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En el marco de la Ley de Memoria Histórica

El Centro de Estudios Jurídicos organiza un curso práctico de antropología para forenses

18/04/2022
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El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), órgano adscrito al Ministerio de Justicia, organiza la primera edición de un curso práctico de formación para médicos forenses en el contexto de la ley de Memoria Histórica y la búsqueda e identificación de las víctimas de la Guerra Civil Española. Los forenses participantes podrán intervenir en todas las facetas/fases del proceso de investigación, localización, excavación, exhumación e identificación de víctimas amparadas por la citada ley.

El curso, que se celebrará del 20 al 22 de abril en Nigüelas (Granada), da cumplimiento a las leyes que regulan las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, entre las que destaca la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra y la dictadura.

La dirección del CEJ tiene previsto lanzar una segunda edición de este curso práctico en otoño de 2022.

Trabajo de campo

El programa del curso, encuadrado en el eje formativo estratégico de identificación de restos humanos, situaciones de múltiples víctimas en fosas comunes y exhumaciones en el contexto de la ley de Memoria Histórica, incluye trabajo de campo, con intervención directa en el estudio arqueológico del terreno, recuperación y tratamiento posterior de los restos, contextualización histórica de la fosa y conocimiento de las diferentes labores profesionales que participan en la exhumación.

Con esta formación se pone en valor el papel fundamental de la antropología y la arqueología forenses en el estudio de las fosas comunes, las exhumaciones y la identificación de restos humanos. Su función se centra en las investigaciones que implican la recogida y estudio de muestras y evidencias físicas muy deterioradas debido al paso del tiempo, y que, en el caso de los cuerpos, se encuentran en estado de esqueletización.

El fin último de estas actividades formativas es, como recoge el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), proteger el derecho a la vida, promover la acción de la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.

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