SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El convenio, ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga durante otros cuatro, supone un complemento a la formación académica para los alumnos de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia, según señala el Gobierno andaluz por medio de una nota.
El acuerdo entre administraciones e instituciones pretende, (https://juntadeandalucia.es/boja/2022/126/s54), la organización de prácticas externas en los juzgados y tribunales para que los alumnos de la Universidad Pablo de Olavide realicen esta formación complementaria a sus estudios en los órganos judiciales de la comunidad autónoma.
Los estudiantes podrán desarrollar prácticas curriculares y externas, de carácter voluntario, siempre supeditadas a las necesidades y disponibilidad del juzgado donde se vayan a realizar.
El alumnado será propuesto por la Universidad que también decidirá su duración, en horario de mañana.
Las prácticas no suponen ninguna relación contractual ni su contenido puede dar lugar a la sustitución de personal, por lo que no implican ninguna contraprestación económica ni computarán como mérito para el acceso a la función pública.
Los estudiantes contarán con un tutor que será nombrado por el órgano judicial correspondiente, que recaerá en el juez o magistrado o en el letrado de la Administración de Justicia.
Al finalizar las prácticas, el alumnado recibirá un certificado expedido por el juzgado, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado en el desarrollo de las mismas.
Para el seguimiento de las prácticas se creará una comisión paritaria integrada por dos miembros de cada una de las instituciones firmantes y un representante de la Delegación del Gobierno de la comunidad en nombre del Ministerio. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año.
El documento también contempla la cesión de aulas por parte de la Pablo de Olavide para la celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y de acceso a las carreras judicial y fiscal.
