PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
En total, el Ministerio de Justicia recibirá 470 millones de euros (410 para transformación digital y 60 millones para la rehabilitación de edificios), en los ejercicios del 2021 al 2023 con el objetivo de impulsar el plan Justicia 2030.
En concreto, y según ha informado en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Navarra, en la Conferencia Sectorial celebrada este viernes se han repartido 302.899.390 euros, de los cuales, 201.101.807 euros están destinados para el ejercicio 2022; y los 101.797.583 euros restantes, para 2023.
Esta cuantía irá dirigida al desarrollo de reformas estructurales en un esquema de cogobernanza durante los próximos años mediante la inversión en proyectos para transformar el servicio público de Justicia. En total, las CCAA han presentado 71 iniciativas.
PROYECTOS DE JUSTICIA 2030
La asignación de fondos irá destinada, entre otros proyectos, a implantar "coordinadamente" infraestructuras digitales en todo el territorio del Estado y a construir "un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables"; así como a reforzar el Registro Civil con el fin de "asegurar la cohesión territorial".
La asignación de fondos también permitirá ofrecer la Carpeta Justicia como punto de acceso tanto a profesionales como a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de Justicia; desarrollar telemáticamente el mayor número de actuaciones; transcribir las declaraciones y manifestaciones de actuaciones documentadas mediante la grabación audiovisual; así como favorecer el desarrollo de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
OTRAS CUESTIONES ABORDADAS
En la Conferencia Sectorial celebrada este viernes también se ha aprobado el Marco Común en Materia de Igualdad en la Administración de Justicia en cogobernanza con las CCAA.
Otro de los proyectos aprobados ha sido el Estándar de Rehabilitación Sostenible. El Gobierno de España está impulsando políticas de transición ecológica y de lucha contra el cambio climático y, en ese contexto, se están poniendo en marcha políticas de reformas de los edificios de la Administración de Justica enfocadas a la mejora de la eficiencia energética, a la descarbonización y al cumplimiento de los objetivos de la economía circular.
