Rodríguez ha pedido “lealtad” a la oposición para afrontar la recuperación y les ha conminado a sumarse al consenso alcanzado con las comunidades, cuya capacidad de diálogo ha subrayado. “Solo a través de un diálogo constante con las CCAA, con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, y también con los Consejos Generales de la Abogacía y la Procura, con las organizaciones sindicales y con las asociaciones profesionales hemos adoptado y seguiremos adoptando las medidas más eficientes para el bienestar de todos y todas”, ha dicho.
El secretario de Estado se ha mostrado convencido de que este diálogo y consenso, que incluye cada vez a más agentes, “es el que nos permite abordar un programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia a través de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, de los que el Ministerio de Justicia recibirá 410 M€ para la transformación digital, destinados casi en su totalidad a las CCAA para acometer todo este proceso modernizador.
Inmediación digital
Tontxu Rodríguez se ha referido al proyecto de inmediación digital, que surgió a raíz del éxito de las vistas telemáticas cuyo objetivo es ir ampliando la posibilidad de realizar todo tipo de actuaciones procesales en videoconferencia y remoto, con plena seguridad jurídica, aportando confianza, tanto a ciudadanos y profesionales, como a la Administración Pública en sus relaciones a distancia.
Se trata de un proyecto en cogobernanza, como ha señalado, financiado con fondos europeos, creado para hacer realidad los diferentes cambios a partir de una coordinación reforzada entre instituciones. El proyecto comenzó como piloto hace ya casi un año en Murcia y Palencia, hoy está también en Baleares, Cuenca y a lo largo de este año lo hará en todas las provincias de Castilla y León, habiendo mostrado interés por el mismo todas las CCAA. “Es un proyecto que ha conseguido tal nivel de interés y de consenso, que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Interior para que, en todas las Instituciones Penitenciarias y dependencias policiales, existan sistemas de videoconferencia de gran calidad para la comunicación con los órganos judiciales”, ha señalado el SE.
A este respecto, Rodríguez ha destacado que el Ministerio de Justicia “es la primera Administración Pública, no sólo en España sino de las experiencias que conocemos a nivel internacional, que dispone de un sistema seguro y conforme a normativa europea, para hacer no sólo asistencia letrada, sino todo tipo de actuaciones como aceptaciones de cargo de perito o comparecencias genéricas, entre otros” y ha recordado que en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, que se encuentra en fase de recepción de Informes preceptivos, se potencia la inmediación digital en general, siempre conforme, “como no puede ser de otra manera”, a las recomendaciones de la Comisión de la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa sobre actuaciones por videoconferencia.
El éxito de estas iniciativas se pone de manifiesto en datos como las 730.000 vistas y comparecencias judiciales telemáticas celebradas en todo el territorio nacional desde el inicio de la pandemia, con un ahorro de más de 1,2 millón de horas y 14,6 millones de euros en desplazamientos, y una reducción de más de 6.000 toneladas de emisiones de Co2.
Otro hito logrado relacionado con la digitalización al que ha aludido el SE es la textualización de más de 224.000 grabaciones de vistas judiciales y declaraciones. “Los jueces y magistrados pueden leer en un documento las vistas en lugar de tener que visionarlas”. El proyecto supone un importante ahorro de tiempo a la hora de buscar contenido de las vistas. Hasta el momento se han ahorrado 75.064 horas, que equivalen al trabajo de 45 funcionarios al año.
Asistencia jurídica gratuita y becas
Tontxu Rodríguez también se ha referido en su comparecencia al incremento en la dotación del Ministerio de Justicia para la asistencia jurídica gratuita, que ha pasado de 49,18 M€ a 53,29 M€. Además, como novedad, y con la finalidad de atender a los colectivos más vulnerables, se incluye la asistencia especializada por previsión de la aplicación de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia por un importe de 2,1 M €.
Por otra parte, el SE se ha referido a la necesidad de democratizar el acceso a la carrera judicial, “no podemos permitirnos renunciar al talento que se pierde de muchos y muchas estudiantes que renuncian a opositar a la carrera fiscal y judicial por falta de recursos económicos”, ha expresado.
Para ello, se ha referido al sistema de becas en el que está trabajando ya el Ministerio y que “posibilitará la igualdad de oportunidades, permitiendo que personas que tienen vocación de servicio público, puedan acceder en condiciones de igualdad de oportunidades al mundo del Derecho. El objetivo es eliminar las barreras socio-económicas que limitan el acceso a estos Cuerpos y que afectan en definitiva a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
