MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Sección de la Fiscalía en lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) emitió en el 2021 el triple de dictámenes (443 frente a 143) en recursos de casación que el año anterior, de los cuales el 99% (410) tuvieron que ver con derechos fundamentales, debido en buena medida a la incidencia de la pandemia y sus restricciones en los asuntos a resolver por el alto tribunal.
Formada por cuatro fiscales, esta sección intervino en 245% más de recursos de casación sobre derechos fundamentales: 410 el año pasado y 119 en 2020, según los datos de la última Memoria Anual del Ministerio Fiscal correspondiente a su actividad en 2021, que ha sido presentada hoy con motivo de la apertura del año judicial.
Más allá de los recursos de casación, también han aumentado de una manera notable las actuaciones de este equipo de fiscales en los procedimientos ordinarios hasta un 106%, así como en los procesos de reclamación de errores judiciales (81%), en los recursos de revisión de sentencia firme (50%), jurisdicción y competencia (49%) y expedientes de asistencia jurídica gratuita (93%).
Por el contrario, el único descenso se ha producido en los recursos contencioso-administrativos directos, es decir, aquellos que la Sala Tercera del Supremo tramita y enjuicia en única instancia, que han pasado de ser 152 en 2020 a 124 en 2021 (18%).
En general, y según la Memoria Anual de la Fiscalía, recogida por Europa Press, en lo que a sus estrictos cometidos se refiere, el incremento de trabajo para estos fiscales ha supuesto un global del 70% (766 frente a 451 en 2020), sobre todo los que atañen a derechos fundamentales (464), incluyendo los dictámenes emitidos tanto en sede de recursos de casación como directos, lo que significa un aumento del 129%, en tanto que en el resto de los procedimientos a cargo de esta sección las intervenciones han crecido en un 27%.
Buena parte de la culpa de que se hayan disparado las intervenciones de los fiscales en procesos de derechos fundamentales está la repercusión de la pandemia. "No cabe duda que la incidencia de la misma ha tenido una relevancia notable en el ejercicio 2021 y así es de esperar que se mantenga en los próximos años", resalta.
Ante este volumen de trabajo, el Ministerio Público reclama la necesidad de reforzar la plantilla actual con más personal, "dado que se ha venido asumiendo el incremento de la carga laboral sin haberse ampliado la actual plantilla de fiscales", señala.
Por otra parte, la Sección Civil aumentó de 4.303 en 2020 --menor por la parálisis judicial fruto de la pandemia-- a 7.361 en 2021 los informes despachados, con todo superior a los 6.308 del año 2019. En la Penal se incrementaron a 8.137 los nuevos asuntos (frente a 5.636) y en lo Social la subida fue menor, de 4.207 a 4.753.
TC, AN Y TERRITORIALES
La Memoria Anual del Ministerio Fiscal recoge a su vez datos sobre su actividad ante el Tribunal Constitucional (TC), donde los asuntos registrados en 2021, 6.063, por los fiscales allí destinados fueron menos en comparación con hace dos años, cuando hubo 6.566.
Respecto a la Audiencia Nacional, la Fiscalía Ordinaria abrió 805 diligencias previas en los Juzgados Centrales de Instrucción, mientras que Antidroga hizo 61 y Anticorrupción incoó 21. Todas suman en total 887, cifra inferior a las iniciadas en 2020: 1.002, muy por debajo de las 4.705 que se le asignaron a lo largo de 2019.
Las distintas Fiscalías autonómicas y provinciales repartidas por toda España siguieron inmersas el año pasado en el escenario "marcado por la crisis sanitaria", lo que afectó de "forma relevante" a su actividad, aunque de forma "paliada" respecto a 2020 por el fin del confinamiento y la aparición de medios tecnológicos que facilitaron que los órganos judiciales continuaran operando.
Con todo, los fiscales en los distintos territorios participaron en 1,9 millones de procedimientos, una décima más que en su precedente, de las que 1,4 millones fueron diligencias previas.
