que le habría "ocultado directamente información relevante durante el proceso de compraventa de GMTCB".
La Sala subraya que APMT inició una investigación interna, cesó a directivos que podrían estar relacionados con estos hechos, cambió los órganos de dirección, implantó programas de cumplimiento normativo y pagó a Hacienda irregularidades fiscales pendientes.
El juez García Castellón arrancó en 2016 la pieza 'Pit' del 'caso Villarejo' cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Ángel Pérez Maura. Las pesquisas judiciales apuntan que los hermanos habrían acudido a CENYT para que frenara esa extradición y el entonces comisario habría embolsado por ello 7,4 millones de euros.
