Estas becas, que en palabras de la ministra Llop servirán para “democratizar el acceso a estas carreras”, responden al “compromiso del Gobierno con las generaciones más jóvenes que están en una situación muy complicada para encontrar las salidas profesionales que desearían”.
Cada una de ellas está dotada con un total de 6.611 euros anuales y se distribuyen entre las 173 correspondientes a la preparación para las carreras judicial y fiscal, las 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado.
La resolución de convocatoria de las becas se publicará en el segundo trimestre del presente año y está previsto que el proceso de concesión se desarrolle en un máximo de cuatro meses.
Para la concesión de estas ayudas, que tienen periodicidad anual y la posibilidad de ser renovadas hasta en tres ocasiones, primará como criterio principal la menor renta familiar, teniendo también en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo, así como la superación de exámenes propios del proceso selectivo. Igualmente, se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Entre los requisitos exigidos, se contempla la necesidad de preparar la oposición bajo la dirección de personas que pertenezcan a la carrera o cuerpo a los que se aspira acceder, o bien de un centro de preparación, y será necesario una justificación trimestral del cumplimiento de la actividad objeto de la beca.
