Este Plan es de aplicación exclusiva a las actuaciones que lleve a cabo el Ministerio, para ejecutar los fondos dentro de sus obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su aprobación responde a la obligación de los Estados Miembros de velar por una utilización de los fondos que garantice que han sido utilizados de conformidad con las normas comunitarias y nacionales, en particular en lo referente a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Junto con este Plan, el Ministerio de Justicia ha asumido una declaración institucional contra el fraude, en la que se compromete expresamente con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, con la adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de forma que su actividad en la gestión del PRTR sea percibido como totalmente opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.
En este sentido, desde el departamento que dirige la ministra Llop se ha puesto en marcha una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, estableciendo un sistema de control robusto, diseñado de forma especial para prevenir y detectar los actos de fraude y corregir su impacto, en el caso de que se produjeran.
El Plan de Medidas Antifraude contempla una serie de actuaciones eficaces y proporcionadas, basadas en un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude. De esa forma, se dará garantía de que el gasto en que se ha incurrido en las actuaciones del PRTR está libre de conflicto de interés, fraude y corrupción. Además de esta evaluación del riesgo de fraude, se cuenta con procedimientos adicionales para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude y corrupción y para el seguimiento de las mismas.
El Plan se estructura en torno a cuatro áreas que constituyen el ciclo de lucha contra el fraude, como son prevención, detección, corrección y persecución. El enfoque tiene en cuenta el riesgo de fraude en todo su conjunto, tanto en la dimensión operativa, que incluye aspectos como la eficacia y eficiencia de la organización, como en términos de integridad, veracidad de la información, public compliance, prevención del fraude y la corrupción, así como todos los valores, actitudes y comportamientos que determinan la ejemplaridad, transparencia, buena reputación y praxis adecuada de las Administraciones Públicas.
