MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Según ha informado el Ministerio que lidera Pilar Llop en un comunicado, Rodríguez ha subrayado que la veteranía tanto de Eurojust como la red de cooperación contra el genocidio "será muy útil a fin de proporcionar experiencias prácticas que faciliten la garantía de que las pruebas se transmitan de manera uniforme y faciliten el tratamiento, la comprobación y el análisis posteriores".
En esta reunión informal celebrada en Praga, que arrancó el lunes y concluye este mismo martes, se ha abordado la recogida y conservación de pruebas para el enjuiciamiento de los delitos cometidos en el marco de la agresión rusa a Ucrania. En esta línea, Rodríguez ha subrayado que España remitió una petición al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue si se han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad en el país.
A este respecto, ha explicado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, competente para la investigación de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en determinados casos, ha abierto diligencias al respecto. "Se trata de una fiscalía especializada, experta en la recogida, tratamiento y preservación de este tipo de pruebas y testimonios, que permitirá garantizar la integridad de los elementos de prueba del delito", ha precisado.
MEDIDAS DE DIGITALIZACIÓN
Por otro lado, Rodríguez ha puesto en valor durante sus intervenciones las medidas de digitalización llevadas a cabo por el departamento español, haciendo especial referencia a la plataforma LexNet. Así, se ha referido a la misma como "un sistema seguro para las comunicaciones electrónicas entre la autoridad central y los órganos judiciales españoles".
Así, también ha hecho alusión a la puesta en marcha de la plataforma de tramitación digital entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores y, a su vez, con la red española de embajadas y consulados, para asegurar la tramitación digital en los casos en los que se requiera la vía diplomática.
En este contexto, Rodríguez ha dado detalles sobre la implementación de un servicio de digitalización en la autoridad central, que digitaliza las solicitudes extranjeras que todavía se reciben en papel para que se puedan remitir a los órganos judiciales en formato digital.
"LA MEJOR FORMA DE MEJORAR"
En otro orden de cosas, el secretario de Estado de Justicia ha destacado también las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito iberoamericano, como la plataforma Iber@, a la que el Tratado de Medellín habilita como plataforma de comunicación entre autoridades centrales y otorga validez jurídica a las transmisiones de solicitudes a través de la misma.
A juicio de Rodríguez, "este tipo de iniciativas constituyen la mejor forma de mejorar la actual situación de la cooperación judicial en materia penal".
A lo largo de estas jornadas también se ha analizado, según ha informado Justicia, la protección jurídica transfronteriza de adultos vulnerables en materia civil. A este respecto, Rodríguez ha sostenido que España cuenta con instrumentos jurídicos eficientes, aludiendo a la reforma en 2015 del artículo 9.6 del Código Civil para que la ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad sea la de su residencia habitual.
Asimismo, el secretario de Estado se ha referido a la reciente Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, "que ha supuesto una importante reforma del ordenamiento jurídico español para adecuarlo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
ENCUENTRO CON LA MINISTRA PORTUGUESA
En el marco de la celebración de este Consejo, Rodríguez también ha mantenido dos reuniones bilaterales. La primera de ellas, ha señalado el departamento, con la ministra de Justicia portuguesa, Catarina Sarmento e Castro, en la que han hablado sobre la cooperación entre los dos países vecinos en el marco de la UE y también de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
El segundo encuentro ha sido con el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), Juan Fernando López Aguilar, con el que ha dialogado sobre los expedientes legislativos en curso, así como sobre la próxima presidencia española de la UE, que se inicia el 1 de julio de 2023.
