Rodríguez, que ha estado acompañado, por parte del Ministerio de Justicia, por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, ha destacado la función notarial, que “ha crecido en importancia debido a su indudable aporte a la paz social y por su trascendental contribución en la dimensión económica y social”.
El SEJ ha señalado que siempre ha existido una estrecha relación entre la actuación notarial y los derechos de las personas, y se ha referido en concreto a las personas con discapacidad, “donde la función notarial y el buen hacer de los notarios y notarias puede aportar un magnífico servicio a la sociedad”.
Rodríguez ha hecho alusión también a la Ley 8/2021, de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: “un hito fundamental por el que las personas con discapacidad recuperaron en nuestro país su plena capacidad, que nunca debieron perder”.
Adaptación a la tecnología
Asimismo, el secretario de Estado ha puesto en valor la adaptación de los notarios a la digitalización: “Os adaptáis a los cambios tecnológicos y los aplicáis para un desempeño más eficaz de vuestras funciones”.
El uso de la tecnología permite, según el SEJ, “hacer más sencilla la vida de las personas y de las empresas, sin merma de la seguridad jurídica”, y ha destacado el momento de transformación digital en el que está inmerso nuestro país.
En concreto, Rodríguez ha señalado que el Ministerio que lidera Pilar Llop se dirige a construir un servicio público de Justicia “más accesible, más eficiente y más sostenible, que sea un auténtico motor de cohesión social y territorial, así como de recuperación económica”.
En este proceso de transformación digital, el Gobierno “tiene la voluntad de no dejar a nadie atrás, por eso tenemos presentes a colectivos como nuestros mayores o las personas con algún tipo de discapacidad”, ha dicho Rodriguez.
Para proteger a estos colectivos que pueden sufrir la brecha digital como consecuencia de la digitalización que se está produciendo en la Administración de Justicia, el Ministerio ha introducido medidas para minimizar estas dificultades creando los grupos de trabajo Accesibilidad y envejecimiento, y Accesibilidad y personas con discapacidad, ha explicado el secretario de Estado.
Rodríguez ha explicado que el objetivo de sendos grupos de trabajo, incluidos en el plan Justica 2030, es identificar los obstáculos y las barreras que dificultan o impiden a estos colectivos participar en la Justicia en igualdad de condiciones que el resto de personas e introducir las medidas oportunas.
El secretario de Estado ha hecho referencia también a la Ley de Eficiencia Digital, que establecerá el marco legal para celebrar juicios telemáticos, declarar a distancia, pedir cita previa, tramitar desde la Oficina de Justicia del municipio u obtener un certificado desde nuestro ordenador, “todo ello con plenas garantías de seguridad jurídica, porque lo que queremos conseguir es un servicio público de Justicia centrado en las personas”.
Por último, el SEJ se ha referido al proyecto de Ley Concursal, aprobado en el Congreso en junio, que constituye una de las reformas “más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico”.
