En ese sentido, Rodríguez ha puesto en valor el dato como “motor de cambio para la transformación digital y habilitador de una vía hacia una Justicia más rápida, inteligente y transparente, a disposición de la ciudadanía”. Según el secretario de Estado, el análisis de estos datos permitirá “mejorar la tramitación procesal y aplicar políticas públicas mejores y más ajustadas”.
Rodríguez, que ha asegurado que “la colaboración entre el Ministerio, el mundo académico y la empresa privada va a suponer un paso más en el gran avance de transformación digital de la Administración de Justicia”, aboga por pasar de una Justicia orientada al documento, “en el que es necesario leer para extraer la información relevante”, a una Justicia orientada al dato, “que permite su procesamiento automático y una tramitación procesal más rápida”.
Manifiesto del dato
El SEJ ha hecho una exposición sobre la Justicia basada en datos y ha presentado el Manifiesto del Dato, un trabajo realizado y aprobado en cogobernanza por el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
Según ha destacado, este manifiesto “se dirige a identificar los principios sobre los que construir un espacio público de datos en el sector Justicia”, en el que “el acceso por parte de la ciudadanía y el resto de actores públicos y privados se configura como un derecho”.
El Manifiesto del Dato establece unas líneas generales para la producción y tratamiento de los datos respetando una serie de principios, como “identificar los objetivos y finalidades para los que se recoge información”, dirigiéndose a “los datos de alto valor por representar intereses generales de la ciudadanía”, ha explicado el secretario de Estado.
Igualmente, “la producción de esos datos deberá responder a los principios de pertinencia, precisión, actualidad, puntualidad, accesibilidad, comparabilidad y coherencia con la normativa vigente”, ha añadido. Además, “se deben respetar los derechos fundamentales y libertades públicas, así como los derechos digitales, con la aprobación de manuales de buenas prácticas”, ha concluido Rodríguez.
Posteriormente, junto al rector de la USAL, Ricardo Rivero, el SEJ ha realizado la clausura institucional de la jornada.
El SEJ ha explicado cómo el proyecto de Justicia en Datos se engloba en lo que la ministra Pilar Llop ha denominado Justicia 5.0 y se ha materializado en iniciativas como la creación de un portal de datos, donde “todos los actores del sector Justicia han acordado ir incorporando las informaciones que consideren de utilidad a la ciudadanía y a los empresarios”.
Rodríguez ha destacado, además, los procesos de automatización y robotización que el Ministerio de Justicia ha emprendido en asuntos como expedientes de nacionalidad, cuenta de depósitos y consignaciones y cancelación de antecedentes.
El Ministerio que dirige Pilar Llop ha organizado, en colaboración con la Universidad de Salamanca, este primer simposio Justicia y Derecho en Datos, que se celebra en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca durante los días 17 y 18 de octubre.
En las jornadas, participan, por parte del Ministerio, además del secretario de Estado, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, y el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, entre otros.
El simposio también cuenta con la presencia de destacadas personalidades y autoridades como el fiscal general del Estado, Álvaro García; la viceconsejera de Justicia del Principado de Asturias, Encarnación Vicente; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, M.ª Encarnación Pérez; el secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración de la Junta de Andalucía, Luis Manuel García; y la decana del Colegio de Registradores, M.ª Emilia Adán; además de múltiples participantes del sector Justicia, el mundo académico y la empresa privada.
