MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Según un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, al que ha tenido acceso Europa Press, "no ha lugar" a la suspensión del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco del pasado 16 de marzo porque los efectos de ese convenio se materializarían en mayo. Teniendo en cuenta esa fecha, y de realizarse una tramitación "ágil" del recurso, dicen, hay tiempo de escuchar a las partes antes de decidir si suspenden.
Así, el Supremo indica que da plazo a las partes hasta el lunes 25 de abril para que se pronuncien y presenten alegaciones sobre la suspensión que pide Vox, y añade que también deben pronunciarse sobre si el Alto Tribunal es competente para estudiar el asunto y sobre la legitimación del partido político. Además, emplaza a Fiscalía y a la Administración del País Vasco para que se personen y presenten sus alegaciones.
Se da la circunstancia de que en el Tribunal Constitucional (TC) se han admitido dos recursos, de PP y de Vox, contra ese traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades de País Vasco y Navarra. Fue este mes de marzo cuando la formación de Abascal presentó el suyo poniendo el foco en un apartado de la ley que atribuía a esas dos comunidades competencias en el asunto al considerar que supone una "frontal vulneración de la caja única".
En concreto, iban contra la disposición adicional quinta de la ley del ingreso mínimo vital y contra la disposición final trigésima de la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pero desde Vox entienden que el convenio de esa comisión mixta es un paso más, y recalcan en el recurso presentado ante el Supremo, al que también ha tenido acceso esta agencia, que el acuerdo atenta contra "la igualdad de todos los españoles en materia de derechos y obligaciones de Seguridad Social".
COMPETENCIA DEL SUPREMO
Los de Abascal sostienen que los gobiernos nacional y vasco han obviado los dos recursos de inconstitucionalidad pendientes y se han apresurado a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo de transferencias "por el que el 100% de las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social son asumidas por la comunidad autónoma vasca".
Entienden que se rompe la caja única de la Seguridad Social, "al contemplar un sistema financiero a tenor del cual el País Vasco, como consecuencia de la transferencia, retiene la totalidad de la aportación que le corresponde para atender el gasto que conforma el IMV, con independencia de las obligaciones que deberá asumir realmente para hacer frente a las prestaciones de IMV que se causen en su ámbito territorial.
Sobre la competencia del Supremo para estudiar el recurso, indican que sí es el tribunal competente porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo debe ser por ley quien conozca en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Apuntan que si bien, formalmente, puede presentar dificultades configurar el acto recurrido como un acuerdo del Consejo de Ministros, "materialmente ostenta tal condición o naturaleza, pues ha sido adoptado por una Comisión Mixta, prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco (...) integrada por representantes del gobierno vasco y del Gobierno de la Nación".
"UN TRATO DESIGUAL"
En su recurso, Vox indica que el convenio, en los contenidos concretos que se impugnan, infringe el derecho a la igualdad en la ley, garantizado por el artículo 14 de la Constitución al contemplar "un irrazonable y arbitrario régimen financiero a tenor del cual los residentes en la comunidad autónoma dejan de contribuir a la financiación del IMV en la medida acorde a su capacidad económica, en detrimento de los residentes en el resto del territorio nacional".
Entiende que se consagra en el convenio "un trato desigual" por razón de residencia, que se traduce en la necesidad de un plus de aportación a los residentes en territorio común, que deben suplir lo que los residentes en el País Vasco dejan de aportar. Señala que se discrimina igualmente a los residentes en el País Vasco, "a quienes no se permite contribuir a la financiación del IMV de acuerdo con su capacidad económica, en igualdad de condiciones con los ciudadanos del resto de España".
Al hilo, desde Vox indican que el IMV es una pensión no contributiva de la Seguridad Social y, como tal, no se financia con las cotizaciones de empresarios y sujetos protegidos, sino con cargo a las aportaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado. "Ello supone que los recursos para financiar los créditos presupuestarios de gasto del IMV proceden de los impuestos que pagan los ciudadanos y estos están regulados según su capacidad económica atendiendo a los principios de igualdad y proporcionalidad", añaden.
EL EJERCICIO 2022
Tras esto, Vox señala en su escrito que la plasmación práctica del convenio firmado por el Estado y el Gobierno vasco se traduce en que de acuerdo con los créditos presupuestarios de gasto previstos para el ejercicio de 2022, por un importe de más de 3.000 millones de euros, los ciudadanos residentes en el País Vasco aportarían un 6,24%, esto es, 188 millones de euros.
Esta cantidad, indican, no se destina específicamente a pagar las prestaciones del IMV causadas por los residentes vascos, como los impuestos de los madrileños no se reservan al pago de las prestaciones causadas por los madrileños, ni los de los gallegos para las prestaciones causadas en Galicia.
Así, explican que las aportaciones de los ciudadanos vascos integran un presupuesto único con el que se hace frente a las prestaciones de los beneficiarios del IMV, sin consideración a su residencia. Y subrayan que las prestaciones causadas en el País Vasco "no requieren para su financiación ni de la mitad del importe aportado", algo que ocurre con otras comunidades como Madrid o Cataluña.
Para Vox, de haber tenido efectos la transferencia desde el 1 de enero, el País Vasco retendría 188 millones que dejarían materialmente de integrar el presupuesto único de la Seguridad Social y con cargo a los cuales se atenderán las prestaciones de IMV causadas por los ciudadanos residentes en el País Vasco, al margen de que estas no precisen de esa cuantía para su financiación, como es el caso o pudieran llegar a requerir una mayor.
Así, considera que el País Vasco va a contar "con un remanente susceptible de ser dedicado a fines diversos a los de Seguridad Social, ya que la cantidad que antes aportaba y que ahora retiene es muy superior a la precisa para atender las prestaciones de IMV causadas en su territorio".
