EL GRAN DEBATE SOBRE LA POLÍTICA GENERAL: “TODO LO DIVINO Y LO HUMANO” (II)
En el Parlamento británico, la evolución del sistema político hacia la monarquía parlamentaria ha permitido, sin embargo, mantener el “State Opening of Parliament” con la participación principal de la Corona, combinando así tradición y revolución, y permanencia con cambio de sentido.
El “State Opening” supone, de un lado, la apertura del período anual de sesiones a través de un solemne discurso pronunciado por la Reina o su representante. Sin embargo, no se trata de un mero acto protocolario de apertura, pues a través del discurso real, el Gobierno de su Majestad presenta el programa legislativo para el período que da comienzo, enunciando la lista de concretas medidas que pretende adoptar. La majestuosa ceremonia tiene lugar en la Cámara de los Lores, y a ella acuden también los Comunes, escenificando así la esencia de la Constitución británica: la soberanía suprema de la Corona en Parlamento. Tras la celebración de la ceremonia, las cámaras se ocupan durante varias jornadas de debatir el contenido del “Queen’s Speech”, esto es, del programa legislativo del Gobierno y también de los temas planteados por la Oposición. Así, el Parlamento, y más concretamente la Leal Oposición de su Majestad, tiene la ocasión de juzgar públicamente y con carácter previo el “indirizzo” político planteado por el Gabinete.
Nuestro modelo, en realidad, es un híbrido, en el que no participa protocolariamente la Corona, pero en el que hay un debate posterior a la intervención del Ejecutivo, siguiendo el modelo británico, con la participación de todos los grupos parlamentarios y que culmina con la aprobación de resoluciones de la Cámara sobre las materias objeto del debate.
Si bien decíamos que la institución, tal y como está concebida y desarrollada, favorece el principio presidencialista, no es menos cierto que el líder o líderes de la oposición, pueden cobrar mucha cuota de protagonismo y obtener un alto rédito de una buena intervención. Es una oportunidad anual para que Gobierno y oposición dejen patente el grado de vitalidad o decaimiento de la confianza ciudadana en aquel y en la eficacia de su gestión. En este sentido, tiene un efecto parecido a los debates, cara a cara, que se organizan en televisión durante la campaña electoral, pues se produce igualmente un enfrentamiento dialéctico de cara al electorado. Si bien, en este caso, tiene lugar en sede y sesión parlamentaria, y con un formato en el que el presidente parte con ventaja, por su posición central, y por las reglas mismas del debate reglamentario que le permiten hablar sin límite de tiempo, a más de darle siempre la última palabra.
Otro factor que favorece al Gobierno, es que tiene en sus manos la iniciativa para su celebración, pues la ocasión reglamentaria para la celebración del gran debate surge de una comunicación del Gobierno dirigida al Congreso de los Diputados. Por tanto, dentro de la costumbre que impone su celebración anual, el Gobierno es el que decide el momento exacto, y eso ya equivale a jugar con ventaja. En esta ocasión, resalta el hecho de que el momento elegido ha sido el mes de julio, fuera del período ordinario de sesiones, lo que va a implicar convocar una “sesión extraordinaria”, con un orden del día que se entiende por los órganos rectores de la Cámara como políticamente urgente o necesario sustanciar antes del inicio del período de sesiones subsiguiente.
En lo que tiene de debate justificativo, la comunicación de los presidentes y su defensa ante el Congreso se parece más al modelo norteamericano que al del “neutro” y enunciativo discurso de la Reina. En ellos se ha venido haciendo más énfasis en el balance de la gestión de los Gobiernos, a pesar de que el porcentaje de contenido dedicado al anuncio de medidas pueda crecer al principio de la legislatura o también cuando el momento político, la situación del país, o del Gobierno, le obligan a hablar más sobre el futuro que sobre los supuestos éxitos del pasado. A estas alturas del proceso político, ya muy avanzada la legislatura, la comunicación del Gobierno dirigida al Congreso de los Diputados tiene un contenido más de balance de gestión que de avance de nuevas medidas.
Debate no hay en aquellos años en los que han transcurrido pocos meses desde la celebración de las elecciones y ha habido subsiguiente debate de investidura. La lógica lo excluye, pues carece de sentido otro debate de carácter general sobre la política de un Gobierno recién investido, y, de otro lado, aún será pronto para hacer balance de su actuación, por lo que se impone dar compás de espera postelectoral.
Ahora han transcurrido no uno, sino más de dos años desde el inicio de la presente Legislatura, en los que no se ha celebrado el debate debido a la excepcionalidad de la situación de pandemia por Coronavirus. No es, sin embargo, la primera vez que ocurre, pues en 2017 fue el tercer año consecutivo sin debate debido a las circunstancias de la denominada “legislatura corta” (2015-2016) en la que no se consiguió investir a ningún candidato a la Presidencia del Gobierno.
El rasgo definitivo de los grandes debates de política general es el mayor grado de atención que consigue atraerse a través de los medios de comunicación de masas. Su envoltorio brillante y de gran ocasión solemne tiene en principio mayor capacidad para lograr ese plus de expectación frente a los debates concretos y ordinarios, y ello determinará una mayor influencia de su resultado en la opinión pública. La respuesta social detectada ante una materia debatida o ante el mismo grado de confianza del pueblo en el Gobierno actuará como factor de presión psicológica sobre los partidos políticos, determinando futuras estrategias y actuaciones del Gobierno y los grupos parlamentarios. La razón última es el futuro control electoral.
