MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Alto Tribunal abordará la cuestión tras haber admitido a trámite el recurso de casación que presentó el Banco Santander contra la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar su recurso contra la Orden del Ministerio de Asuntos Económicos.
En concreto, el texto del Gobierno avaló una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dictada en mayo de 2019 en la que se impuso una multa de un millón de euros al Banco Popular, comprado por la entidad de Ana Botín, por "presentar datos engañosos " en los informes anuales sobre las remuneraciones de sus consejeros.
En su escrito, el Santander alegó que al hacerle responsable de una multa --formalmente administrativa pero de naturaleza materialmente penal-- se incurre en una "clara vulneración del principio de culpabilidad y responsabilidad personal". Insistió en que la infracción que se le imputa no tiene nada que ver con la continuación de la actividad bancaria y aseguró que es necesario revisar el caso para "garantizar el derecho al reexamen jurisdiccional ante la imposición de sanciones de carácter penal".
REVISARÁ JURISPRUDENCIA
En un auto de 31 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha explicado que la cuestión planteada por la entidad "presenta interés casacional objetivo" para formar jurisprudencia y "completar, reforzar, matizar o en su caso corregir" lo que hasta ahora ha fijado el Supremo.
En seis folios, el tribunal ha precisado que abordará la sucesión en la responsabilidad sancionadora entre personas jurídicas; en concreto, estudiará si el hecho de que la sanción sea impuesta por el incumplimiento de medidas de organización interna y no por la actividad bancaria estrictamente considerada rompe o no el vínculo que legitimaría la transmisión de la responsabilidad a Banco Santander.
En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada María Isabel Perello, la Sala ha indicado que abordará artículos de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y del Reglamento del Parlamento Europeo.
