MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Así se desprende del 'libro amarillo' que el Ejecutivo ha presentado este mismo jueves en el Congreso de los Diputados, antes de que los Presupuestos inicien su tramitación parlamentaria. Con esta asignación el Gobierno pretende "transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercar" la misma a los ciudadanos "mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento".
En términos de presupuesto nacional, y sin incluir los fondos asociados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, se han dotado 2.234 millones de euros a Justicia. Del desglose total, el Ministerio y el Centro de Estudios Jurídicos dispondrán de hasta 2.155 millones de euros.
La aportación de los fondos europeos será de 58 millones el próximo año, frente a los 210 de los actuales Presupuestos, mientras que el Gobierno incrementa su contribución a Justicia en 160 millones, frente a los 2.074 de este año.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contará con una asignación total de 78 millones de euros, lo que representa un incremento del 3% con respecto al anterior ejercicio, en el que percibió 76 millones.
El Ejecutivo considera que la Administración de Justicia, y en consecuencia el Servicio Público de Justicia, está "al mismo nivel que la sanidad, la educación o los servicios sociales". Es por ello, apuntan, que "debe transformarse en un servicio público accesible, eficiente, eficaz y sostenible, que tenga como eje vertebrador la igualdad entre mujeres y hombres".
Así, con esta dotación el Gobierno tiene previsto, explica, continuar con "el desarrollo del Plan Justicia 2030, con los objetivos de conseguir un servicio público de Justicia accesible, eficiente y sostenible". Se trata de una estrategia, añade, que tiene "como eje transversal el diálogo y la gobernanza tanto con administraciones territoriales, administraciones institucionales, asociaciones y agentes sociales".
70 NUEVAS UNIDADES JUDICIALES
"Desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se destinan a financiar los gastos de personal asociados a la política de Justicia alcanzan, en el ejercicio 2023, los 1.804 millones de euros. Este importe supone el 78,7 % del total del presupuesto de la política", recoge el 'libro amarillo'.
Además, el Ejecutivo tiene previstas dotaciones presupuestarias para la creación de 70 nuevas unidades judiciales, así como una ampliación de la plantilla fiscal mediante la creación de 70 nuevas plazas, "reduciendo de esta manera el desequilibrio entre los miembros de la carrera fiscal y el número de plazas de la plantilla orgánica, el incremento de las funciones del Ministerio Fiscal y su presencia en los procesos judiciales".
Asimismo, el proyecto prevé una oferta de empleo de hasta 300 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal, en orden a lograr varios objetivos: estabilización numérica de la oferta de empleo público para jueces y fiscales; reducir la interinidad; y dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera y dando respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo.
El Gobierno también pretende duplicar las dotaciones del sistema de becas de acceso, por importe de dos millones de euros, para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrado de la administración de Justicia. Se trata de una medida dirigida "a acabar con las barreras económicas y sociales de acceso" para los opositores.
Con el objetivo de potenciar y mejorar la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente de las mujeres que sufren violencia machista, el Gobierno tiene prevista la creación de 27 nuevas Unidades Administrativas de Asistencia a las Víctimas. En el mismo sentido, aspira a acometer "nuevos desarrollos relativos al sistema de Oficina de Asistencia a las Víctimas".
Así las cosas, el Gobierno anuncia que en 2023 se implantará una nueva versión de este sistema "que mejorará sustancialmente la información sobre los delitos y el tratamiento de indicadores para diseñar estrategias específicas de asistencia de gestor y psicólogo para cada víctima".
DIGITALIZACIÓN Y MEJOR ORGANIZACIÓN
Con estas cuentas, el Ejecutivo busca también potenciar la eficiencia operativa del servicio público de Justicia para que la modernización vaya a más, haya nuevos sistemas organizativos, como los tribunales de instancia, y se pueda asentar aún más la celebración de juicios telemáticos y las declaraciones a distancia.
"Para que nuestro país cuente con una Administración de Justicia que responda a las exigencias actuales, es preciso avanzar de forma decidida y eficaz en el proceso de modernización tecnológica", explica, para situar a la transformación digital como una prioridad, con una partida de 180 millones para abordar esta materia.
En este sentido, se aspira a mejorar la interconexión entre las unidades judiciales de todo el país, apuntando a la transformación digital como necesaria para una cohesión social y territorial.
De cara al ejercicio 2023 un objetivo para el Gobierno es consolidar el Registro Central de Titularidades Reales, una vez sea puesto en marcha a finales de 2022, lo que permitirá ayudar a combatir de una manera "eficaz y eficiente" el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, articulando el intercambio de información sobre titularidades reales a nivel europeo. Al programa de Registros vinculados con la Fe Pública se le asignan créditos, en concreto, por un importe de 37 millones.
Asimismo, el 'libro amarillo' de los PGE recoge que se implantará en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos la Plataforma de Análisis AVIZOR que, mediante la utilización de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, dará facilidades a los analistas de esa oficina, las herramientas tecnológicas que les permitan plantear y confirmar o refutar las hipótesis de trabajo oportunas para localizar bienes y derechos sometidos a artificios maliciosos de ocultación, transformación o blanqueo en el mundo.
El Ejecutivo promete seguir modernizando servicios como el Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, Registro de Actos de Última Voluntad y Registro de Actas de Notoriedad de Declaración de Herederos Abintestato, expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, por carta de naturaleza, vecindad civil, cambio de apellidos y los demás comprendidos en su ámbito competencial, además del proceso de transformación y modernización tecnológica del Registro Civil, para facilitar el acceso al ciudadano y la tramitación electrónica de los expedientes.
Con lo presupuestado, que incluye la transformación de los más de 7.500 juzgados de Paz en oficinas municipales de Justicia, Moncloa quiere optimizar los espacios físicos, que se haga uso eficiente de los recursos y que se genere un "adecuado" ahorro energético. La dotación a equipamiento e infraestructuras alcanza los 53 millones.
