La Sección de Derecho Internacional Público, que preside el académico Castor Diaz Barrado, ha hecho notar, entre otras razones, que el acuerdo de incluir el francés y el inglés como las únicas lenguas oficiales en el mencionado Tribunal Internacional, se remonta al año 1920. Trascurrido un siglo desde la época de la Sociedad de Naciones, dicho acuerdo debería ser renovado pues la sociedad internacional se ha transformado sustancialmente.
No hay que olvidar que el español es lengua oficial en más de veinte países en los que, además, es lengua materna de la mayoría de sus poblaciones; siendo esto un elemento único en la comunidad internacional. Y hay países, como Estados Unidos, donde sin ser lengua oficial es hablada por más de cincuenta millones de personas.
Por lo demás, muchas controversias que se plantean ante el Tribunal Internacional de Justicia son entre países de lengua hispana Carece de fundamento la obligación de que el proceso deba desarrollarse en la fase escrita y oral en inglés o en francés, excluyendo el español.
Rafael Navarro-Valls, presidente de la Conferencia Permanente de Academias Iberoamericanas y Vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, está en contacto con las 29 Academias que la integran y que han prestado su adhesión al proyecto (desde Argentina a Brasil, pasando por Chile, Uruguay, Galicia, Asturias, Cataluña)
Igualmente se han sumado la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UBIA, presidida durante un cuarto de siglo por el académico Martí Mingarro, hoy presidente de la Sección de Derecho Iberoamericano de la Real Academia de Jurisprudencia de Legislación de España, y otro de los impulsores del proyecto), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) y el presidente de la Word Iurist Association.
Se estima fundamental que se realicen cuantos esfuerzos sean necesarios para que en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (República Dominicana, 2023) se adopte una Declaración especial para insertar entre sus conclusiones la necesidad de que el español sea una lengua oficial del Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya".
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su Dirección General del Español en el Mundo, colabora con el proyecto, ya que el reconocimiento del español como lengua de trabajo en el Tribunal Internacional de Justicia representaría un hito de gran relevancia en la promoción del español y su consolidación como lengua de la diplomacia y las relaciones internacionales, ejes esenciales de nuestra política exterior.
