La Constitución de 1978 fue generosa y expresiva con el poder judicial. Semánticamente, iba a ser el único “poder del Estado” (“Del poder judicial”); su conexión con el pueblo y con el Rey (“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”), no pudo ser más evidente.
La Justicia encarnaba, pues, la esperanza en el nuevo “Estado social y democrático de derecho” que, en 1978, “la Nación española” deseaba establecer “en uso de su soberanía”. Así se proclamaba el deseo de “establecer la justicia, la libertad y la seguridad”, que son considerados, en el artículo primero de la Carta Magna, junto con el “pluralismo político” como los “valores superiores del ordenamiento jurídico”.
Todos los poderes públicos, sin distinción.
Por otra parte, la Constitución (122.2) estableció, como “órgano de gobierno” del poder judicial al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tengo, personalmente, el privilegio de haber sido el único de los jueces españoles que, durante dos mandatos íntegros -y prorrogados-, ha formado parte del mismo; en una ocasión a propuesta del Senado y en otra, del Congreso de los Diputados. En algún informe normativo del propio órgano se puso de manifiesto -en línea con las constituciones europeas precedentes- que su razón de ser no era otra que “desapoderar al Poder Ejecutivo de las facultades relativas a la administración del estatuto judicial y evitar que, a través de la misma, pudiera, aunque fuese de manera indirecta, condicionar la actuación del juez”.
En el marco de una lealtad entre los poderes, la obligación y función constitucional del CGPJ resulta palmaria. Hans Kelsen destacaba su importancia en el ámbito de los poderes del Estado: “No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien, pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del Derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces”.
El Poder Judicial ha venido cumpliendo con los mandatos que la Constitución le encomendó, y el CGPJ ha venido gestionando y posibilitando tal cumplimiento; ha procurado otorgar seguridad jurídica a la sociedad y respetar el principio de legalidad. Esto es, el poder judicial ha respondido ante la sociedad, ante los ciudadanos y ante el resto de los poderes del Estado, pese a las deficiencias estructurales y la escasez de medios que le afectan, y pese a los déficits normativos procedentes de los otros poderes, con cambios incesantes de las normas rayanos en la inseguridad jurídica.
Y lo realizado, con eficacia, en tiempos convulsos, en tiempos de crisis económica, en tiempos de inestabilidad política, e incluso en tiempos de pandemia. No es necesario recordar cómo se han dictado -de forma lenta, pero motivada y segura- numerosas resoluciones, de todos los órdenes jurisdiccionales, resolviendo los más variados conflictos que se han generado en nuestra sociedad, y que los abogados han encauzado adecuadamente: desde los conflictos privados sobre cuestiones económicas que han afectado a incontables ciudadanos, hasta los grandes procesos penales en los que se han visto implicados casi todos los partidos políticos y otras instituciones del Estado; desde la interpretación de las normas sobre la reforma laboral, hasta los más variados litigios entre los ciudadanos y las administraciones públicas (o entre estas entre sí); desde la aplicación de las normas sobre violencia de género, hasta las dirigidas a la implementación del principio de igualdad en todos sus ámbitos y circunstancias personales.
Hay que señalar también cómo el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia asumieron con eficacia, y buscando la seguridad jurídica, la validación o autorización de las actuaciones administrativas en materia sanitaria que se les encomendó durante la pandemia, posteriormente declarada inconstitucional al tratarse de un cometido que no se corresponde con el ejercicio de la potestad jurisdiccional “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.
¿Qué hubiera sido de este país sin tales decisiones?
Sin embargo, las Cortes Generales -el Congreso y el Senado- no han cumplido con el poder judicial. La renovación de los componentes del CGPJ cada cinco años, que impone el artículo 122.3 de la Constitución, se incumple desde hace ya casi cuatro años. Pese a la insistencia y reiteración del CGPJ, y de su presidente, la situación de incumplimiento persiste y se petrifica un año más, alcanzando ya el grado de mutación constitucional permanente. No se trata de una dilación indebida, sino de un flagrante incumplimiento constitucional, que dará lugar indeseadas consecuencias para el Estado de derecho y, sobre todo, para los propios ciudadanos.
Este impasse no puede reducirse, por su gravedad, a un mero problema de partidos políticos. Se trata de un problema institucional, de una quiebra sistémica y estructural que afecta a la esencia y funcionamiento del propio Estado. En particular, estamos ante un problema de los órganos constitucionales que se mencionan en el artículo 122.3 de la Constitución (el Congreso y el Senado), de los que no consta actuación parlamentaria encaminada a someter a votación propuesta alguna dirigida al cumplimiento del citado precepto.
Es evidente que los augurios del Tribunal Constitucional en su temprana sentencia de 1986 sobre la actuación parlamentaria (STC 108/1986, de 29 de julio), se han confirmado. Se temía que “las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”. El Alto Tribunal era consciente de que “la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.
No ha ocurrido así. En vez de proceder al mencionado cumplimiento constitucional, el Parlamento, primero, limitó las competencias del CGPJ por encontrase en funciones (pese a ser el causante de tal situación), y luego -en un espectacular eslalon normativo- devolvió las competencias, pero sólo para el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional, manteniendo la lenta agonía, por falta de nombramientos y de renovaciones, de los tribunales ordinarios.
La discriminación no puede ser más elocuente. Jaque mate al poder judicial, como predijera hace tiempo Rafael Mendizábal.
Y, mientras tanto, el CGPJ ha empezado a cumplir una vez más la ley -la última ley, de momento- como es su obligación constitucional, convocando una reunión plenaria para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, mientras contempla, impotente competencialmente, la agonía de sus tribunales ordinarios y el incumplimiento del artículo 123 de la Constitución, incomprensible en el ámbito de la sorprendida Unión Europea.
La cuerda se está tensando durante demasiado tiempo y las consecuencias pueden ser irreversibles en el terreno de las libertades individuales, de los derechos de los particulares y, sobre todo, de la confianza de los ciudadanos en la justicia, y en las demás instituciones democráticas.
El profesor García de Enterría, recordando a Alexis de Tocqueville, señalaba, en relación, con el poder judicial: “Tal poder es por ello especialmente aplicable a las necesidades de la libertad en un tiempo en que el ojo y la mano del soberano se introducen sin cesar en los más pequeños detalles de las acciones humanas, y donde los particulares, demasiado débiles para protegerse por sí mismos, están también demasiado aislados para poder contar con la ayuda de sus semejantes. La fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual”.
Ni los jueces, ni el CGPJ ni su presidente Carlos Lesmes pueden abandonar a los ciudadanos, como no lo han hecho nunca; y no lo pueden hacer ahora. No es momento de deserciones. La responsabilidad por la situación creada no es del Poder Judicial, sino de los otros poderes, como se ha puesto de manifiesto. Un paso atrás es una derrota del Estado de Derecho que, en todo caso, debe prevalecer.
Los jueces y los vocales pasarán, antes o después serán sustituidos por otros, pero si la Constitución no se cumple de inmediato con la renovación del CGPJ, el daño será tremendo e irreversible, y sólo los otros poderes del Estado serán los responsables ante los ciudadanos.
Que cada palo aguante su vela, como Magallanes y Elcano hicieron hace 500 años.
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