MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
En un auto de 22 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la inadmisibilidad del recurso "por falta de legitimación activa".
El Alto Tribunal ha respondido así a la intención del PP de recurrir por la vía contencioso-administrativa la Orden PMC/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publicó el Procedimiento de actuaciones contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Los diputados presentaron escrito ante la Audiencia Nacional, pero la Abogacía del Estado avisó de que la cuestión era competencia del Tribunal Supremo.
Ahora, los magistrados han explicado que el hecho de que se trate de un partido político "no añade un plus en orden a la determinación de su legitimación activa, ni permite extender el ámbito del preceptivo interés legítimo de manera difusa a los objetivos o fines de interés de política general del partido".
"DESVIACIÓN PROCESAL"
En cinco folios, han recordado que las formaciones políticos "constituyen instrumentos de participación política de los ciudadanos en el Estado democrático", pero "ni dicha naturaleza ni su función parlamentaria resulta suficiente (...) para conferirles legitimación para la impugnación de cualquier actuación del poder ejecutivo".
En este sentido, el Supremo ha precisado que los grupos parlamentarios "carecen de capacidad procesal" y por tanto "no pueden acudir a los órganos jurisdiccionales para impugnar una determinada actuación del Gobierno". Lo mismo ha dicho sobre los diputados en la medida en que ninguno alegaba una "fuente de legitimación procesal propia" distinta de su condición de parlamentario.
En el marco de la resolución, los magistrados han denunciado una "desviación procesal" entre quien interpuso el recurso contencioso administrativo y formuló demanda --los diez diputados-- y quien ahora contestó a las alegaciones previas planteadas por el Abogado del Estado --el PP--.
PLAN APROBADO EN 2020
La decisión del tribunal tiene lugar después de que el pasado octubre rechazara --también por falta de legitimación activa-- una batería de recursos interpuestos contra el plan del Ejecutivo para frenar las 'fake news'.
El Procedimiento de Actuación contra la Desinformación fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en su reunión del 6 de octubre de 2020 y se publicó posteriormente, el 5 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como anexo a la Orden PCM/1030/2020 del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El Gobierno aclaró entonces que el procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' buscaba luchar contra injerencias extranjeras y que no pretendía vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.
