MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Según ha informado la Abogacía Española, en ese convenio --que no contempla contraprestación económica para ninguna de las partes-- se establece un posicionamiento estratégico común sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Además, detallan, ese documento contempla un aumento de la participación en jornadas formativas y de sensibilización de ambas instituciones y elaborar materiales que promuevan un acceso efectivo de estas personas al derecho a la asistencia letrada y al derecho de defensa.
Por último, el convenio plantea difundir y formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento --adaptaciones para hacerles comprensible todo el proceso-- y proponer un perfil profesional de la figura del facilitador de acceso a la justicia, así como promover su habilitación formal mediante un estatuto propio y unos requisitos formativos.
