Dentro de las líneas que inspiran la acción del Ministerio que dirige Pilar Llop, están la exigencia que tiene la Justicia de prestar una especial atención a la protección y asistencia de las personas en situación de vulnerabilidad, el camino hacia la cohesión social y territorial, así como la lucha hacia la igualdad de las mujeres, ha explicado el SEJ.
“La exclusión social es un fracaso de los poderes públicos en sus deberes para con la ciudadanía”, ha dicho Rodríguez, quien se ha referido también a la labor “titánica” que tiene nuestro país en términos de cohesión territorial y de aportación de soluciones al reto democrático.
En relación a la igualdad entre hombres y mujeres, el SEJ ha hecho hincapié en que la Justicia debe ser una herramienta de esta revolución, “casi en paridad con la Educación”, y ha añadido que “es con la ley, desde la ley y por la ley, que la igualdad de la mujer de sus pasos más firmes”.
Y dentro de estos principios que guían la acción del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado también se ha referido a “la cooperación constante con la Unión Europea y con los Estados miembros”, así como a la lucha contra el cambio climático.
Avance del plan Justicia 2030
Por otro lado, Rodríguez ha desmenuzado los avances que el gabinete que dirige Llop está dando para conseguir los objetivos fijados de mejorar la calidad de la vida de la ciudadanía; mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector; así como para contribuir desde el ámbito de la Justicia a la transformación del país.
Así, ha anunciado que los anteproyectos de ley de eficiencia organizativa y procesal -que junto al de eficiencia digital son la base legislativa del plan Justicia 2030- irán al Consejo de Ministros “en menos de un mes”. Estas normas contemplan figuras clave como las Oficinas de Justicia en los municipios o los Tribunales de Instancia, y suponen un impulso para los medios adecuados de solución de controversias, claves para hacer la Justicia más accesible en términos sociales, cohesionar territorialmente, y para eliminar la sobrecarga de los juzgados y tribunales, según ha explicado el SEJ.
Rodríguez también se ha referido a “otra revolución” en la Justicia española, que es la digitalización: “Siendo nuestro país puntero en este campo, hay que dar un salto de gigante para que la tecnología esté al servicio de las personas y para adaptar la Justicia a los tiempos que vivimos”.
Actividad legislativa
El secretario de Estado también ha aludido a otros proyectos legislativos en marcha. En primer lugar, se ha referido a proyectos de ley que suponen la trasposición de directivas europeas, como son la Ley Concursal o la trasposición de la directiva de denunciantes.
También ha mencionado la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el Ministerio trabaja con el objetivo de modernizar el proceso penal y adaptarlo al contexto europeo; el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital; el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa; el Anteproyecto de Ley reguladora del procedimiento de determinación de la edad de personas migrantes menores de edad; o la modificación del Código Penal para adaptarlo, en términos de libertad de expresión, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de tribunales internacionales comprometidos con la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
Sistema de becas
En la comparecencia, Rodríguez también se ha detenido en el capítulo de becas, que “suponen un avance en términos de igualdad de oportunidades y de cohesión social”. Se trata de un total de 245 becas con un importe individual de 6.611€ anuales “con el objetivo de eliminar las barreras socio-económicas que puedan limitar el acceso a los cuerpos de las carreras judicial y fiscal, de letrados de la Administración de Justicia y de la Abogacía del Estado, y afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
También ha ahondado, en línea con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales del ámbito de la Justicia, en las diferentes medidas que introduce el Anteproyecto de Eficiencia Procesal para mejorar la conciliación de la vida personal, familiar de la abogacía, procura o graduados sociales.
Asimismo, Rodríguez ha querido poner en valor la corresponsabilidad, el diálogo y la cogobernanza con las comunidades autónomas para avanzar con el desarrollo de las principales medidas contempladas en el proyecto Justicia 2030 y que harán que, después del próximo viernes en el que tendrá lugar la Conferencia Sectorial de Justicia, se hayan asignado los 470 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondientes a Justicia.
Por último, el SEJ ha pedido al Grupo Parlamentario Popular desbloquear de manera urgente el Consejo General del Poder Judicial: “Son ustedes y su obcecación el único obstáculo para que nuestro sistema democrático renueve uno de sus órganos más importantes. Separen las cuitas internas de su partido para que no afecten a las cuestiones de Estado”.
