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  • EDICIÓN DE 06/09/2022
 
 

El TS establece cuándo se devenga la pensión de alimentos en los procesos matrimoniales

06/09/2022
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Es objeto de impugnación la sentencia que estableció que la pensión de alimentos a los hijos fijada por el juzgado de primera instancia tendría efectos desde la interposición de la demanda y no desde la fecha de la sentencia del juzgado, como resolvió este último; asimismo, elevó la cuantía de los alimentos, con efectos desde la interposición de la demanda.

Iustel

Para resolver el recurso el Supremo examina la doctrina sobre el devengo de alimentos en los procesos matrimoniales, doctrina que tiene establecido reiteradamente que los alimentos cuando se fijan por primera vez se devengan desde la interposición de la demanda en aplicación del art. 148.1 del CC, porque hasta esa fecha no está determinada la obligación. En aplicación de dicha doctrina, confirma la sentencia recurrida que fijó que los alimentos se devengan desde la interposición de la demanda. Sin embargo, casa la sentencia en cuanto al elevar el importe de la pensión de alimentos determinó que tal modificación producía eficacia desde la interposición de la demanda, cuando los efectos lo son desde que fue dictada.

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 23/05/2022

Nº de Recurso: 3775/2021

Nº de Resolución: 412/2022

Procedimiento: Recurso de casación

Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA

Madrid, a 23 de mayo de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por D. Nazario , representado por la procuradora D.ª M.ª José Ferrando Hernández, bajo la dirección letrada de D. Jesús Manuel Bueno Bellido, contra la sentencia n.º 8/21, dictada por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el recurso de apelación n.º 330/2020, dimanante de las actuaciones de divorcio contencioso n.º 744/19, del Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de Zaragoza. Ha sido parte recurrida D.ª Milagros , representada por el procurador D. Carlos Enrique Alfaro Navas y bajo la dirección letrada de D.ª Pilar Español Bardaji.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1.- El procurador D. José Alfonso Lozano Vélez de Mendizábal, en nombre y representación de D.ª Milagros , interpuso demanda de divorcio contencioso contra D. Nazario , en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] acordando el divorcio, con los siguientes efectos y MEDIDAS DEFINITIVAS:

A).- Que la guarda y custodia de los hijos menores, sea otorgada a la madre Doña Milagros , siendo la autoridad familiar compartida por ambos progenitores. B).- Que el uso del domicilio conyugal, sito en Zaragoza, DIRECCION000 nº NUM000 , sea otorgado a la Sra. Milagros junto a sus hijos.

Es una vivienda propiedad privativa de mi representada quien se encarga de sufragar los gastos de suministro, propiedad e hipoteca.

C).- Que en relación al régimen de visitas, que los hijos se relacionen libremente con el padre. D).- Periodos de vacaciones.-

En defecto de acuerdo entre los hijos y ambos progenitores, a título orientativo, se indica:

Las vacaciones escolares de verano que correspondan los meses de julio y de agosto, a repartir por quincenas, alternas, en los siguientes periodos:

1º Periodo.- Desde las 20,00 del día 30 de junio hasta las 20,00 horas mañana del día 16 de julio. 2º Periodo.- Desde las 20,00 del día 16 de Julio a las 20,00 horas del 31 de Julio.

3º Periodo.- Desde las 20,00 horas del 31 de julio a las 20,00 horas del 16 de agosto. 4º Periodo.- Desde las 20,00 horas del 16 de agosto a las 20,00 horas del 31 de agosto. Vacaciones escolares de Navidad.- Se dividirán en dos periodos:

1º Periodo.- Desde la salida de colegio de inicio de las vacaciones, hasta las 13,00 horas del día 31 de diciembre. 2º Periodo.- Desde las 13,00 horas del día 31 de diciembre hasta el inicio del curso escolar.

En todos los periodos vacacionales, la madre podrá decidir el periodo de vacaciones en los años pares y el padre en los años impares.

Las vacaciones escolares de Semana Santa y Fiestas del Pilar corresponderán íntegras cada año a un progenitor de la siguiente forma.

Los años pares corresponde la Semana Santa a la madre y las Fiestas del Pilar al padre y los años impares corresponden la Semana Santa al padre y las Fiestas del Pilar a la madre.

Durante los periodos vacacionales se suspenderá el régimen de visitas establecido. Así, tras cada periodo de vacaciones las visitas se han de reanudar en la forma en que quedaron antes del comienzo del último periodo de vacaciones y el progenitor que disfrutó del último fin de semana antes de las vacaciones no disfrutará del primer fin de semana tras las vacaciones.

Día de la Madre, del Padre y cumpleaños de éstos.-

En el día de la Madre, del Padre y las festividades de cumpleaños del padre o de la madre, si no coinciden con estancias con el progenitor celebrante, los hijos podrán estar con éste hasta las 20,30 horas, si coinciden con día lectivo, y desde las 10 horas hasta las 20 horas, si coinciden con día no lectivo o de vacaciones.

F).- Pensión de alimentos y gastos de asistencia.-

Don Nazario abonará a Doña Milagros , el importe anual de 8.400 € abonados en cuotas mensuales de 700

€ por hijo, un importe mensual de 1.400 €.

Esta mensualidad se abonará por transferencia bancaria en la cuenta corriente número NUM001 en concepto de alimentos para los hijos, abonada por anticipado durante los cinco primeros días de cada mes y se revalorizará cada 1 de enero conforme al aumento del Índice de Precios al Consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo análogo que pudiera en su día sustituirle.

Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores al cincuenta por ciento. Se entenderá como gasto necesario, los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, los libros de inicio de curso, y aquellas actividades deportivas, y/o de idiomas que acuerden los progenitores.

Los gastos extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos a los que lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido la realización del gasto".

2.- La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de Zaragoza y se registró con el n.º 744/2019. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada para contestar a la demanda, y a los mismos efectos se emplazó al Ministerio Fiscal.

3.- El Ministerio Fiscal presentó el correspondiente escrito y la procuradora D.ª M.ª José Ferrando Hernández, en representación de D. Nazario , contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba al juzgado:

"[...] se dicte en su día sentencia por la que estimando íntegramente esta contestación, se declare haber lugar al divorcio solicitado, así como que se decrete la disolución de pleno derecho del consorcio conyugal, y todo ello con imposición de costas a la parte demandante, acordando la inscripción de la sentencia en el Registro Civil de Zaragoza, con los siguientes efectos y MEDIDAS DEFINITIVAS:

A) GUARDIA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS MENORES, se otorga a la madre DOÑA Milagros , siendo la autoridad familiar compartida por ambos progenitores.

B) USO DEL DOMICILIO CONYUGAL, corresponde a los hijos y a la Señora Milagros , que sufragará los gastos de suministros, propiedad e hipoteca.

C) REGIMEN DE VISITAS: los hijos pueden relacionarse libremente con sus padres, por el bien de los hijos, dada su edad, sería conveniente que decidiesen ellos.

D) PERIODOS DE VACACIONES: de acuerdo con lo manifestado en la demanda que se da por reproducido.

E) PENSION DE ALIMENTOS Y GASTOS DE ASISTENCIA.

Don Nazario abonará a Doña Milagros , el importe de 7.200 euros por los dos hijos, a razón de 600 euros al mes, a abonar durante los 5 primeros días de cada mes y se actualizará cada 1 de enero conforme a la variación del Indice de Precios al Consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo análogo que pudiera sustituirle.

Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores al 50 %, se entenderán como necesarios los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social o por el Seguro privado si lo hubiera, los libros de inicio de curso y las actividades que acuerden expresamente los progenitores.

Los gastos extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos expresos de los progenitores y si no hay acuerdo se abonarán por el progenitor que haya decidido la realización del gasto".

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de Zaragoza dictó sentencia de fecha 10 de diciembre de 2019, con la siguiente parte dispositiva:

"Que estimo parcialmente la demanda de divorcio interpuesta por Dª. Milagros contra D. Nazario y en su virtud, debo declarar y declaro el divorcio y, por ende, la disolución del matrimonio formado por los cónyuges al existir causa legal para ello, que se regirá por las siguientes medidas:

1) Guarda y custodia: Se atribuye la custodia individual de los dos hijos menores de edad Camila y Andrés a la madre Sra. Milagros , siendo la autoridad familiar compartida entre ambos progenitores y un régimen de visitas libre con el padre D. Nazario conforme a los acuerdos que alcancen el padre con los hijos.

En todo caso en los periodos de vacaciones, en defecto de acuerdo entre los hijos y ambos progenitores, a título orientativo, se indica:

- Las vacaciones escolares de verano que correspondan los meses de julio y de agosto, a partir por quincenas, alternas, en los siguientes periodos:

1º periodo.- Desde las 20,00 del día 30 de junio hasta las 20,00 horas del día 16 de julio. 2º Periodo.- Desde las 20,00 del día 16 de Julio a las 20,00 horas del 31 de Julio.

3º Periodo.- Desde las 20,00 horas del 31 de julio a las 20,00 horas del 16 de agosto. 4º Periodo.- Desde las 20,00 horas del 16 de agosto a las 20,00 horas del 31 de agosto. Vacaciones escolares de Navidad.- Se dividirán en dos periodos:

1º Periodo.-Desde la salida de colegio de inicio de las vacaciones, hasta las 13,00 horas del día 31 de diciembre.

2º Periodo.- Desde las 13,00 horas del día 31 de diciembre hasta el inicio del curso escolar.

En todos los periodos vacacionales, la madre podrá decidir el periodo de vacaciones en los años pares y el padre en los años impares.

Las vacaciones escolares de Semana Santa y Fiestas del Pilar corresponderán íntegras cada año a un progenitor de la siguiente forma. Los años pares corresponde la Semana Santa a la madre y las Fiestas del Pilar al padre y los años impares corresponden la Semana Santa al padre y las Fiestas del Pilar a la madre.

Durante los periodos vacacionales se suspenderá el régimen de visitas establecido. Así, tras cada periodo de vacaciones las visitas se han de reanudar en la forma en que quedaron antes del comienzo del último periodo de vacaciones y el progenitor que disfrutó del último fin de semana antes de las vacaciones no disfrutará del primer fin de semana tras las vacaciones.

Día de la Madre, del Padre y cumpleaños de éstos.-

En el día de la Madre, del Padre y las festividades de cumpleaños del padre o de la madre, si no coinciden con estancias con el progenitor celebrante, los hijos podrán estar con éste hasta las 20,30 horas, si coinciden con día lectivo, y desde las 10 horas hasta las 20 horas, si coinciden con día no lectivo de vacaciones.

2) La autoridad familiar de los hijos menores será compartida entre ambos progenitores. Por tanto deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto a sus hijos adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario de este deban conocer ambos padres. Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo. Ambos padres participarán en las decisiones que con respecto al menor tomen en el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en el ámbito escolar, o en el sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas. Sobre esa base se impone la intervención de ambos en decisiones relativas al cambio de centro escolar o cambio de modelo educativo. Se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro. Se impone igualmente la decisión conjunta en cuanto a actos y celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la realización del acto religioso como al modo de llevarlo a cabo y en defecto del mismo habrá de decidirse judicialmente y sin que al respecto sobre estos actos tenga prioridad de decisión el progenitor a quién le corresponda tener al hijo y coincida con el día en que vaya a tener lugar el mismo sin que a su vez por causa de estos pueda modificarse el sistema de alternancia en las estancias establecidas. Los dos padres deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten a su hijo y concretamente tienen derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica, y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho a obtener información a través de las reuniones habituales con los tutores o servicios de orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado. De igual manera tienen derecho a obtener información médica de su hijo y a que se les faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten. El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía del hijo podrá adoptar decisiones respecto al mismo sin previa consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida con la menor pueden producirse. Por último de no mediar consentimiento mutuo del que quede debida constancia material no podrá ninguno de los progenitores subir imágenes, vídeos ni reportajes del menor en redes sociales ni en Instagram.

3) Se atribuye el uso del domicilio conyugal ubicado en calle DIRECCION000 , nº NUM000 de Zaragoza a la Sra. Milagros en compañía de los hijos, quien asumirá el pago de los gastos relativos a la vivienda derivados de su uso y los inherentes a la titularidad.

4) Se fija una pensión de alimentos para los dos hijos de 800 euros mensuales (400 euros por cada hijo) a cargo del Sr. Nazario , debiendo ser ingresadas estas cantidades, mediante transferencia o ingreso en efectivo, dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la Sra. Milagros , cantidades que serán revalorizables automáticamente conforme a la elevación del IPC que publique el INE u Organismo oficial que pudiera sustituirle, teniendo lugar la primera actualización el 1 de enero de 2021.

Se iniciará el abono de dicha pensión en diciembre de 2019.

Se incluirán en dicha cantidad los gastos de matrícula en colegio público o concertado, libros y material escolar de inicio de curso, AMPA, plataforma digital, uniforme y ropa de deporte si es exigida por el centro educativo.

En cuanto a los gastos extraordinarios necesarios se entienden por los mismos los de tratamiento médico, farmacia, gafas, lentillas, ortodoncia, ortopedia, audífonos, no cubiertos por el sistema público de salud o una entidad médica privada así como las clases de refuerzo o apoyo escolar recomendados o prescritos por el centro educativo o de otro tipo de tratamientos prescritos por facultativos u otros profesionales. Por lo que se refiere a la distribución del pago de estos gastos, ambas partes los asumirán al 50 por ciento.

En el caso de tener que reclamar judicialmente a uno de los progenitores el abono de la parte que corresponda por un gasto extraordinario necesario será requisito previo imprescindible acreditar por medio del que quede debida constancia haber procedido a solicitar el abono de su importe y en la cantidad exacta a aquel al efecto de constatar que tuvo debido conocimiento del mismo.

Los gastos extraordinarios no necesarios entendiendo por éstos toda clase de actividades extraescolares, cursos de verano, colonias, viajes de estudios y semejantes serán satisfechos en la misma proporción antes referida por ambos padres si existe acuerdo entre ambos, y en caso contrario serán abonados por el progenitor que decida efectuar el dispendio.

5) Se acuerda la disolución del régimen económico conyugal, consorcio aragonés desde sentencia. Todo ello sin condena en costas a ninguna de las partes".

Con fecha 12 de febrero de 2020 el Juzgado dictó auto de complemento de sentencia cuyo fallo es como sigue:

"Se completa la sentencia de 10 de diciembre de 2019 dictada en las presentes actuaciones, añadiendo en el tercer párrafo del apartado 4 del Fallo, lo siguiente:

"Las partes abonarán al 50 por ciento el seguro privado médico y los libros del curso de los hijos comunes"".

SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D.ª Milagros .

2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que lo tramitó con el número de rollo 330/2020, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 13 de enero de 2021, cuya parte dispositiva dispone:

"FALLAMOS:

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por Dª Milagros , y desestimando la impugnación formulada por D. Nazario contra la sentencia de fecha 10-12-2019, dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 DE ZARAGOZA en los autos de Familia. Divorcio contencioso nº 744/2019 - 00, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en el único sentido de elevar a 900 € mensuales, 450 € por hijo, la pensión alimenticia estipulada a cargo del progenitor, con efectos desde la fecha de interposición de la demanda que nos ocupa.

Los gastos de libros del curso académico y seguro médico privado, serán abonados al 50% por los progenitores".

TERCERO .- Interposición y tramitación del recurso de casación

1.- La procuradora D.ª M.ª José Ferrando Hernández, en representación de D. Nazario , interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Motivo primero. Por infracción de los arts. 148.1 CC, en relación con los arts. 142, 106.1 y 774.5 LEC. Motivo segundo . Por infracción de los arts. 148.1 CC, en relación con los arts. 142, 106.1 y 774.5 LEC. Motivo tercero. Por infracción de los arts. 106 CC, en relación con los arts. 142, 106.1 y 774.5 LEC".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 3 de noviembre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"1.º Admitir el recurso de casación interpuesto por don Nazario contra la sentencia dictada con fecha de 13 de enero de 2021 por la Audiencia Provincia del Zaragoza (Sección 2.ª), en el rollo de apelación n.º 330/2020, dimanante del juicio de divorcio n.º 744/2019 del Juzgado de Primera instancia n.º 22 de Zaragoza.

2.º Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso. Transcurridos los cuales dese traslado al Ministerio Fiscal.

Contra este Auto no cabe recurso".

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito. El Ministerio Fiscal también presentó el correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 31 de marzo de 2022 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 17 de mayo del presente, fecha en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente debate judicializado hemos de partir de las circunstancias siguientes:

1º.- La actora D.ª Milagros promovió demanda de divorcio contra su marido D. Nazario , solicitando las medidas definitivas derivadas de la disolución del vínculo matrimonial.

2º.- El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de Zaragoza. Seguido el correspondiente procedimiento, con oposición del demandado, finalizó por sentencia de 10 de diciembre de 2019 que, en lo que ahora nos interesa, fijó una pensión de alimentos de 800 euros para los dos hijos comunes (400 euros por cada hijo), con actualización anual con el IPC, disponiéndose que se procedería a su abono a partir del 19 de diciembre de 2019.

3º.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por ambas partes. La actora postuló se elevase la pensión de alimentos a 700 euros por cada hijo con efectos desde la fecha de admisión a trámite de la demanda en junio de 2019. Por el contrario, el demandado, por vía e impugnación, que se redujese a 300 € por hijo, desde diciembre de 2019.

4º.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia que, tras valorar la prueba practicada en las actuaciones, llegó a la conclusión de que el demandado contaba con recursos económicos superiores a los que indicaba, con lo que elevó los alimentos a 900 euros mensuales (450 euros por cada hijo), con efectos desde la fecha de interposición de la demanda, con la precisión de que los gastos de libros del curso académico y seguro médico privado serán abonados al 50%.

5º.- Contra dicha sentencia se interpuso por el demandado el presente recurso de casación.

SEGUNDO.- Motivos y fundamento del recurso de casación

El recurso se interpuso, por interés casacional, al amparo del art. 477.2.3.º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), con fundamento en tres motivos.

En el primero de ellos, con base en la infracción de los arts. 148.1 del Código Civil (en adelante CC), en relación con los arts. 106.1 y 142 del referido texto legal.

En su desarrollo, se razonó que debía mantenerse el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, que había acordado el devengo de alimentos desde la fecha en que fue dictada, esto es en diciembre de 2019. La razón esgrimida al respecto radica en que, desde la separación entre los litigantes, el demandado vino girando la suma de 600 euros al mes por tal concepto, así como procedió al pago del seguro médico privado, que la sentencia del tribunal provincial acordó se abonase por partes iguales entre los litigantes, y todo ello a los efectos de evitar pagar dos veces por el mismo concepto. Como fundamento del recurso se invocó la doctrina de esta Sala expresada en la sentencia 183/2018, de 4 de abril, y las en ella citadas.

El segundo de los motivos del recurso se fundó en la lesión de los mismos preceptos del Código Civil, y se citó como doctrina de esta Sala 1.ª la contenida en las sentencias 600/2016, de 6 de octubre y 644/2020, de 30 de noviembre, en el sentido de que habrá de descontarse lo pagado, en concepto de alimentos, a los efectos de evitar se produzca una duplicación de pago por dicho concepto.

El tercero de los motivos se basó en la infracción de los arts. 106 y 142 CC. En su desarrollo, se sostuvo que la sentencia recurrida extiende los efectos de la modificación de la cantidad de la pensión desde la interposición de la demanda, lo que es contrario a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia, que establece que los efectos de la modificación serán desde la fecha de la sentencia en el caso de la segunda instancia, con cita, en esta ocasión, de las sentencias 183/2018, de 4 de abril, que asimismo se apoya en la sentencia 162/2014, de 26 de marzo.

Los recursos versan sobre la infracción de los mismos preceptos y pretenden, en definitiva, que se modifique la sentencia recurrida, y se establezca que la pensión de alimentos, fijada en primera instancia, desencadena sus efectos desde que se dictó sentencia por el juzgado; o, alternativamente, en cualquier caso, se descuente el dinero que pagó el padre como pensión de alimentos y por el seguro médico, así como que se proclame que el efecto de la sentencia de la Audiencia, al elevar el montante de los alimentos, se devengue desde la fecha en que se dictó, y no desde la interposición de la demanda. Como quiera que las infracciones denunciadas están íntimamente conectadas entre sí serán objeto de tratamiento conjunto, sin que ello suponga merma alguna del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, al obtener de esta forma una decisión fundada en derecho sobre la problemática que plantea en su recurso.

TERCERO.- El devengo de alimentos en los procedimientos matrimoniales, las particularidades de su régimen jurídico

Es obvio, que los padres tienen una indiscutible obligación legal de satisfacer alimentos a sus hijos menores ( arts. 93 y 142 del CC) como elemental manifestación del deber de cuidado impuesto por el ejercicio de la patria potestad, que así expresamente lo establece ( art. 154.1.º CC). El art. 92 del CC señala, por su parte, que la separación, nulidad y divorcio no exime a los padres de las obligaciones con respecto a sus hijos, y el art. 93 II posibilita incluso que, en los procedimientos matrimoniales, se fijen alimentos a favor de los hijos mayores de edad o emancipados, que convivieran en el domicilio familiar y carecieran de ingresos propios.

Esta Sala ha declarado que no es sostenible que todo lo dispuesto en el Titulo VI del Libro I del Código civil, sobre alimentos entre parientes, no sea aplicable a los debidos a los hijos menores en los procedimientos matrimoniales o en los de ruptura de las parejas de hecho, y, por consiguiente, lo dispuesto en el art. 148.1 CC ( sentencias 917/2008, de 3 octubre; 402/2011, de 14 de junio; 653/2012, de 30 de octubre; 742/2013, de 27 de noviembre y 573/2016, de 29 de septiembre, entre otras).

El art. 148.1 CC norma que los alimentos se abonarán desde la fecha de la interposición demanda. La inconstitucionalidad promovida sobre su aplicación, con respecto a la obligación de los progenitores de prestarlos a los hijos menores que dimana del art. 39.3 CE, fue inadmitida por el auto del Pleno del Tribunal Constitucional 301/2014, de 16 diciembre, toda vez que "[...] no pone en duda la obligación constitucional de alimentos a los hijos menores, sino que regula el momento en que la obligación resulta exigible cuando hay un litigio entre los obligados a prestar alimentos y el alimentado", y añade:

"El juicio de constitucionalidad, por tanto, debe referirse a este último caso, es decir, a la limitación temporal de la exigibilidad de los alimentos, prevista en el inciso cuestionado, y su aplicación a los supuestos de alimentos debidos a los hijos menores de edad, en la medida en que este supuesto no se excepciona en la norma. El órgano proponente sostiene que este supuesto requiere una solución especial y no la general, prevista en el artículo 148 del Código Civil, en relación con el artículo 39.3 CE y habida cuenta de las diferencias entre el derecho de alimentos entre parientes y la obligación constitucional de alimentos a los hijos menores. En puridad, no puede considerarse que estemos ante dos posibles interpretaciones que cabría atribuir al precepto legal (inclusión o exclusión de los alimentos a hijos menores), pues el contenido del mismo y su vocación general son claros. Además, ha de recordarse que los preceptos relativos a los alimentos entre parientes, entre ellos, el art. 148 del Código Civil, se aplican en los supuestos de alimentos que dimanan de la patria potestad ( art. 154.1 del Código civil) con carácter supletorio, de conformidad con el art. 153 del Código civil, también de significado unívoco.

[...] A mayor abundamiento, la norma cuestionada [la contenida en la frase final del art. 148.I CC] parece superar el juicio de ponderación con otros intereses, en concreto, el de los progenitores, que aun siendo de menor rango con relación al menor, deben ser tomados en consideración ( STC 185/2012, de 27 de octubre, FJ 4, entre otras). Respecto al progenitor custodio la norma no es excluyente, pues nada le impide formular la demanda en reclamación de alimentos tan pronto como nace la obligación. Respecto al progenitor no custodio, tampoco es excluyente pues puede cumplir voluntariamente la obligación desde que ésta nace y, en los supuestos de cumplimiento forzoso, una delimitación temporal de la exigibilidad de los alimentos parece proporcionada para evitar una situación de pendencia, difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C)".

En coherencia con lo expuesto, en la sentencia 573/2016, de 29 de septiembre, señalamos que:

"Según dispone el artículo 148 del Código Civil, en ningún caso se abonarán los alimentos sino desde la fecha de la demanda, aunque con anterioridad se necesiten para subsistir. Esta regla se refiere únicamente a la petición de los alimentos, puesto que, como afirma la STS 328/1995, de 8 abril, una cosa es que se haya reconocido la relación jurídica de que derivan los alimentos y otra que estos se soliciten en tiempo y forma con fijación de la pensión, los plazos de abono de los mismos y la forma de hacerlos efectivos ( sentencia 14 de junio 2011)".

En la sentencia 574/2016, de 30 de septiembre, precisamos más cuando dijimos:

"4º La norma del artículo 148.I in fine CC, arriba citada, no implica que la obligación de alimentos entre parientes no exista y sea exigible -como ese mismo artículo empieza diciendo- "desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos". Y la obligación del padre y de la madre de prestar alimentos a los hijos menores de edad nace y es exigible desde el nacimiento del hijo, aunque la filiación no esté entonces legalmente determinada ( art. 112.I CC).

[...]

6.º) Cabe ciertamente discutir si es, o no, excesiva la protección que la repetida norma del artículo 148.I in fine CC concede al deudor de alimentos.

Tradicionalmente, se ha justificado con la máxima " in praeteritum non vivitur". Pero, si fuese esa la justificación, el alimentista nunca podría exigir al alimentante el pago de pensiones alimenticias atrasadas: vivió sin ellas; y lo contrario se desprende del artículo 1966.1ª CC. A lo que habría que añadir, contemplando la aplicación de aquella norma a la obligación del padre y de la madre de prestar alimentos a sus hijos menores de edad, que esa obligación no requiere que el hijo necesite los alimentos para subsistir.

La ratio de lo dispuesto en la frase final del artículo 148.I CC, lo que el legislador ha querido con tal disposición, es proteger al deudor de alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero (hasta cinco años de pensiones, a tenor del art. 1966.1ª CC) a quien podía desconocer o dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de alimentos.

Así lo ha explicado la doctrina científica más autorizada en la materia; que, sin embargo, critica al legislador por no haber llevado la "retroactividad" de los alimentos a la fecha de una reclamación extrajudicial de los mismos, y por no haber tenido en cuenta si el retraso en la reclamación se debió, o no, a una causa imputable al deudor de los alimentos. El artículo 237-5 del Código Civil catalán dispone:

"1. Se tiene derecho a los alimentos desde que se necesitan, pero no pueden solicitarse los anteriores a la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial.

2. En el caso de los alimentos a los hijos menores, pueden solicitarse los anteriores a la reclamación judicial o extrajudicial, hasta un periodo máximo de un año, si la reclamación no se hizo por una causa imputable a la persona obligada a prestarlos".

Pero no corresponde a esta sala aconsejar al legislador civil estatal la adopción, o no, de normas semejantes".

Esta Sala, en reiteradas ocasiones, ha tenido que manifestarse sobre la problemática que deriva de la obligación de alimentos en los procesos matrimoniales con respecto al momento de su devengo, las consecuencias de la modificación de su importe en sucesivas resoluciones judiciales revisoras, así como por lo que respecta a las consecuencias jurídicas derivadas de su satisfacción a los efectos de evitar la duplicación de pago, y el carácter consumible de los alimentos que impide la devolución de los percibidos, creando de esta forma el correspondiente cuerpo de doctrina, que podemos sintetizar de la forma siguiente:

(i) Los alimentos cuando se fijan, por primera vez, se devengan desde la fecha de interposición de la demanda en aplicación del art. 148.1 CC, incluso cuando sean establecidos por la Audiencia, al haber sido desestimados por el juzgado.

En este sentido, nos hemos pronunciado, por ejemplo, en la sentencia 644/2020, de 30 de noviembre, que reproduce la doctrina de la sentencia 86/2020, de 6 de febrero, cuando señala:

"Sobre la cuestión controvertida, relativa a la aplicación de la retroactividad limitada de los alimentos determinada en el art. 148 CC, debe de destacarse la reciente sentencia de esta sala STS 86/2020, de 6 de febrero, que ha venido a determinar: "[...] cuando la pensión se fija en la primera instancia, la pensión se ha de abonar desde la fecha de interposición de la demanda ( art. 148 del C. Civil)".

En igual sentido la sentencia invocada por el recurrente, de 17 de enero de 2019, cuando declara que "será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación...".

Siguiendo esta doctrina jurisprudencial, debemos entender que se acierta en la sentencia recurrida cuando se fijan los alimentos desde la interposición de la demanda, dado que la sentencia de la Audiencia Provincial es la primera sentencia que fija los alimentos, ya que la sentencia del juzgado no los fijaba y dejaba sin efecto los establecidos en el auto de medidas".

En este mismo sentido, relativo a que los alimentos se devengan desde la interposición de la demanda en primera instancia, las sentencias 483/2017, de 20 de julio, 183/2018, de 4 de abril y 32/2019, de 17 de enero.

(ii) Cuando los alimentos fijados en primera instancia se elevan o reducen en segunda instancia, el importe fijado por el tribunal provincial se devenga desde la fecha de la sentencia de la alzada, no desde la dictada en primera instancia.

En efecto, ya sea por la estimación de un recurso o por un procedimiento de modificación, "[...] cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente" ( sentencias 162/2014, de 26 de marzo y 573/2020, de 4 de noviembre).

Por eso, la elevación de cantidad fijada en apelación solo opera desde la fecha de la sentencia de la Audiencia, así nos pronunciamos en la sentencia 575/2019, de 5 de noviembre, en la que señalamos:

"En la sentencia recurrida se aumenta la pensión de alimentos, y se determina su pago desde la interposición de la demanda, en contra de lo determinado jurisprudencialmente ( sentencia 459/2018 de 18 de julio, entre otras).

Es doctrina de esta sala (sentencias de 15 de junio de 2015 y 26 de marzo de 2014) que de acuerdo con los arts. 774.5 LEC y 106 del C. Civil, las resoluciones que modifiquen los alimentos solo son operativas desde que se dicten, por lo que la cantidad que se fija en apelación solo es exigible desde la fecha de la sentencia de segunda instancia.

En base a lo expuesto, al asumir la instancia esta sala, debe declarar que la cantidad de 400 euros de alimentos, deberá abonarse desde la fecha de la sentencia de segunda instancia, para no incurrir en retroactividad".

De igual manera, nos expresamos en la sentencia 32/2019, de 17 de enero, en la que resolvimos:

"La aplicación de la anterior doctrina determina que, en este caso, el motivo haya de ser estimado ya que la sentencia recurrida eleva la pensión de alimentos para la menor a la cantidad de 300 euros mensuales y acuerda que el efecto de dicho incremento ha de retrotraerse al momento de interposición de la demanda (31 de julio de 2014) cuando la solución seguida por la jurisprudencia de esta sala da lugar a que el incremento tenga efecto exclusivamente desde la fecha del auto de complemento de la sentencia dictada por la Audiencia, que fue el que ha dado lugar a dicha elevación (3 de abril de 2018)".

Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, el artículo 106 del Código Civil establece que los "los efectos y medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo", y de otra, el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "los recursos que conforme a la Ley se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran adoptado en ésta", razones que llevaron a la Sala a entender que cada resolución habrá de desplegar su eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de demanda (porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación), no así las restantes que modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente.

En el mismo sentido, además de las citadas, las sentencias 389/2015, de 23 de junio y 183/2018 de 4 de abril.

(iii) Las sucesivas modificaciones de la cuantía de los alimentos, en virtud de procedimientos de revisión por alteración sustancial de circunstancias, desencadenan su eficacia a partir del momento en que fueron dictadas.

Así, en las sentencias 86/2020, de 6 de febrero y 644/2020, de 30 de noviembre, proclamamos:

"Esta Sala mantiene una doctrina constante en relación con la retroactividad de la pensión alimenticia, entendiendo que cuando se plantea procedimiento de modificación de medidas, la pensión que en él se fije (si es diferente a la de primera instancia), opera desde el dictado de la sentencia fallada en el procedimiento de modificación".

(iv) Todo ello, sin perjuicio de descontar las cantidades abonadas en concepto de alimentos por el condenado a su abono para evitar pagos duplicados de la misma prestación.

Así, en la sentencia 644/2020, de 30 de noviembre, dijimos:

"Sin embargo, sí debe estimarse parcialmente el motivo, en el sentido de que habrá de descontarse lo pagado en concepto de alimentos en virtud de medidas coetáneas a la interposición a la demanda, tal y como se solicita, para evitar el pago duplicado ( sentencia 600/2016, de 6 de octubre, y las que ella cita)".

Cabe, en consecuencia, descontar las que se venían abonando durante la sustanciación del procedimiento siempre claro está cuando se demuestre cumplidamente el pago por quien lo invoca.

En el concreto caso de la sentencia 459/2018 de 18 de julio, de modificación de medidas por cambio de residencia, de menor de 17 años, pasando de custodia materna a paterna, resolvimos que:

"[...] debe concluirse que no se está declarando la retroactividad de la pensión alimenticia, sino que se fija como fecha a partir de la cual debe abonar la madre la pensión, la de septiembre de 2015 (fecha posterior a la presentación de la demanda), que es el mes en el que la menor pasó a vivir con su padre, por expreso deseo de la menor y por acuerdo escrito y temporal de padre y madre, mientras se sustanciaba el procedimiento, lo cual es plenamente compatible con el art. 106 en relación con el art. 148, ambos del C. Civil, por lo que en este aspecto se desestima el motivo".

(v) No procede la devolución de los alimentos consumidos aunque la obligación de prestarlos fuera reducida o extinguida.

Dicha regla es manifestación de una reiterada doctrina de este tribunal que se remonta a la antigua sentencia de 18 de abril de 1913, que confirma la línea jurisprudencial de las sentencias de 30 de junio de 1885 y 26 de octubre de 1897, citadas en las sentencias de 202/2015, de 24 de abril y 573/2016, de 29 de septiembre, conforme a la cual los alimentos no tienen efectos retroactivos, "de suerte que no puede obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en necesidades perentorias de la vida". ( STS 483/2017, de 20 de julio y 630/2018 de 13 de noviembre). Su fundamento se encuentra en el carácter consumible de los mismos ( sentencias 600/2016, de 6 de octubre 2016 y 147/2019, de 12 de marzo).

CUARTO.- Estimación del recurso y asunción de la instancia

Con base en la doctrina jurisprudencial expuesta, el recurso debe ser desestimado, en tanto en cuanto la sentencia de la Audiencia fija que los alimentos se devengan desde la interposición de la demanda en aplicación del art. 148.1 CC, y no desde la fecha de la sentencia del juzgado, como resolvió este último.

No obstante, sí debe ser estimado cuando, al elevar el importe de la pensión de alimentos, establece el tribunal provincial que tal modificación al alza produce eficacia desde la fecha de interposición de la demanda y no desde que es dictada.

Todo ello, sin perjuicio del derecho del recurrente de acreditar la cantidad abonada voluntariamente, en concepto de alimentos, durante la sustanciación del litigio, a los efectos de evitar una duplicación en el pago. No obstante, no son susceptibles de ser descontadas las cantidades relativas al seguro médico privado que cubre también a los litigantes, al constituir partidas distintas a los alimentos fijados en dinero, no compensables.

QUINTO.- Costas y depósito

La estimación del recurso de casación determina que no hagamos expresa imposición de las costas ( art. 398.2 LEC), y que acordemos la devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido:

1.º- Estimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 8/2021, de 13 de enero, de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza (rollo de apelación n.º 330/2020), todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas y con devolución del depósito constituido para recurrir.

2º- Se casa dicha sentencia y, en su lugar, se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por D. Nazario

, en el sentido de declarar que los alimentos fijados por el Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de Zaragoza, en la sentencia 671/2019, de 10 de diciembre, pronunciada en los autos 744/2019, en cuantía de 800 euros (400 euros por cada hijo), son debidos desde la fecha de interposición de la demanda. El incremento de su montante a la suma de 900 euros (450 euros por cada hijo) produce efectos desde la fecha de la sentencia dictada por la Audiencia. Son descontables, en su caso, las cantidades abonadas por el demandado en concepto de alimentos para sus hijos durante la sustanciación del procedimiento judicial, a los efectos de evitar una duplicación de pagos, sin incluir las correspondientes al abono del seguro privado de asistencia sanitaria. Se ratifica la sentencia de la Audiencia en el resto de sus pronunciamientos, con la devolución del depósito para apelar del demandado.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.

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