MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Así lo ha comunicado este miércoles el Constitucional, que ha actualizado la lista de asuntos que abordará el 10 de octubre, en la que este martes no aparecía, y después de que el pasado 26 de septiembre, cuando estaba previsto que la Sala Primera del TC lo deliberara, quedase pospuesto a otro día como asunto "pendiente".
Esa ausencia en el orden del día movió ayer a Daniel Sánchez Bernal, el abogado promotor del recurso, a enviar un escrito al TC ante su "absoluta perplejidad, asombro e indignación". Pedía saber por qué motivos había quedado su caso fuera del orden del día 10.
Sánchez, en su escrito, incidía en que el recurso de amparo es un mecanismo que está precisamente para atender violaciones de derechos fundamentales, sin olvidar que --añadía-- en la providencia de admisión a trámite del recurso el propio tribunal señalaba que lo iba a estudiar por su "especial trascendencia constitucional".
De momento, el recurso tiene un informe favorable de la Fiscalía. Para el fiscal del TC Fernando Cabedo es conveniente reconocer una vulneración de derechos por el juicio debido a su lejanía en el tiempo. No obstante, apuntó que la causa del retraso es "estructural" en los juzgados de la jurisdicción social en Sevilla.
ADELANTADO A DICIEMBRE DE ESTE AÑO
Los hechos se remontan a junio de 2021, cuando el letrado presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla en la que reclamaba a la universidad de la capital andaluza una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral".
La demanda fue admitida por el juzgado, que indicó al abogado que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no llegaran a un acuerdo, quedaban fijados para el 7 de noviembre de 2024, esto es, más de tres años después, aunque finalmente la vista se celebrará en diciembre de 2022 tras reubicarlo el juzgado.
Su recurso ante el TC llama la atención sobre que esa fecha supone aguardar "más de tres años", lo que --esgrime el abogado del demandante-- vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, en concreto, a un proceso sin dilaciones indebidas.
Además, subraya que en el ámbito laboral esta tardanza supone un perjuicio especial porque suele conllevar que "muchos justiciables se resignen a acudir al auxilio judicial para defender sus legítimas pretensiones". "En muchos casos, se trata de trabajadores que no han percibido, siquiera, las indemnizaciones mínimas legales", resalta.
En el caso concreto de Sevilla, expone el letrado al TC, "la situación se agrava por cuanto ya se están señalando juicios para" el año 2026, lo que considera "una auténtica aberración, una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva".
Sánchez Bernal hizo hincapié en su recurso en las "innegables carencias estructurales que surgen con el aumento del número de causas, de la falta de medios personales y materiales, así como de la alta carga de trabajo", en parte provocada por la pandemia.
