VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)
De este modo, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV estima el recurso interpuesto por el consistorio contra una sentencia anterior, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de València, que había dado la razón a la empresa.
La resolución, fechada el 27 de octubre, la ha dado a conocer este jueves la vicealcaldesa de Valencia y portavoz socialista, Sandra Gomez, durante el debate en el pleno ordinario de febrero.
Los hechos se remontan a 2013, cuando el Ayuntamiento de Valencia, entonces dirigido por la alcaldesa 'popular' Rita Barberá, adjudicó la gestión de la sala del Cabanyal-Canyamelar a la productora de José Luis Moreno Crystal Forest. En 2015, el nuevo equipo de gobierno municipal --ya con Compromís, PSPV y, en aquel momento, Valencia en Comú-- pidió resolver el contrato por "incumplimientos de la adjudicataria". Finalmente, en 2018 resolvió el contrato e impuso una penalización a la adjudicataria de 423.000 euros.
Para la vicealcaldesa Gómez, la decisión del TSJ supone "un nuevo varapalo a los gobiernos del Partido Popular en la ciudad de la época de Rita Barberá" y ha recordado que en la productora de Moreno trabajó la sobrina de Rita Barberá, Asunción Corbín Barberá, durante siete meses.
SOBRINA DE BARBERÁ
"Como nos tiene acostumbrado, el PP regaló a uno de sus amigos del alma o del corazón, que en este caso era José Luis Moreno, donde ¡qué casualidad! estaba contratada directamente la sobrina de Rita Barberá, por cierto, hoy asesora de la portavoz María José Catalá en ese intento desesperado por reconciliarse con los familiares de la exalcaldesa", reprocha Gómez, que añade: "Creo que ese intento se le va a volver en contra, ya que toda la herencia que viene de la época del PP está absolutamente manchada y envenenada".
"Prueba de ello es la condena que ha recibido esta empresa, que tendrá que pagar al Ayuntamiento de Valencia casi medio millón de euros por la nefasta gestión que hizo del Teatro El Musical", ha aseverado Sandra Gómez.
La sentencia del alto tribunal valenciano revoca el fallo anterior del juzgado al considerar que varias cláusulas de los pliegos y el contrato son "lo suficientemente claras para acoger la postura municipal", ya que establecen "el carácter de medio para garantizar el equilibrio económico-financiero de la aportación municipal". "Y la naturaleza jurídica que atribuyamos a la aportación no es óbice, en ningún caso, para el reconocimiento de la necesidad de proceder a una liquidación a final de cada anualidad".
Por todo ello, el TSJ deja sin efecto la sentencia anterior y, en consecuencia, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto Crystal Forest S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de febrero de 2018 por el que se aprobó la liquidación del contrato para la gestión y explotación del TEM durante el período comprendido entre el 23-2-2013 y 31-3-2015, "arrojando un saldo deudor para la recurrente de 324.479,51€ y 175.154,46€ en concepto de daños y perjuicios, resultando con ejecución de la garantía por importe de 5.768€, un importe de 423.865,97€, por ser conforme a derecho".
