MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
En un auto de este mismo viernes, los magistrados recuerdan que el juez instructor Manuel García Castellón imputa a Sánchez Galán delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, ambos de forma continuada, y otro contra la intimidad, con penas previstas superiores a cinco años de cárcel y que pueden alcanzar los doce de inhabilitación, por lo que conllevan unos plazos de prescripción que no habrían transcurrido al iniciarse estas diligencias en el año 2019.
En este sentido, subrayan que, según lo expuesto por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, los hechos investigados habrían ocurrido en 2004, 2005, 2011 y 2017.
Asimismo, señalan que la instrucción aún no ha finalizado y que será una vez acabada la misma o en el juicio oral cuando se dirima esta cuestión, en función de si se trata de delitos conexos, continuados, distintos delitos o si hay concurso entre ellos.
LAS AGENDAS DE VILLAREJO
La Sala de lo Penal responde también a la petición de Sánchez Galán de que se investigara el supuesto "acceso ilícito" del ahora comisario jubilado a sus conversaciones privadas.
Los magistrados rechazan igualmente esta solicitud esgrimiendo que las anotaciones realizadas por Villarejo en sus agendas personales "no eran más que una referencia a Sánchez Galán efectuadas por un investigado, en un documento privado, para su manejo personal, sin que de ello se desprendan indicios de actividad delictiva alguna que permitan el ejercicio de acciones contra su autor".
A su juicio, los apuntes del comisario "únicamente indican el conocimiento que tuvo Villarejo de que Sánchez Galán participó en un almuerzo con determinadas personas y del contenido de las conversaciones que mantuvieron, información que puede obtenerse de forma lícita, de muchos modos, sin que conste de modo indiciario que no fuera así".
Añaden asimismo que los hechos denunciados por el presidente de Iberdrola, en relación con este supuesto espionaje, no son objeto de esta pieza separada 17 de 'Tándem', donde se investigan los encargos ilícitos que la eléctrica habría hecho al grupo empresarial de Villarejo, CENYT, desde 2004 y por los que el comisario se habría embolsado más de un millón de euros.
