Según el SEJ, el Congreso pone en la mesa los grandes retos que tiene por delante la Justicia en España, “son aspectos de gran calado en el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia y que preocupan y afectan a todos por igual, a todas y todos los profesionales”.
En relación a la territorialidad, “desde el Ministerio debemos asegurar que la despoblación y las características propias de su territorio en ningún caso limiten o condicionen el acceso a la Justicia”, ha señalado Rodríguez.
Por ello, la Ley de Medidas de Eficiencia Organizativa, propone, junto a la creación de Tribunales de Instancia y de las Oficinas Judiciales, la implantación también de las Oficinas de Justicia en el municipio, “una apuesta actualizada y contemporánea de la Justicia de cercanía, con independencia del número de habitantes donde se resida”, ha explicado el SEJ.
Con ellas, se pretende que la ciudadanía no tenga que desplazarse a las capitales de provincia para realizar aquellas gestiones ante la administración que deben ser presenciales, ha añadido.
Transformación digital
Sobre otro de los retos que se aborda en las jornadas, la transformación digital, “la Administración de Justicia no puede quedarse al margen si se pretende prestar un servicio público de mayor calidad y cercanía”, ha asegurado Rodríguez.
Según ha detallado, desde el inicio de la pandemia, en todo Castilla y León se han celebrado más de 55.000 comparecencias y vistas telemáticas, “algo impensable hace solo dos años”.
Asimismo, el secretario de Estado se ha referido a la función social de la abogacía. “Es necesaria una Justicia gratuita sostenible, que garantice los derechos de todas las personas, y muy especialmente, de las más vulnerables”. El SEJ ha aludido, en este sentido, a la partida concedida por el Gobierno de más de 46 millones de euros a la Abogacía para sufragar los gastos de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al 2021, “y seguimos trabajando para mejorarla”, ha precisado.
Rodríguez ha dado las gracias a la abogacía “por la labor esencial al servicio de la ciudadanía”, y ha asegurado que las conclusiones del Congreso serán “muy tenidas en cuenta” por el Ministerio “para seguir trabajando juntos en la construcción de una Justicia cercana, ágil, comprometida y de calidad”.
A la inauguración del evento, también han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, María Victoria Ortega; el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz; el decano del Colegio de Abogados de Burgos, Guillermo Plaza; el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez; el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, entre otras autoridades y personalidades políticas y del ámbito de la Justicia.
En las mesas que se celebrarán en el marco del Congreso, también participan, por parte del Ministerio de Justicia, el subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, Javier Hernández; y el gerente de Mugeju (Mutualidad General Judicial), José Juan Tomás.
Hernández interviene en la mesa de debate sobre innovación tecnológica El futuro de la Justicia. ¿La tecnología a nuestro servicio? Por su parte, Tomás participará en la mesa sobre territorialidad Eficiencia organizativa de la Justicia. Necesidades y perspectivas.
Reunión con el alcalde de Burgos
Rodríguez, en su viaje a Burgos, también se ha reunido con el alcalde de esta ciudad, Daniel de la Rosa, a quien ha explicado los principales proyectos que contempla el plan Justicia 2030. De la Rosa, por su parte, ha trasladado al SEJ las principales necesidades de la ciudad en el ámbito de la Administración de Justicia.
En este sentido, el Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio han acordado crear una comisión de trabajo para dotar de una nueva ubicación a la gerencia territorial.
