En su intervención, Llop ha señalado que, en el servicio público de Justicia trabajan alrededor de 250.000 personas: “La mayoría somos mujeres, sin embargo, esta mayoría no se ve reflejada en los puestos de liderazgo”.
Así, la ministra ha indicado que “aunque hace casi 20 años que el número de mujeres que ingresan en la carrera judicial es superior al de los hombres, llegando a superar incluso el 70%”, como en la última promoción, “su influencia se estanca al llegar a puestos superiores”.
Esto sucede, según la titular de Justicia, ya en la primera instancia, donde las mujeres “son mayoría en la judicatura desde 2010, pero eso no se consolida en la segunda instancia, donde se invierte la tendencia” y los hombres superan en número a las mujeres.
Esta misma tendencia se reproduce, según los datos aportados por la ministra en los órganos centrales de la Judicatura, donde “las magistradas son solamente el 31,4% del total”. Otro tanto ocurre en la carrera fiscal, donde las mujeres constituyen el 66% y, sin embargo, “para ocupar las Jefaturas de Fiscalías de Provincia y de Comunidad Autónoma, solo hay 22 mujeres frente a 39 hombres”.
En estos diálogos que versan sobre los desafíos de la Administración de Justicia en la garantía del principio de igualdad de género en el siglo XXI, Llop ha destacado “la aprobación, en cogobernanza con las comunidades autónomas, de un Marco Común de Igualdad al servicio de los hombres y mujeres de la Administración de Justicia”.
En este sentido, la ministra ha declarado que “el servicio público de Justicia debe ser igualitario” y eso exige un Plan de Igualdad específico, que cumple, además, con el Plan Justicia 2030, “que marca objetivos, programas y proyectos para transformar la Justicia en un servicio público de calidad, además de igualitario, accesible, eficiente y cohesionador”.
Igualmente, la ministra ha defendido la necesidad de aplicar en la Justicia una perspectiva de género que pueda “constatar la existencia de una relación desequilibrada de poder, identificando a la persona que se encuentre en desigualdad por razón de género”. Se trataría de aportar una sensibilidad especial al ordenamiento jurídico, para que valore “la posibilidad de tomar medidas especiales de protección para avanzar en la igualdad”.
Finalmente, ministra ha valorado aspectos como la iniciativa pionera del Gobierno de realizar un texto integral que ponga fin a la trata de seres humanos y la esclavitud, que sigue también presente en España, que es “el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero de todo el mundo”.
Además de la ministra de Justicia, han participado Gloria Stella López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia; Jessica L. Bedoya, jefa de Gabinete y Oficial Principal de Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo; Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer; y Violeta Molina, periodista responsable de Igualdad en El Periódico de España, como moderadora. La bienvenida a los participantes ha corrido a cargo de Enrique Ojeda, director general de Casa de América.
