MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Tras este paso, será el Pleno el que decida si admite o no a trámite el recurso de la dirigente del PP. Esta cuestión, de la que fue ponente el magistrado Alfredo Montoya, tiene su origen en la decisión adoptada el pasado 13 de septiembre por la propia Batet, que decidió no dirigirse al Ejecutivo para solicitar la documentación requerida por la dirigente 'popular'.
Fue el pasado 23 de junio cuando el PP, con Gamarra a la cabeza, presentó ante la Mesa una solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para que se recabasen todos los informes y documentos que integraban los expedientes de indulto correspondientes a los nueve presos condenados.
Esta pretensión, rechazada directamente por Batet el 13 de septiembre, provocó que la portavoz del PP en la Cámara Baja acudiese al Tribunal de Garantías al entender que se había incurrido en una vulneración de sus derechos como parlamentaria.
EL GOBIERNO SE ESCUDA EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Gobierno, por su parte, rechazó el pasado mes de agosto "hacer públicos" o "dar acceso a los expedientes" completos de los indultos a los líderes del 'procés' sin el "consentimiento expreso" de los afectados amparándose en la Ley de Protección de Datos y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Esta última establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados, hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.
El Ejecutivo respondió así a una pregunta registrada en junio del pasado año por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, y recogida por Europa Press, en la que instaba al Gobierno a dar a conocer los documentos íntegros.
