Iustel
Señala el Tribunal que, en contra de lo manifestado por el actor, no es requisito previo para la inclusión en un fichero de morosos, que la existencia previa de una deuda cierta, exigible y que haya resultado impagada, sea antes declarada judicialmente. En el presente caso, ante la demanda de ejecución hipotecaria presentada por la prestamista, el recurrente reconoció la existencia de la deuda, declarando que había pagado las cuotas del préstamo hasta un determinado momento en el que había dejado de hacerlo. Ello permite sostener no solo la certeza del dato incluido en el fichero de morosos, sino también su pertinencia en cuanto indicativo de la insolvencia del demandado entendida como imposibilidad o negativa infundada a pagar la deuda, lo que resulta necesario, cuando se trata de la inclusión en los registros de morosos, para satisfacer las exigencias del principio de calidad de los datos.
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
SENTENCIA 832/2021, DE 01 DE DICIEMBRE DE 2021
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 5863/2020
Ponente Excmo. Sr. ANTONIO GARCIA MARTINEZ
En Madrid, a 1 de diciembre de 2021.
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por don Justo, representado por la procuradora doña María Teresa Fernández Tejedor y bajo la dirección letrada de doña Cristina Ibañez Candela, contra la sentencia n.º 227/2020 dictada con fecha 11 de mayo de 2020 por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8.ª) en el recurso de apelación núm. 558/2019, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 1167/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º de Valencia. Ha sido parte recurrida Caixa Popular Caixa Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, representada por el procurador don Manuel María Álvarez-Buylla Ballesteros, bajo la dirección letrada de don Jaime Moscardó García.
Ha sido parte el Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 19 de octubre de 2018, la procuradora doña Elena Ramírez Martínez, en nombre y representación de don Justo, presentó una demanda de juicio ordinario contra la entidad financiera Caixa Popular Caixa Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, en ejercicio de la tutela del derecho al honor de su representado al haber sido incluido en un registro de morosos por una deuda derivada de un préstamo hipotecario celebrado entre ambas partes.
Alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, solicitó del Juzgado que conforme al suplico de la demanda, tras los trámites oportunos, y previo recibimiento del pleito a prueba, dictara sentencia
"[...] por la que con estimación de la demanda:
"1. Declare que la entidad demandada vulneró el derecho al honor de mi representado, al haberle inscrito indebidamente en el fichero Experian de Badexcug, y por haber violado la legislación vigente en materia de protección de datos.
" 2. Se condene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y dar de baja y cancelar los datos de mi representado en el fichero.
" 3. Condene a la entidad demandada a abonar en concepto de daño moral una indemnización por los daños y perjuicios causados en la cuantía de 20.000 euros, cantidad que deberá ser incrementada desde la interpelación judicial.
" 4. Condene a la entidad demandada al pago de las costas procesales.".
SEGUNDO. Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valencia, se registró como procedimiento ordinario n.º 1167/2018. Admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la demandada para que compareciera en autos y la contestara, lo que hizo en tiempo y forma en el sentido de oponerse a la pretensión adversa. El Ministerio Fiscal contestó la demanda, solicitando en el trámite de conclusiones que se desestimara. Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valencia, dictó sentencia de fecha 16 abril de 2019 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO:
" Que desestimando la presente demanda formulada por don Justo, representado/a por el/la Procurador/a de los Tribunales D./D.ª María Elena Ramírez Martínez, contra CAIXA POPULAR CAIXA RURAL, S.COOP. DE CRÉDITO, representado/a por el/la Procurador/a D/D.ª Gonzalo Sancho Gaspar, con intervención del MINISTERIO FISCAL, debo:
"1) absolver y absuelvo a dicha demandada de las pretensiones contra ella formuladas;
"2) con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandante".
TERCERO. Don Justo interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior, al que se opuso, en tiempo y forma, la representación de Caixa Popular Caixa Rural, S.C.C, solicitando de la Audiencia Provincial que se dictara sentencia desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto de contrario, con imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente y con expresa declaración de temeridad. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso de apelación y solicitó la confirmación de la sentencia recurrida. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia n.º 227/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:
"FALLAMOS:
" Que desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Don Justo contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia en fecha 16 de abril de 2019, en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 1167 de 2018, confirmamos la resolución recurrida con imposición de costas de alzada al apelante. Se declara la pérdida de las cantidades consignadas como depósito para recurrir el recurso de apelación".
CUARTO. La representación procesal de don Justo, interpone contra la mencionada sentencia dentro del plazo legal y conforme a los artículos 470.1 y 471 y Disposición Final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a los artículos 477 a 489 recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
1. Invoca un único motivo para la interposición del recurso extraordinario por Infracción procesal. Fundamenta este motivo, "[...] al amparo de lo establecido en el art. 469.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la indefensión de mi representado - art. 24.1 Constitución conculcando la sentencia impugnada lo dispuesto en el artículo 326 de la LEC relativo a la fuerza probatoria de los documentos privados, con infracción del art. 217.2 de la citada Ley Procesal sobre valoración de la prueba, ya que la Audiencia Provincial invierte la carga de la prueba y da por sentado que el no tener constancia de devolución de carta alguna, es prueba inequívoca de que se recibió sin lugar a dudas el requerimiento previo a la inclusión en el fichero de solvencia patrimonial por parte del demandante, todo ello a pesar de que el demandante opuso su no recepción y por tanto la carga de la prueba correspondía a la parte demandada".
2. El recurso de casación se interpone fundamentado en cuatro motivos que denuncian:
(i) el primero, la infracción de los arts. 18.2 CE, 1, 4.1, 4.3 y 29.4 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); los arts. 38.1.a) y 41.1 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre (RPD) y la norma 1.a) de la Instrucción, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto a la exigencia de deuda cierta, vencida, líquida y exigible;
(ii) el segundo, la infracción de los arts. 18.2 CE, 29.2 LOPD, y 38.1.c) y 39 RPD, así como de la norma primera a) capítulo I de la Instrucción 1/95 de la AEPD, dado que no se ha constatado que la carta de requerimiento llegara al demandante;
(iii) el tercero, la infracción del art. 19.1 LOPD y del art. 9.3 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pues pese a la vulneración del derecho del demandante, no se acuerda indemnización;
(iv) y el cuarto, la infracción de la doctrina del TS sobre el principio de calidad de los datos aplicable a los registros de solvencia patrimonial y la certeza de la deuda, viniendo dado el interés casacional por contradecir la resolución recurrida la interpretación dada a los arts. 38 y 39 del RD 1720/2007, entre otras, por las sentencias de esta sala 114/2016, de 1 de marzo y 174/2018, de 23 de marzo.
QUINTO. Recibidas las actuaciones en esta Sala, por auto de fecha 9 de junio de 2021 se acordó admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación interpuestos por la representación procesal de don Justo contra la sentencia de la sección octava de la Audiencia Provincial de Valencia, de 11 de mayo de 2020, confiriéndose traslado del citado auto de admisión a la representación procesal de Caixa Popular-Caixa Rural Soc. Coop. de Crédito para que formalizara oposición en el plazo de veinte días, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito. Asimismo, el Ministerio Fiscal contesta al traslado conferido conforme a lo establecido en el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y entiende que procede la desestimación del motivo el que se fundamenta la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, y formaliza su oposición al recurso de casación interpuesto en base a las consideraciones expuestas.
SEXTO. Por providencia de fecha 8 de octubre de 2021 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista pública, señalándose para votación y fallo el 16 de noviembre de 2021, en que ha tenido lugar a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Resumen de antecedentes
1. D. Justo interpuso una demanda contra Caixa Popular Caixa Rural, S.Coop. de Crédito V en la que solicitó se dictara sentencia: a) declarando que la demandada había vulnerado su derecho al honor al haberlo inscrito indebidamente en el fichero Experian-Badexcug y violado la legislación en materia de protección de datos; b) condenándola: (i) a dar de baja y cancelar sus datos en el fichero; (ii) a indemnizarle en la cantidad de 20 000 € por daño moral; (iii) a pagar los intereses devengados al tipo legal desde la interpelación judicial; (iv) y a satisfacer las costas del proceso.
En la demanda alegó que el 18 de julio de 2012 se constituyó una hipoteca en garantía de un préstamo que la demandada le había concedido por importe de 113 000 euros; que en mayo de 2017 la demandada interpuso una demanda de ejecución hipotecaria reclamando la suma de 118 696 euros de principal e intereses no satisfechos, más 17 804 euros por intereses y costas; que con anterioridad y sin mediar comunicación alguna ya había sido incluido en el fichero Experian-Badexcug desde el 20 de noviembre de 2016 a instancia de la demandada; que no solo se opuso a la demanda alegando, además, el carácter abusivo de las cláusulas hipotecarias, sino que, al mismo tiempo, se dirigió a la entidad Experian, fichero Badexcug, comunicando la existencia del litigio con la demandada y solicitando la cancelación de sus datos, así como al Banco de España ante el que interpuso una reclamación que se resolvió en el sentido de mantener bloqueada la información mientras se tramitaba el proceso; que no obstante discrepar de la deuda y haber solicitado la cancelación de los datos tanto al fichero, directamente, como a través de la reclamación ante el Banco de España, la demandada hizo caso omiso, por lo que sus datos permanecieron en aquel, salvo dos períodos de tiempo en los que fueron cancelados tras las gestiones que realizó; que la demandada le remitió una carta el 29 de Agosto de 2018 reclamándole el pago de 116 916,64 euros por el préstamo hipotecario, lo que pone de manifiesto la incerteza de la deuda al exigírsele un año después de presentada la demanda de ejecución una cantidad diferente a la que era objeto de esta, indicándosele, además, que nuevamente volvía a constar en el fichero de morosos, todo ello a pesar de que la deuda se halla judicializada; y que la evidente vulneración de su derecho al honor trae como consecuencia la indemnización por el daño moral ocasionado, cuya existencia se presume ope legis por la sola existencia de la intromisión ilegítima, y que considera apropiado valorar en la cantidad de 20 000 euros.
2. La demandada se opuso a la demanda, solicitando su desestimación íntegra y con imposición de costas al demandante.
En su escrito de contestación alegó que había informado y requerido al demandante el pago de la deuda antes de incluirla en el fichero de solvencia patrimonial y de crédito; y que se trataba de una deuda cierta, vencida y exigible al no existir un procedimiento judicial en el que se discutiera el importe de la reclamación, por lo que su inclusión en el fichero de solvencia era correcta y ajustada a los requisitos establecidos por la legislación. Negando cualquier tipo de responsabilidad por su parte.
3. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda e impuso las costas al demandante.
El juzgado argumentó: (i) que existía una deuda cierta, vencida y exigible, y que así lo había reconocido el propio demandante al declarar en el acto del juicio que había pagado las cuotas del préstamo hasta un determinado momento en que había dejado de hacerlo, interponiéndose la demanda de ejecución; resultando lo mismo, al propio tiempo, del hecho de que se hubiese despachado la ejecución, por ser presupuesto necesario para ello que la deuda sea por cantidad determinada, líquida, y esté vencida y sea exigible; (ii) que al oponerse a la ejecución despachada, el demandante no había cuestionado la cantidad que se le reclamaba, limitándose a alegar la existencia de cláusulas abusivas, lo que rechazó el juzgado, primero, y la Audiencia, después, al resolver el recurso de apelación; coincidiendo, también, ambos órganos judiciales, en que el demandante no tenía, en el contrato de préstamo, la condición de consumidor, sino la de profesional; (iii) y que el demandante había sido requerido de pago previamente, tal y como resultaba de las comunicaciones cuya copia se adjuntaba, bajo los núms. 1 a 12, con el escrito de contestación; no pudiéndose aceptar el alegato negando su recepción, dado que no existía constancia alguna de su devolución o falta de entrega y, además, porque tal queja había dado lugar a la apertura de un expediente por la Agencia Española de Protección de Datos que, finalmente, se había archivado al no advertirse una vulneración normativa en materia de protección de datos, lo que permitía presumir que la demandada también había cumplido este requisito.
4. Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Audiencia dictó sentencia desestimándolo e imponiendo las costas de la alzada al recurrente.
En la sentencia, la Audiencia dice, en primer lugar, que acepta los fundamentos de la sentencia de primera instancia, porque la revisión del material probatorio obrante en autos conduce a una conclusión coincidente con la sentada en la resolución recurrida.
A continuación argumenta, en relación con el principio de calidad de los datos, que lo planteado por el demandante-recurrente se circunscribe a la denuncia que expuso para oponerse a la ejecución en relación con la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo, y que sustentar en dicha denuncia la apreciación de que la deuda, por ilíquida, resulta incierta, es manifiestamente infundado a la luz de la sentencia de esta sala de 25 de abril de 2019, puesto que dicha excepción tan solo puede ser alegada por consumidores y usuarios, condición que el demandante-recurrente no tiene. Añadiendo que fue el propio demandante el que reconoció la existencia de la deuda; que para la inclusión de los datos en el fichero de "morosos" no resulta necesaria una condena judicial previa; y que las discrepancias expuestas sobre las cantidades objeto de reclamación resultan irrelevantes, puesto que dichas cantidades reflejan la deuda existente en cada momento que varía en función de los pagos que se hacen o de los vencimientos de nuevas cuotas que se van produciendo.
Por último, y en relación con el requerimiento previo de pago, la Audiencia anota que también se ha producido. Y frente a la alegación de que no consta la recepción de las comunicaciones remitidas por la demandada, señala: (i) que consta en autos que no han sido devueltas por correos; (ii) que el domicilio al que se remitieron, aunque no era el que figuraba en la escritura de préstamo, sí era el señalado por el demandante, a efectos de notificaciones, en las comunicaciones que remitió a Experian y al Banco de España, así como el reflejado en su solicitud de justicia gratuita; (iii) y que la propia Agencia Estatal de Protección de Datos se pronunció al respecto, entendiendo que el requerimiento previo de pago sí se había llevado a cabo.
5. Disconforme con la sentencia anterior el demandante ha interpuesto recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal.
Recurso extraordinario por infracción procesal
SEGUNDO. Motivo del recurso. Alegaciones de la recurrida y del Fiscal. Decisión de la sala
Motivo del recurso
1. El recurso extraordinario por infracción procesal se funda en un motivo único en el que se alega que la sentencia impugnada conculca "[l]o dispuesto en el artículo 326 de la LEC relativo a la fuerza probatoria de los documentos privados, con infracción del art. 217.2 de la citada Ley Procesal sobre la valoración de la prueba, ya que la Audiencia Provincial invierte la carga de la prueba y da por sentado que el no tener constancia de devolución de carta alguna, es prueba inequívoca de que se recibió sin lugar a dudas el requerimiento previo a la inclusión en el fichero de solvencia patrimonial por parte del demandante, todo ello a pesar de que el demandante opuso su no recepción y por tanto la carga de la prueba correspondía a la parte demandada [...] Por tanto, el hecho de que no se haya probado la recepción del requerimiento por el interesado por la parte a quien incumbía, así como habiéndose acreditado la designación de otro domicilio por las partes, utilizado por la demandada en vía judicial, hacen que no pueda tenerse por acreditado el requerimiento exigido y por tanto una indebida inclusión de mi representado en los ficheros de solvencia patrimonial".
Alegaciones de la recurrida y del Fiscal
2. La demanda-recurrida dice que el recurso ha de ser desestimado tanto por motivos formales como de fondo. Por una cuestión puramente formal, dado que se pretende una nueva valoración de la prueba no concurriendo ninguno de los requisitos para ello. Y por razones de fondo, ya que el alegado desconocimiento de la deuda resulta incompatible con todo lo que ha sido acreditado durante el proceso.
El Fiscal, por su parte, entiende que procede la desestimación del motivo, por un lado, porque acumula la cita de preceptos heterogéneos, circunstancia que sería causa de inadmisión y, en este momento, de desestimación; y por otro lado, porque lo que pretende el recurrente es una nueva valoración de la prueba y de la apreciación realizada por las sentencias de primera y segunda instancia para entender cumplido el requisito del requerimiento previo.
Decisión de la sala.
3. Como hemos recordado en una reciente sentencia, la 199/2021, de 12 de abril:
"[e]s jurisprudencia reiterada que la revisión de la valoración probatoria del tribunal sentenciador solo es posible mediante el recurso por infracción procesal "por la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de alguna prueba, o bien por la concreta infracción de una norma tasada de valoración de prueba, siempre que la arbitrariedad o el error patente sean inmediatamente verificables de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y que, por resultar manifiestamente arbitraria o ilógica, la valoración de esa determinada prueba no supere, conforme a la doctrina constitucional, el test de la racionalidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, lo que implica que ha de tener incidencia en el fallo" ( sentencia 681/2020, de 15 de diciembre, con cita de las sentencias 7/2020, de 8 de enero, y 572/2019, de 4 de noviembre).
"[...] Tales exigencias excluyen la posibilidad de que mediante un recurso extraordinario por infracción procesal se pueda revisar la valoración conjunta de la prueba, e impiden también que pueda prosperar un motivo en el que se mezclen cuestiones procesales y sustantivas, o solo procesales pero heterogéneas entre sí, como son las de valoración de la prueba y carga de la prueba (p.ej. sentencias 23/2021, de 25 de enero, y 7/2020, de 8 de enero), toda vez que "el problema de la carga de la prueba es el de la falta de prueba", vulnerándose únicamente el art. 217 LEC "si se atribuyen las consecuencias negativas del hecho dudoso a la parte a quien no compete su demostración", y no cuando la sentencia se basa en prueba admitida y practicada (p.ej. sentencias 31/2020, de 21 de enero, y 7/2020, de 8 de enero), y que, como ha recordado la referida sentencia 23/2021, con cita de las sentencias 390/2020, de 1 de julio, y 259/2020, de 5 de junio, las cuestiones sobre carga de la prueba solo pueden plantearse por el ordinal 2.º del art. 469.1 LEC".
La aplicación al motivo de la anterior doctrina determina su desestimación, por las siguientes razones: (i) se mezclan en él cuestiones procesalmente heterogéneas atinentes a la valoración y a la carga de la prueba; (ii) la Audiencia no aplica en la sentencia la regla de la carga de la prueba, atribuyendo las consecuencias de un hecho dudoso a quien no compete su demostración, sino que, tras valorar los elementos de prueba, considera acreditada la realización del requerimiento previo descartando al propio tiempo la objeción formulada de falta de recepción por el demandante de las comunicaciones remitidas por la demandada, arguyendo: 1.º) que consta en autos que no han sido devueltas por correos; 2.º) que el domicilio al que se remitieron, aunque no era el que figuraba en la escritura de préstamo, sí era el señalado por el demandante, a efectos de notificaciones, en las comunicaciones que remitió a Experian y al Banco de España, así como el reflejado en su solicitud de justicia gratuita; y 3.º) que la propia Agencia Estatal de Protección de Datos se pronunció al respecto, entendiendo que el requerimiento previo de pago sí se había llevado a cabo; y (iii) la discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia no está fundada en la existencia de arbitrariedad o error evidente, patente, manifiesto o notorio, lo que excluye la posibilidad de que podamos revisarla.
En conclusión, el recurso extraordinario por infracción procesal se desestima.
Recurso de casación
TERCERO. Motivos del recurso. Alegaciones de la recurrida y del Fiscal. Decisión de la sala
Motivos del recurso
1. El recurso de casación se funda en cuatro motivos que denuncian: (i) el primero, la infracción de los arts. 18.2 CE, 1, 4.1, 4.3 y 29.4 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); los arts. 38.1.a) y 41.1 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre (RPD) y la norma 1.a) de la Instrucción, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto a la exigencia de deuda cierta, vencida, líquida y exigible; (ii) el segundo, la infracción de los arts. 18.2 CE, 29.2 LOPD, y 38.1.c) y 39 RPD, así como de la norma primera a) capítulo I de la Instrucción 1/95 de la AEPD, dado que no se ha constatado que la carta de requerimiento llegara al demandante; (iii) el tercero, la infracción del art. 19.1 LOPD y del art. 9.3 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pues pese a la vulneración del derecho del demandante, no se acuerda indemnización; (iv) y el cuarto, la infracción de la doctrina del TS sobre el principio de calidad de los datos aplicable a los registros de solvencia patrimonial y la certeza de la deuda, viniendo dado el interés casacional por contradecir la resolución recurrida la interpretación dada a los arts. 38 y 39 del RD 1720/2007, entre otras, por las sentencias de esta sala 114/2016, de 1 de marzo y 174/2018, de 23 de marzo.
Alegaciones de la recurrida y del Fiscal
2. La demandada-recurrida se opone al recurso. En relación con los motivos primero y segundo, niega que se hayan producido las infracciones denunciadas; sostiene la existencia de deuda líquida, vencida y exigible, además de evidentemente cierta y veraz; y señala que se pretende una nueva valoración probatoria, tratando "[d]e dar por probado lo que no fue". Y en relación con los motivos tercero y cuarto, afirma que el tercero ni siquiera se desarrolla y que el cuarto no se desarrolla correctamente.
El Fiscal también se opone al recurso de casación. Sostiene que la mera oposición al pago de una deuda no la convierte en incierta o dudosa, porque en tal caso la calidad de los datos quedaría al arbitrio de los deudores; que si la valoración de las pruebas practicadas lleva a los tribunales de instancia a concluir que el requerimiento fue practicado y recibido, esa conclusión probatoria no tiene acceso al recurso de casación; y que la discrepancia en las cantidades que se reflejan en el fichero es debida, como señala la sentencia, a la variación que sufre la deuda a consecuencia del abono de cantidades o el vencimiento de nuevas cuotas, por lo que esta cuestión no afecta al requisito de la certeza de la deuda tal como lo entiende la jurisprudencia y, por ello, no puede servir de fundamento para la alegación de interés casacional.
Decisión de la sala
3. Motivos primero y cuarto. Los motivos primero y cuarto los vamos a analizar conjuntamente. Guardan una estrecha relación, al estar basados ambos en el principio de calidad de los datos. Y, además, la jurisprudencia aducida para la justificación del interés casacional, al que el motivo cuarto se refiere impropiamente (no es el cauce adecuado para recurrir en casación sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales en procesos sobre tutela judicial civil de los derechos fundamentales), cabe considerarla "aludida a mayor abundamiento", en este caso, para apoyar el motivo primero (sentencias 130/2020, de 27 de febrero, 679/2019, de 17 de diciembre y 115/2019, de 20 de febrero, entre otras).
3.1 El recurrente dice: (i) que su inclusión en el fichero, el 20 de noviembre de 2016, "[s]e llevó a cabo incluso antes de que se iniciara el procedimiento hipotecario en el que se reclamó la deuda, contra la cual se formuló oposición, y que con independencia de que posteriormente se estimara o no la citada oposición por no ser comerciante el deudor [...] en el momento de [... su] inclusión [...] en el fichero la deuda no era cierta, vendida y exigible, cuanto menos en su cantidad, y por tanto la inclusión en el fichero de morosos resultaría ilegítima por falta de certeza y exactitud de la deuda por cuanto que la misma estaba siendo objeto de controversia, cuanto menos en su cuantía"; (ii) que "[t]ampoco resultan exactos los datos remitidos al fichero cuando en agosto de 2018 se estaba declarando en la base de morosidad una deuda de 116.000 euros, inferior a la de 118.000 de principal reclamada en la demanda ejecutiva"; (iii) y que "[l]a sentencia objeto de recurso de casación reconoce la existencia de discrepancias entre las cantidades que figuraban en el fichero, justificándolo en que la deuda variaba según se abonara cantidad alguna o fueran venciendo nuevas cuotas" y dicha afirmación contraviene la doctrina contenida en las sentencias 114/2016, de 1 de marzo, y 174/2018, de 23 de marzo.
3.2 La primera de las objeciones que formula el recurrente carece de sentido. Si la controversia a la que alude se expresó en su oposición a la ejecución y esta se inició con posterioridad a la inclusión de sus datos en el fichero, sostener que dicha inclusión "resultaría ilegítima por falta de certeza y exactitud de la deuda por cuanto que la misma estaba siendo objeto de controversia", no tiene ninguna lógica, dado que la inclusión se produjo antes de que la deuda se controvirtiera. Cosa distinta es, que una vez controvertida esta, los datos que ya habían sido incluidos en el fichero, en vez de cancelarse o rectificarse, se mantuvieran.
Tampoco cabe establecer una relación de necesidad entre la oposición a la ejecución y la falta de certeza y exactitud de la deuda. Tal y como señalamos en la sentencia 245/2019, de 25 de abril, que la Audiencia invoca de forma pertinente y aplica de forma correcta, que no se puedan incluir datos personales en los denominados "ficheros de morosos" por razón de deudas inciertas, dudosas no pacíficas o sometidas a litigio, "[n]o significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta [...]".
Y ocurre que, en el presente caso, lo planteado por el recurrente para oponerse a la ejecución, la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo, no estaba justificado, porque no podía ser considerado consumidor y, por lo tanto, invocar tal causa de oposición, cuyo estudio se consideró inadmisible, primero, por el juzgado ejecutor, y después por la Sala de Apelación que, al resolver el recurso interpuesto contra la misma, confirmó su resolución. Siendo esto lo que consigna la Audiencia en la sentencia recurrida y lo que le lleva, siguiendo nuestra doctrina, a considerar "[m]anifiestamente infundado que la deuda sea incierta, por ilíquida al alegar en el proceso de ejecución hipotecaria excepciones únicamente oponibles por consumidores y usuarios".
Señala también la Audiencia que no es necesaria la condena judicial como requisito previo para la inclusión de los datos en el fichero de "morosos". Y ciertamente, el art. 38 RPD no exige (ni lo hacía tampoco antes de las sentencias de la Sala Tercera del TS de 15 de julio de 2010) para la inclusión de los datos, que la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada, sea antes declarada judicialmente. En las sentencias 114/2016, de 1 de marzo y 740/2015, de 22 de diciembre, ya dijimos que "[n]o es necesario que exista una sentencia que declare la existencia, cuantía y exigibilidad de la deuda para que los datos personales del deudor puedan ser comunicados a un registro de morosos".
Por último, y como también establece la sentencia recurrida, que acepta los fundamentos y da por reproducidas las consideraciones de la dictada en primera instancia, es el propio recurrente el que reconoce la existencia de la deuda, declarando que había pagado las cuotas del préstamo hasta un determinado momento en el que había dejado de hacerlo. Lo que permite sostener no solo la certeza del dato incluido, sino también su pertinencia en cuanto indicativo de la insolvencia del demandado entendida como imposibilidad o negativa infundada a pagar la deuda, lo que también resulta necesario, cuando se trata de la inclusión en los registros de morosos, para satisfacer las exigencias del principio de calidad de los datos ( sentencia 174/2018, de 23 de marzo).
3.3 Las objeciones segunda y tercera tampoco desvirtúan el razonamiento de la Audiencia cuando descarta la incerteza de la deuda por no permanecer inalterada en su cuantía desde la inclusión del recurrente en el fichero, o reducirse la base de morosidad declarada en agosto de 2018 respecto de la deuda reclamada con anterioridad en la demanda ejecutiva.
No siendo la foto fija y debiendo ser reflejo las cifras de la deuda existente en cada momento, su variación no tiene por qué extrañar.
Tampoco cabe deducir la incerteza de la deuda del simple hecho de no coincidir los 116 916 euros objeto de reclamación en agosto de 2018 con los 118 696 que lo fueron, por principal e intereses, en la demanda de ejecución presentada en mayo de 2017, es decir, más de un año antes.
Por último, de forma diferente a lo que el recurrente sostiene, lo afirmado por la Audiencia no contradice, sino que respeta lo establecido por las sentencias 114/2016, de 1 de marzo, y 174/2018, de 23 de marzo, de las que resulta tanto la exigencia de la actualización de los datos, de lo que necesariamente se sigue que estos no tienen por qué ser inmutables, sino que pueden y deben, cuando sea necesario actualizarlos, sufrir cambios, como su pertinencia, establecida en el presente caso a partir de lo declarado, como ya hemos señalado, por el propio recurrente.
En consecuencia, el motivo primero y el cuarto se desestiman.
4. Motivo segundo. La premisa en la que se funda el motivo, que no se ha constatado que la carta de requerimiento llegara al demandante, altera la base fáctica de la sentencia recurrida, que considera, en sentido contrario, habiendo el hecho permanecido en pie al desestimarse el recurso extraordinario por infracción procesal, que el recurrente sí fue requerido de pago previamente.
Por lo tanto, el motivo se desestima.
5. Motivo tercero. La desestimación de los motivos anteriores ocasiona la de este, puesto que presupone lo que dicha desestimación impide apreciar: la vulneración del derecho al honor del recurrente.
En conclusión, el recurso de casación también se desestima.
CUARTO. Costas y depósitos
Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer las costas generadas por dichos recursos al recurrente ( arts. 398.1 y 394.1 LEC), con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
F A L L O
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido:
1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por D. Justo contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia el 11 de mayo de 2020 (rollo núm. 558/19).
2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. Justo contra la sentencia referida en el ordinal anterior.
3.º Imponer a D. Justo las costas ocasionadas con los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de sala.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
