SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sala indica en el auto, que ha sido notificado este viernes, que los datos del estudio técnico aportado por la Consellería de Sanidade demuestran que "el virus continúa teniendo una elevada circulación".
La situación epidemiológica de la comunidad, según los magistrados, conlleva "un evidente riesgo de contagio", por lo que consideran necesario mantener la medida preventiva, informa el TSXG.
Al igual que señalaron en el auto del 11 de febrero, destacan que la presentación del pasaporte Covid-19 tiene como objetivo, en este caso, proteger a personas especialmente vulnerables.
"No puede llevar a engaño la tendencia decreciente de la tasa de incidencia del virus desde el 19 de febrero", advierte la Sala, al tiempo que subraya que, a 19 de febrero, la tasa de incidencia a 14 días se situó en 1.347 casos por cada 100.000 habitantes.
"ALTO RIESGO DE TRANSMISIÓN"
Además, los magistrados explican en el auto que las personas no vacunadas tienen alternativas para acceder a estos centros, "con alto riesgo de transmisión".
También, recuerdan que tienen la posibilidad de presentar un certificado de prueba diagnóstica negativa o de haber pasado la enfermedad e, incluso, los centros hospitalarios ofrecen la posibilidad de someterse voluntariamente a una prueba diagnóstica.
Al respecto, incide el TSXG que se trata de la "exhibición de determinada documentación", como certificado de la pauta completa de vacunación, prueba diagnóstica negativa de infección activa o test de antígenos, y certificado de haber superado la enfermedad, para el acceso al interior "de determinados establecimientos donde se produce una gran afluencia de personas" que "resulta adecuada y acorde con las exigencias derivadas de protección de la salud".
La prórroga de esta medida tendrá efecto, según se puntualiza en el auto del TSXG, hasta las 00,00 horas del 12 de marzo de 2022, en el que se incide en que el uso del certificado Covid está limitado desde este sábado, 26 de febrero, a los centros hospitalarios y a las residencias sociosanitarias, de mayores y de personas con discapacidad.
