MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Según ha informado el órgano de garantías, el magistrado Ramón Sáez estará a cargo de la ponencia sobre el recurso contra el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
El plan de ahorro energético impugnado limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.
Asimismo, el decreto obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y a que tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
La presidenta madrileña anunció el pasado septiembre que acudiría ante el Constitucional al considerar que el decreto se presentó "de forma arbitraria" y "autoritaria" y "contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos".
Desde la Comunidad de Madrid se alegó que el Ejecutivo "invade competencias sin justificación", especialmente en Sanidad y Comercio, "sin haber razones de urgencia". Desde el punto de vista sancionador, el gobierno autonómico cuestionó la aplicación del decreto, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos.
Además, incidió en que el texto va en contra también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura.
Ahora, el Tribunal Constitucional deberá resolver si admite o no a trámite los argumentos del gobierno de Díaz Ayuso.
LA VOTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL
El órgano de garantías también tendrá que decidir si admite o no el recurso de los diputados de Unidas Podemos contra la ley 5/2022 por la que se modifica la normativa de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. La magistrada Concepción Espejel estará a cargo de la ponencia.
Los magistrados, a su vez, deberán estudiar la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre la ley de regulación del juego.
Al margen, también está previsto que esta semana la corte de garantías delibere sobre el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra. Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre, los magistrados del tribunal admitieron a trámite los recursos del PP y del diputado popular Alberto Casero.
En la lista de asuntos para primera deliberación constan, a su vez, cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por otros tribunales: una sobre la ley general de comunicación audiovisual, una sobre el decreto-ley de Aragón sobre medidas urgentes para el impulso de la estrategia de recuperación social, y tres sobre la ley de medidas urgentes de ordenación del empleo público en Canarias.
