MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
En 2019, un laudo arbitral dio la razón a FCC, alegando que la empresa cumplió con el contrato para descontaminar estas aguas del Ebro, un proyecto que se adjudicó en 2008 por 190 millones de euros. FCC reclama 60 millones de euros por los sobrecostes incurridos.
Sin embargo, la empresa pública que adjudicó el contrato, Acuamed, recurrió esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el cumplimiento de este laudo por coincidir con la investigación de una trama de corrupción en Acuamed que podría interferir con esta decisión.
Ante esta situación, FCC recurrió al Constitucional argumentando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, al derecho a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la Justicia.
Ahora, según una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, presidida por Pedro José González-Trevijano Sánchez, con fecha 27 de junio, se da por acreditada esta vulneración del derecho a la defensa.
Con ello se anulan también las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las que anularon el laudo arbitral favorable a FCC, y se retrotraen las actuaciones al momento anterior al dictado de estas resoluciones, es decir, al momento en el que el laudo dictó que Acuamed pagase una indemnización a la compañía.
