MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El texto inicial, una propuesta socialista, buscaba modificar el Código Penal, en su artículo 177 bis, para incorporar entre los agravantes para la pena superior en grado (una horquilla de ocho años y un día, hasta doce años de cárcel) los casos en que "la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada" por la guerra en Ucrania.
Sin embargo, esta redacción no convenció al resto de formaciones que, durante la toma en consideración del texto, pidieron no limitar este agravamiento a las víctimas de la invasión de Rusia.
Hasta siete grupos, incluido el propio PSOE, enmendaron la norma para ampliarla a víctimas de "conflictos bélicos" e, incluso de "catástrofes naturales". Y es así, tras llegar a un acuerdo, como se ha aprobado en el Congreso.
UNA MEDIDA PERMANENTE
También ha habido acuerdo unánime para eliminar la disposición segunda de la propuesta socialistas, que limitaba esta medida a los 18 meses siguientes tras la entrada en vigor de la norma. El texto consensuado, así, recoge una medida que se aplicará de forma permanente.
Una vez que este texto consensuado, firmado por todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, ha sido aprobado en comisión, deberá ser ratificado por la mayoría absoluta del Pleno, ya que modifica una Ley Orgánica. Este sería su último trámite en la Cámara baja antes de pasar a su tramitación en el Senado.
ADVERTENCIAS DE RIESGO
Desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania, ONG e instituciones internacionales han denunciado el riesgo de trata de personas en el que se encuentran los desplazados, especialmente mujeres y niños. De hecho, mes y medio después de que comenzara la invasión rusa, la alta comisionada auxiliar para la Protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Gillian Triggs, llamó a los estados a estar alerta para "impedir que los depredadores y las redes criminales puedan explotar esta situación".
Las entidades advierten que este peligro no se refiere únicamente a la trata con fines de explotación sexual, sino también laboral, para la explotación de la mendicidad, para la comisión de actividades delictivas, para la realización de matrimonios forzados, o para la gestación subrogada, entre otros.
El último estudio de la OCDE sobre personas desplazadas, hecho público esta semana, advierte de que ya son 5 millones las personas refugiadas tanto en países de la UE, como en otros estados de la OCDE, por este conflicto.
De ellos, 1,3 millones han sido acogidos en Polonia y un millón en Alemania. El tercer país con mayor número de personas desplazadas por este conflicto es la República Checa, en donde han acogido a más de 430.0000. España, por su parte, ha concedido por ahora la protección internacional en el país a una cifra en torno a los 150.000.
Desde este organismo han señalado que estas cifras muestras "una crisis humanitaria y de refugiados a una escala no prevista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".
Sin embargo, desde entidades como ACNUR, UNICEF o ACCEM, recuerdan que las víctimas de trata no entran en las estadísticas y quedarán "invisibilizadas" una vez sean captadas por las mafias en la frontera.
