MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Por estos presuntos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita que sean condenados a penas de entre 18 y 23 años de cárcel el antiguo director comercial de DEFEX y otros dos procesados, el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, ÓL, y el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque.
En el banquillo también se sentará, como persona jurídica, la empresa de venta de armas, además de Aresa Marine SL y Deimos Space SLU, subcontratas para las que también se reclaman cantidades millonarias por su supuesta responsabilidad en este asunto.
Serán juzgados por presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental en esta pieza del denominado 'caso Defex', que tiene pendiente la celebración de otros juicios por prácticas corruptas en Angola o Arabia Saudí.
En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción pide la mayor pena, de 23 años de prisión, para I, a quien se le reclaman multas de hasta 86 millones de euros y otros 12 millones como indemnización a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Igualmente, Anticorrupción pide 18 años para Francisco Luque y para Óscar López, quienes se enfrentan también a multas millonarias.
Fue en enero de 2019 cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso juzgar a la empresa de venta de armamento y a los citados acusados. Los hechos investigados se centran en contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras.
PAPEL "DECISIVO" DE UN CONTRALMIRANTE
Como en otros capítulos del 'caso Defex', se habría implantado el pago de comisiones, dádivas y regalos a intermediarios y funcionarios del país para asegurarse la adjudicación de contratos. Esto en un contexto en que la compañía carecía de "cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública", según el Ministerio Fiscal.
Aquí se trata de los contratos firmados en Camerún entre 2005 y 2013, cuando el agente comercial de DEFEX PB, con la participación "principal y determinante" de MI como director comercial, hacía de intermediario para abonar las presuntas mordidas a través de siete empresas 'fantasma' con cuentas en Suiza, Reino Unido y la república africana con tal de lograr los contratos.
Según Anticorrupción, B, fugado de la Justicia, movía así el dinero tanto a su propio bolsillo como a autoridades y funcionarios de Camerún y otros países como Senegal, Gabón y Argelia, y lo ocultaba mediante contratos de prestación de servicios y de representación entre DEFEX y sus sociedades instrumentales.
El escrito destaca el papel "decisivo" que tuvo para la obtención y ejecución de los contratos públicos con las autoridades de Camerún el contralmirante PND, "destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética" para su mujer que I definiría en un correo electrónico como "recauchutado", todo a cuenta de la empresa semipública.
Uno de los contratos, que fue para un servicio de vigilancia costera por 99,3 millones de euros, se habría aprobado en un acuerdo entre I y el ministro de la Presidencia y responsable de la defensa de Camerún, AMN, con la intermediación del mencionado contralmirante, que es quien habría negociado la letra pequeña. Sólo en uno de los tramos del proyecto, I habría acordado con B comisiones superiores a los cinco millones.
