Rodríguez ha puesto en valor el acuerdo alcanzado el pasado viernes 25 de marzo en la Conferencia Sectorial de Justica, celebrada en Avilés, en la que, junto a las Comunidades Autónomas (CCAA), se definieron los criterios y la asignación de 302 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que estaban pendiente de reparto. Con este acuerdo, culminó la asignación de los 470 millones de euros con los que cuenta el Ministerio de Justicia procedentes de los fondos europeos y que permitirá el impulso financiero de Justicia 2030.
“Este impulso es posible por el acuerdo con las CCAA, al que se ha llegado gracias a un proyecto definido, claro y compartido, como es Justicia 2030”, ha precisado el SEJ.
Las demandas de la ciudadanía, un servicio público próximo y accesible, y la igualdad de oportunidades son los principios básicos que inspiran este plan, ha asegurado Rodríguez. También la cooperación con la Unión Europea y América Latina, la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente, así como la igualdad entre hombre y mujeres son clave en este proyecto para que “la Justicia en España sea un pilar de cohesión social y territorial”, ha enfatizado.
El ordenamiento jurídico no puede ofrecer respuestas “frías, mecánicas y laterales ante la desigualdad y el machismo”, ha puntualizado el SEJ, por eso “debemos configurar la Administración de Justicia como un servicio público implicado en la erradicación de una lacra que se extiende a esferas muchas veces inesperadas”.
Cooperación y coordinación
Según ha explicado el secretario de Estado, “es desde la cooperación y coordinación con las demás Administraciones Públicas y con las entidades locales desde donde vamos a fraguar la Justicia para los próximos años”.
Una Justicia cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector; y contribuir desde la Justicia a la transformación de país, ha dicho Rodríguez.
Para dar respuesta a estos objetivos se han desarrollado los tres anteproyectos de ley de eficiencia: organizativa, procesal, y digital -las dos primeras se elevarán a Consejo de Ministros en los próximos días. Estas leyes contemplan figuras como las Oficinas de Justicia en los municipios, que servirán para cohesionar territorialmente y ayudar en la lucha contra la despoblación.
También recogen los Tribunales de Instancia o la apuesta por los medios adecuados de solución de controversias, que dotarán de mayor agilidad a la Justicia y aliviarán la sobrecarga de los juzgados y tribunales, “una de las principales cuestiones a atajar”, ha precisado el secretario de Estado.
Rodríguez también se ha referido a otra de las claves del Ministerio para transformar la Justicia: la digitalización, en la que España “es ya un país puntero; nuestro objetivo es que la ciudadanía tenga un acceso digital a sus asuntos judiciales fácil y directo”.
Asimismo, ha aludido a la actividad legislativa que se lleva a cabo desde el Ministerio para adecuar las leyes de nuestro país al entorno europeo y a la realidad social. El SEJ se ha referido a la Ley Concursal, la transposición de la directiva de denunciantes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa o el Anteproyecto de Ley reguladora del procedimiento de determinación de la edad de personas migrantes menores de edad.
Rodríguez también ha precisado que los cambios normativos en la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, “solamente van a ser los mínimos necesarios para la correcta transposición de la Directiva (UE) 2019/884 y en los términos del Plan Anual Normativo”.
Por último, en la exposición del trabajo que lleva a cabo su Secretaría y todo el equipo que dirige Llop, ha hecho especial hincapié en el sistema de becas que el Ministerio está poniendo en marcha para quienes realicen oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. “No podemos hablar de igualdad de mérito ni de capacidad si previamente no levantamos las barreras socio-económicas en el acceso a esos cuerpos”, ha precisado.
Renovación del CGPJ
En relación a las cuestiones por las que ha sido interrogado por parte de los representantes parlamentarios en la Comisión, Rodríguez ha incidido en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder solucionar las necesidades de la Justicia y para evitar la mala imagen internacional: “Urge desbloquear el Consejo, nuestro país está siendo señalado por los organismos internacionales, por falta de calidad democrática por no renovarlo, y el Consejo de Europa pone el acento en exigir a la oposición, no al Gobierno, que tenga sentido de Estado para renovarlo”.
